Papeleras Reunidas se enfrenta a importantes tensiones financieras y laborales

Papeleras Reunidas, SA, atraviesa en la actualidad la crisis más grave de su historia: adeuda alrededor de 100.000 pesetas a cada uno de sus casi trescientos trabajadores de la factoría de Salamanca. Magistratura de Trabajo tiene embargados cincuenta millones de pesetas en mercancías acabadas, la compañía Iberduero le cortó ayer el fluido eléctrico por impago de cuotas y la compañía de autobuses que traslada a los trabajadores hasta la fábrica se niega a realizar el servicio hasta tanto le sean abonado sus haberes. La compañía sufre importantes problemas de liquidez.

El presidente del consejo de administración de Papeleras Reunidas, SA, Jesús Aramburu, entregó ayer 10.000 pesetas de su bolsillo para comprar el gas-oil necesario y mantener en marcha el equipo eléctrico de emergencia y el alumbrado de la fábrica que la empresa tiene en Salamanca. La factoría se encuentra sin suministro de energía eléctrica, tras la decisión de la compañía Iberduero de cortar el fluido eléctrico ante el impago de las correspondientes cuotas.La compañía de autobuses que a diario traslada a los trabajadores de Papeleras Reunidas hasta el término de Doñinos, donde está situada la fábrica, se negó a mediodía de ayer a realizar el servicio. El motivo es el mismo que en el caso anterior: impago por parte de Papeleras Reunidas de las cuotas correspondientes.

Representantes de los trabajadores han señalado que todos estos hechos podrían responder a una actitud de la patronal tendente a aumentar la psicosis de crisis y de caos que se observa en la empresa. Hace varios días, un camión que se encontraba en la factoría de Papeleras Reunidas dispuesto para ser cargado sufrió un incendio -según todos los indicios, provocado-, que destruyó el vehículo y el material que pretendía transportar.

Papeleras Reunidas, SA, adeuda alrededor de 105.000 pesetas, como término medio, a cada uno de sus casi trescientos trabajadores. Dinero que corresponde a los salarios de agosto y septiembre pasados, a los aumentos por convenio del presente año y a la paga de beneficios del pasado ejercicio. Magistratura de Trabajo, como garantía de pago de los salarios que adeuda, mantiene embargado, de forma preventiva, gran parte del material acabado que en la actualidad existe en la factoría y cuyo valor aproximado asciende a 82 millones -cincuenta son los embargados- de pesetas.

Las ofertas realizadas hasta la fecha a los trabajadores de la empresa por parte de la patronal suponen la entrega de 3.000 pesetas -para el resto de la deuda no se ofrecen plazos- o un incremento real de la deuda con los trabajadores en los próximos meses, para financiar la compra de materias primas. Los trabajadores responden a esta proposición, entre otras formas, con grandes pintadas en la fábrica, que dicen: «Los trabajadores no somos financieros.»

Los trabajadores de Papeleras Reunidas -que consideran la salida de mercancías de la fábrica como atentatoria contra sus derechos, y así lo reconoce Magistratura de Trabajo- no comprenden las dificultades económicas de la empresa. Existe una enorme demanda de productos en el mercado y, dada la capacidad de producción de la factoría, una vez descontados los costos de materia prima, la empresa puede obtener más de 250 millones de pesetas mensuales, frente a una nómina de trece millones y las amortizaciones de instalaciones y maquinaria aparte.

Ante estas consideraciones, la parte laboral manifiesta cierta preocupación por un posible interés por malvender la fábrica de Salamanca.

Para acabar con la actual situación, los trabajadores estarían dispuestos a la salida de mercancía de los almacenes de la fábrica, siempre que el dinero de la venta se les entregara en un plazo de 48 horas, como cantidades a cuenta de los salarios de septiembre y en tanto exista un stock en la factoría suficiente para hacer frente a las deudas.

Los conflictos en Papeleras Reunidas con los trabajadores -muy frecuentes por los reiterados retrasos en el pago de las nóminas- culminaron con sendos intentos de despedir a 131 operarios y reducir el «cuarto turno», que supone una tercera parte de los ingresos mensuales de cada trabajador. Al cese del director de la fábrica de Salamanca sucedió el pasado martes la intención empresarial de levantar un acta notarial, ante la negativa de la parte laboral a cargar la mercancía, lo que crispó los ánimos de los trabajadores.