El discutido sueldo del señor alcalde

No hace mucho, un ex alcalde catalán, Juan Dordás, que durante diez años estuvo al frente del Ayuntamiento de Canovellas (Barcelona), gracias al dedo mágico del franquismo, propuso a la nueva Corporación democrática que aceptase en sesión plenaria su pretensión de cobrar 5.800.000 pesetas en concepto de «atrasos» por los servicios prestados. Esta era la cantidad que él consideraba justa para remunerar la dedicación municipal de su consistorio durante esos diez años, en que los ediles oficialmente no percibían un duro, al menos en concepto de le, que se entiende por un salario. Tal fue el impacto que debió causar la propuesta entre los nuevos concejales, que el señor Dordás se apresuró a matizar que esta cantidad iría a parar a instituciones, benéficas y obras de caridad.El ex alcalde de Canovellas reavivó, con un insólita petición, la polémica que desde el 3 de abril pasado se ha venido desarrollando en torno a la conveniencia ética o necesidad de que los alcaldes y concejales surgidos a raíz de las elecciones municipales perciban su salario el día 30 de cada mes, como un trabajador cualquiera.

Los partidos de la izquierda, PSOE y PCE principalmente, consideran que con la asignación de una remuneración fija se evita cualquier tentación de engordar los gastos de representación y existe una igualdad de oportunidades para dedicarse a la actividad política.

Seria ingenuo pensar también, dicen los responsables municipales, que la simple percepción de salarios borre de nuestros ayuntamientos los deseos de algunos de enriquecerse por la vía rápida; pero al menos, con las cuentas transparentes y con un sueldo al mes, siempre hay menos posibilidades de tener «secretas intencio, nes», como argumentaron los concejales de izquierda del Ayuntamiento de Tortosa el día en que se, aprobaron las tablas salariales.

De todas maneras, algunos alcaldes se encuentran en una situación económica verdaderamente dificil. Este es el caso, por ejemplo, del alcalde de Almería, el socialista Santiago Martínez, quien todos los días come y cena en casa de su suegra porque sus ahorros de la etapa en la que ejercía como abogado se han terminado y su salario municipal (10.600 pesetas al mes) no da para más.

Tampoco le resulta fácil desempeñar la alcaldía al,titular del Ayuntamiento de León, el también socialista Gregorio Pérez, tras haber renunciado a su anterior trabajo de profesor en un colegio privado para dedicarse a su nuevo cargo. La Corporación aún no ha fijado los futuros salarios -aunque se especula con la cantidad de 90.000 pesetas mensuales-, y resulta muy comentado en León que la máxima autoridad municipal no sólo,carece de coche propio, sino que además tiene que ser mantenido por su mujer.

La situación de Tomás Rodríguez, alcalde de Valladolid y militante del PSOE, puede ser aún más compleja, por cuanto que pidió la excedencia de la empresa FASA Renault, en la que era técnico en análisis químicos, para poder dedicar todo su tiempo a la alcaldía, y ya este mes va a tener problemas para atender a su familia. Hasta la fecha, el PSOE le ha venido compensando con una can tidad mensual equivalente a la que percibía por su trabajo anterior, pero este mes y el pasado, como consecuencia de estar aprobado ya el decreto que permite a los ayuntamientos fijar retribuciones para los miembros de las corporaciones locales, el partido ha retirado de sus presupuestos la cantidad dedicada a estos fines. Sin embargo, los problemas terminarán para el señor Rodríguez en cuanto el Ayuntamiento vallisoletano apruebe los nuevos salarios, ya que para el alcalde se destina la.nada despreciable cantidad de 120.000 pesetas mensuales (80.000 en concepto de salario y 40.000 por gastos de representación).

Otro tanto ha ocurrido en Córdoba, donde alcalde y concejales están haciendo juegos malabares con sus salarios hasta que el pleno municipal acuerde fijar las retribuciones mensuales. Antonio Herrera y José Santiago Murillo, concejales cordobeses de UCD y PSOE, respectivamente, vienen subsistiendo desde el 3 de abril con las 10.000 pesetas que les abona la empresa Westinghouse, por las pocas horas que trabajan desde que son ediles municipales. Otro concejal, Rafael Muñoz, del PCE se ha visto imposibilitado en repe tidas ocasiones para asistir a las reuniones del Ayuntamiento por carecer del permiso de su empresa El alcalde, Julio Anguita, y el concejal comunista Herminio Trigo han recibido de la delegación del Ministerio de Educación la adver tencia de que no es posible habili tar suplencias en las aulas de las que son titulares. Es posible que puedan prescindir de la docencia, pues para el alcalde se ha propues to un salario de 127.000 pesetas mensuales y para los concejales de 60.000 a 27.000, según el grado de dedicación. El tema pudo quedar resuelto el pasado jueves, de no haberlo impedido los concejales del PSA.

Con todo, el caso más penoso quizá resulte el de dos concejales del Ayuntamiento alicantino de Torrevieja, que fueron despedidos de su puesto de trabajo por ausentarse repetidas veces para asistir a los plenos.

En Cádiz, los concejales salen adelante como pueden, mientras deciden fijar la tabla salarial, pero su alcalde, Carlos Díaz, del PSOE, ha visto solucionado su problema al decidir Mutualidades Laborales, lugar donde trabaja, abonarle las mensualidades sin que tenga obligación de acudir a su puesto y así dedicar todo su tiempo a la alcaldía. Otros menos afortunados, como el de la localidad gaditana de San Fernando, el nacionalista Rodríguez Viañas, va cada día al Ayuntamiento, una vez concluida sujornada laboral en el INP (Instituto Nacional de Previsión).

Ante este tipo de situaciones hay quienes han decidido tomar medidas drásticas en tanto no se solucionen, como ha ocurrido en el Ayuntamiento de Badajoz, donde UCD goza de gran tranquilidad, al haber abandonado sus puestos los concejales socialistas y comunistas como protesta por el problema surgido con un edil del PSOE, a quien la entidad bancaria donde trabaja le niega el permiso para asistir a reuniones y sesiones municipales dentro de su jornada la boral.

Todavía no está del todo claro que las empresas, sean públicas o privas, tengan que abonar como trabajo las horas que sus empleados dedican al Ayuntamiento -con la excepción ya mencionada del alcalde gaditano-, ni éstos tienen que duplicar sus esfuerzos en dos tareas y ser remunerados úni camente por una. Estas son las razones en las que basan los partidos su defensa de la percepción de sa larios, especialmente los naciona listas, el PCE y el PSOE; UCD, en determinados sitios, y Coalición Democrática, en bastantes menos.

Respuesta de las asociaciones de vecinos

Las asociaciones de vecinos han aceptado generalmente de buen grado los salarios de sus gestores municipales, aunque a algunos les parezcan excesivos, pero insisten, sobre todo, en controlar ellos mis mos, directa o indirectamente, los gastos de la Corporación. La necesidad de la plena dedicación y que el montante de los sueldos no suponga una merma en los servicios públicos o en las inversiones municipales son las reivindicaciones más generalizadas. Sin embargo, hay asociaciones vecinales, como la de Badajoz, en las que sus miembros sienten «que han sido engañados», pues aseguran que no oyeron hablar del tema durante la campaña electoral. Los pacenses son, en general, contrarios a que sus ediles sean remunerados. Quizá sea este uno de los pocos casos en que los vecinos se niegan a que sus representantes perciban salarios. En la mayoría de los casos, las protestas se han originado al considerar excesivas las cantidades, pero, sobre todo, al querer intervenir en las decisiones de las corporaciones durante los debates del tema.

La primera ciudad en la que se originó una situación conflictiva fue Elche. Una vez decididos los sueldos, la permanente quiso consultar con las asociaciones de vecinos, que pidieron como condición para el sí participar en los plenos municipales y que las cantidades se justificasen caso por caso. La propuesta fue juzgada por los corporativos como «inviable», se originó una tensa discusión y el PSOE decidió zanjar el tema aplicando la mayoría absoluta de que dispone en el Ayuntamiento de Elche. Fue esta la primera vez que se rompió el pacto de la izquierda, al ponerse los comunistas de lado de los vecinos. Otro momento particularmente difícil lo protagonizaron los vecinos de Benalmádena (Málaga), a quienes les parecía excesivo el acuerdo de cobrar 35.000 pesetas el alcalde y 16.000 los concejales, y arremetieron contra los ediles de UCD, que hubieron de salir del consistorio bajo escolta policial. Curiosamente, los vecinos de Benalmádena concentraron sus iras en los centristas, cuando en realidad éstos no hicieron sino apoyar la propuesta del PCE local de cobrar las mencionadas cantidades. Los ediles comunistas salieron del accidentado pleno por la puerta grande, sin oír el más mínimo insulto.

La población sevillana, por el contrario, se ha tomado con más calma el asunto. Algunas encuestas que se han realizado recorriendo las calles revelan una aceptación popular a los salarios aprobados -109.000 pesetas para el alcalde y alrededor de 80.000 para los concejales- bastante generalizada, aunque aclaran que lo aceptan «siempre que sea para trabajar en el cargo y no para chupar del bote». Algo semejante ocurre en Santander, provincia en la que aún no cobra nadie, pues han pospuesto el tema para después de las vacaciones, donde la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos y Amas de Hogar y Consumidores de Cantabria opina que es «normal»i que los ediles reciban «un sueldo lógico», pero sin pasarse, como ha ocurrido en otras provincias. -

Esta ha debido ser la opinión de la Federación de Asociaciones Vecinales de Murcia, la más batalladora hasta el momento, que ha reiterado sus protestas no sólo por los salarios municipales (95.000 para el alcalde y 40.000 para los concejales), sino que hacen extensivo su disgusto a los emolumentos de diputados provinciales, consejeros preautonómicos y parlamentarios. Los vecinos murcianos han puntualizado: «No estamos en contra de que los políticos cobren, pero queremos que su sueldo sea racional y que lo cobren los que se dedican plenamente a la política y no los que, al mismo tiempo, ejercen suprofesión.

En Asturias, como el tema de los salarios de concejales y alcaldes parece ser tema tabú, pues hasta el momento no se ha mencionado ni siquiera a nivel de pasillo, no ha habido reacciones populares concretas. Los vecinos se han expresado utilizando como referencia las cantidades fijadas en otras provincias, a través de las cartas a la prensa local, y siempre en el sentido de que se opondrían radicalmente si los sueldos son «exagerados». Estos lectores de los diarios asturianos no son, al menos, tan tajantes como aquel vecino de Lérida, Florián Belinchón, que arremetió en solitario contra la Corporación y presentó un recurso legal contrario a las 140.000 pesetas netas aprobadas para el alcalde. Parece ser que su protesta no tendrá demasiadas posibilidades de ser aceptada, pues el señor Belinchón se acoge en su denuncia a la ley de Régimen Local, cuyo artículo 334 dice que la labor del alcalde debe ser gratuita, pero olvida una disposición de ley publicada en el Boletín Oficial del Estado a finales de junio en que se invalidaba esta consideración, al fijarse los porcentajes y criterios sobre los que han de basarse las corporaciones para decidir sus salarios.

Riguroso control en Bilbao

Quisquillosos, aunque mejor informados, parece que van a ser los vecinos de Vizcaya, pues diversos portavoces de las asociaciones han señalado que quieren controlar «caso por caso», investigar la situación económica de cada uno de los ediles y pedir explicaciones por las cuentas. Los bilbaínos son partidarios de que sus munícipes cobren, «pero no grandes remuneraciones», algo así como «un maestro o un obrero cualificado». Habrá que ver lo que opinan los afectados, que tienen el propósito de aprobar en el próximo pleno un presupuesto de veinte millones de pesetas, a repartir entre veintinueve personas, así como a percibir los atrasos que les corresponden desde el mes de abril, fecha en que tomaron posesión de sus cargos.

Una solución salomónica para evitar enfrentamientos con los vecinos y eludir peleas internas ha sido la adoptada por el consistorio de la localidad valenciana de Canals, cuyos miembros, tras largas horas de deliberación, van a someter a referéndum popular entre los 4.000 vecinos del pueblo si la mayoría considera justo que les sea remunerada su gestión. Si el Gobierno Civil no lo impide, Canals tendrá su consulta popular de corte casi asambleario, con gran pesar por parte del único concejal comunista, que argumentó en su día la monserga que podía suponer convocar plebiscitos cada vez que haya que tomar una decisión, y que si los vecinos ya votaron en las elecciones pasadas, que se esperen hasta las próximas. Pero sus compañeros no le hicieron caso y optaron por esta solución, si no, práctica, sí electoralista.

El susto del alcaldede Ibiza

La Corporación mallorquina tampoco ha puesto perosa la hora de someter sus cuentas y decisiones al control de quienes le han votado. Así, el Ayuntamiento de Palma ha decidido editar periódicamente un folleto «en lenguaje popular» para que todos entiendan a dónde van a parar los dineros municipales. Quizá este celo en la transparencia de las cuentas sea consecuencia del tremendo susto que se llevó el nuevo alcalde de Ibiza el día que tomó posesión del cargo: el arquitecto Juan Prats, independiente, se encontró con un déficit de cincuenta millones de pesetas dejado por la Corporación anterior, y por más que buscó y rebuscó, no había ni un solo justificante ni una hoja de cuentas.

Hay otros ediles, sin embargo, que no quieren ni oír la palabra salario, como el concejal orensano del PSOE José Sueiro, que llegó a declarar que él abandonaría el Ayuntamiento si se viera obligado a cobrar. Otro concejal gallego, el independiente por Vigo Antonio Nieto, no ha llegado a sentirse ofendido como su colega de Orense, pero considera que «un buen ciudadano debe ganarse la vida por su cuenta y dedicarse vocacionalmente al servicio de la política». La vocación del señor Nieto, edil repescado de corporaciones anteriores, está dando buenos quebraderos de cabeza a sus compañeros, incondicionales partidarios de las pagas.

Tampoco hubo avenencia en el Ayuntamiento de Santander el día en que Fernando Pando, concejal independiente, propuso que «como no hay dinero y es urgente la compra de un brazo hidráulico y una escalera telescópica para el servicio de bomberos, enprevisión de sucesos como el de Zaragoza, se cargue su adquisición al presupuesto de siete millones aprobado para sueldos». La propuesta fue resumida por el alcalde, Juan Hormaechea, con pocas palabras: «Perdone el señor concejal, pero eso es una sandez, y que cada cual haga con su dinero, el día que se reparta, lo que le venga en gana.» Buscando una solución intermedia, Fernando Pando pidió «un sueldo espléndido para el alcalde, pues es quien tiene más respons,abilidad», y la misma cantidad que cobraban los concejales por sus anteriores trabajos. Lo que sobre debe destinarse -a juicio del señor Pando- a obras de caridad y asistencia social.

También han renunciado a sus emolumentos el alcalde de Madrid, Enrique Tierno, al destinar sus 182.250 pesetas mensuales a «donativos»; el de Badajoz, que considera que con su sueldo de maestro ya tiene suficiente, y el de Coria del Río, en Sevilla, que no por ser alcalde ha dejado de ser médico, y asegura ganar lo necesario.

De todas formas, la generosidad ha alcanzado su punto máximo en el Ayuntamiento de Salamanca, donde parte de los concejales tienen previsto donar sus sueldos a los otros ediles que lo precisen con mayor urgencia, o en la Corporación leridana de Solsona, con su decisión de donar los ingresos anuales de 800.000 pesetas a la asociación de minusválidos de la ciudad. El Ayuntamiento solsonés, en un alarde de filantropía, hizo un llamamiento a los municipios de las comarcas colindantes para que siguieran su ejemplo, pero parece ser que la propuesta no ha tenido mucho eco. Mención aparte mere ce el consistorio de Sarreal, en Tarragona, cuyos miembros, «dando una muestrade austeridad y buena administración, renunciamos a este tipo de prebendas», entendiendo por prebenda la paga salarial. El PSA de Algeciras, con su decisión de dedicar los salarios de sus con cejales al «fomento de actos culturales», completaría elapartado de ediles «desprendidos», poco frecuente en nuestra geografla.

Viaje inexistente

También se han dado las posturas contrarias, la de aquellos que, con su sentido un tanto elástico de las cuentas, han acrecentado la desconfianza de los vecinos. Tal es el caso de un concejal del PSA de Córdoba, que cobró 14.000 pesetas en concepto de un viaje a Málaga, cuya realización el concejal afectado no ha podido demostrar a sus mosqueados compañeros. La propuesta del alcalde de Vigo, Manuel Soto (PSOE), de tener un secretario particular, que costaba a la' Corporación 80.000 pesetas mensuales, tampoco ha sido bien acogida por los gallegos, quienes consideran excesivo este tipo de actuaciones, al igual que ocurrió en Tenerife, donde el presidente del Cabildo solicitó para sí mismo 120.000 pesetas mensuales por tal concepto y otras 80.000 en su condición de presidente de la Mancomunidad interinsular. Tras mucho forcejeo, la cosa quedó en 80.000 pesetas por su primer cargo y la mitad de lo que pedía por el segundo, como si de una subasta se tratara.

En el otro extremo, más de dos semanas tardaron los corporativos ilicitanos en aprobar la adquisición de un nuevo coche oficial para su alcalde, después de que éste expusiera que con el heredado de la anterior Corporación, un Seat 1500 de los primeros modelos, sólo se ganaba para averías.

En Asturias, por otra parte, el llamado «complejo de Honorio» es lo que impide que alcaldes y concejales planteen con realismo sus necesidades económicas, hasta el punto de que los diputados han recurrido al eufemismo de «gastos de representación» para eludir la palabra salario. Honorio Díaz es un campesino de 75 años, el senador más votado por los asturianos en las pasadas elecciones, que conduce personalmente un Seat 600 de segunda mano. El señor Díaz reprochó recientemente en el Consejo, Regional las facturas de más de 2.000 pesetas, por estancia en hoteles, presentadas por algunos de sus compañeros: «Si podemos dormir en una pensión de quinientas pesetas», se preguntó-, «¿por qué vamos a ir a hoteles tan caros?»

Mucho «complejo de Honorio» no deben tener los concejales de Palma de Mallorca, pues se han asignado una gratificación de 3.000 pesetas -además de las 55.000 mensuales- por cada reunión a la que asisten los que forman parte de los consejos de administración de las empresas municipalizadas. Y es que el tema del dinero es algo tan polémico que se han llegado a dar casos como el siguiente: en Bayona (Pontevedra), el alcalde presentó una factura por una comida de la Corporación en un restaurante local propiedad de su hermano. A la hora de votar su aprobación, el teniente de alcalde de UCD Pazo Eloy se empeñó en que constase en acta su protesta por el voto del alcalde, ya que consideró que no podía ser objetivo, por aquello de que todo quedaba en familia. Otro teniente de alcalde, José Luis Villar, le ordenó guardar silencio, y ante la negativa del señor Pazo, se entabló una fuerte discusión, en la que los concejales, divididos en dos bandos, se enzarzaron en una batalla campal. Cuando ya la sangre parecía que iba a llegar al río, uno de los ediles, que se había manterlido neutral, intentó separar a los dos tenientes de alcalde, los más exaltados en la pelea, con tan mala suerte que arrancó unos cuantos mechones de pelo de la ya despoblada cabeza del señor Pazo.

En otros lugares no han llegado a tirarse de los pelos, como en Bayona, pero sí se han roto los pactos municipales de la izquierda o ha habido fuertes tensiones. En Algeciras (Cádiz), comunistas y socialistas acordaron una distribución salarial que irritó sobremanera a los ediles de UCD y del PSA, hasta el punto de que éstos abandonaron la sesión. En cuanto hubieron salido del pleno, los hombres del PCE y el PSOE lanzaron graves acusaciones contra sus oponentes, criticando duramente su actitud. El siguiente tema del orden del día era el cambiode denominación de la avenida de Francisco Franco por Blas Infante, a propuesta de los nacionalistas. En contra de todo pronóstico, socialistas y comunistas rechazaron la moción y mantuvieron el nombre del generalísimo. En amplios sectores de la ciudad se consideró esta actitud, discrepante de la observada por ambos partidos en otras provincias, como una «sibilina venganza» contra el PSA.

En Murcia fueron los mismos socialistas y comunistas quienes se enfrentaron por esta cuestión. El PSOE pactó con UCD para sacar adelante su moción, en contra del PCE, cuyo portavoz, el señor López Mesas, llegó a decir que la percepción de 40.000 pesetas para los concejales, sólo en concepto de gastos, y además la de otras 5.000 por dietas, «le recordaba al régimen anterior».

En Valencia, como el tema suscitaba grandes enfrentamientos entre los distintos partidos, optaron por la apaciguadora solución de conceder salarios uniformes. En el Ayuntamiento de la capital del Turia, todos -alcalde, tenientes de alcalde y concejales- cobran lo mismo: 90.000 pesetas mensuales.

Desde una perspectiva general, lo que hace realmepte delicada la cuestión de los salarios es el hecho de que las corporaciones democráticas hayan heredado de sus predecesoras franquistas enormes déficit económicos y que, por tanto, las cantidades asignadas para las retribuciones de sus miembros, justas o no, se están percibiendo, en la inmensa mayoría de los casos, gracias a los créditos municipales. Si el Gobierno incrementase su ayuda para paliar las deudas de los ayuntamientos democráticos, las asociaciones de vecinos no recelarían ante esta partida, que viene a incidir sobre los precarios presupuestos municipales, ni los alcaldes y concejales tendrían tantas reservas a la hora de fijar sus salarios, pero como UCD no tiene en sus manos los grandes municipios, la izquierda piensa que van a tener que salir adelante como puedan, sin esperar demasiadas facilidades por parte del Gobierno.