El Gobierno consideró oportuna la jubilación del juez Adolfo de Miguel

El secretario de Estado para la Información, Josep Meliá, declaró ayer en el curso de una rueda de prensa que el Gobierno era consciente de la oportunidad política en la que se produjo la no renovación de la prórroga de jubilación solicitada por el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Adolfo de Miguel.El señor Meliá añadió que la decisión gubernamental constituyó un acto de coherencia con la política del propio Gobierno, que envió a las Cortes, en fecha reciente, un proyecto de ley que confirma la jubilación forzosa de los magistrados a los 72 años y que suprime el sistema de prórrogas discrecionales, hasta ahora vigente.

«No sería consecuente», afirmó el portavoz del Gobierno, «dar nuevas prórrogas mientras el Gobierno presenta un proyecto de ley en sentido contrario. La negativa a la petición del señor De Miguel no fue única, hubo también otras dos en el pasado Consejo de Ministros y es muy probable que en el de hoy se denieguen dos nuevas peticiones.»

El señor Meliá añadió que, por otra parte, estas prórrogas son discrecionales y al Gobierno le toca decidir sobre ello. «No hay derechos adquiridos en materias discrecionales, ello sería una manera de alterar el hecho», señaló el portavoz oficial, quien añadió que no sabe si esta decisión ha producido tensiones en el seno de la Sala Segunda del Supremo. Asimismo, añadió que no se había hecho pública la negativa a la prórroga al término del último Consejo de Ministros, porque no se incluyen en las referencias los ceses o ascensos de los magistrados y que tampoco se informó directamente al interesado porque la decisión del Consejo siguió el trámite normal administrativo.

El señor Meliá hizo estas declaraciones como respuesta a una pregunta que se hizo eco de las declaraciones del señor de Miguel, en las que se acusó al Gobierno de atentar contra la independencia judicial y de adoptar represalias contra él, con motivo de los suplicatorios pedidos por dicha Sala al Congreso contra los diputados de Herri Batasuna, Telesforo Monzón y Francisco Letamendía.

Campaña del Estatuto y manifestación

En relación con la exclusión de la coalición Herri Batasuna de los espacios que Televisión Española dedicará al referéndum del Estatuto vasco, el señor Meliá dijo que «el Consejo de Ministros de hoy abordará el tema», que no se excluyen negociaciones sobre esta cuestión, pero que no es viable la cesión de dichos espacios de un partido a otro, porque están destinados solamente a los partidos con representación parlamentaria.También hizo referencia al tema de la manifestación antiviolencia prevista para el próximo día 16 en el País Vasco, anunciando que ésta no será autorizada por coincidir con la campaña electoral del referéndum, añadiendo que la ley prohíbe este tipo de manifestaciones públicas en períodos electorales.

Por último, hay que señalar que el portavoz del Gobierno declaró que no está previsto enviar a los Grupos Especiales de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional, confirmó que los policías que se destinan actualmente al País Vasco se seleccionan teniendo en cuenta sus situaciones personales y familiares y terminó diciendo que tras el referéndum no está prevista ninguna medida especial en la lucha contra ETA, sino que sé mantendrá el nivel actual de esta «lucha sin cuartel» contra el terrorismo.