Campaña para restablecer la pena de muerte con motivo del terrorismo
Apenas legalmente abolida en España la pena de muerte, tras la promulgación de la Constitución, ciertas fuerzas políticas y órganos de opinión han iniciado sin tapujos una creciente campaña, so pretexto de la escalada terrorista, que tiene como objetivo el restablecimiento de la pena capital, y no han dudado en plantear ya la necesidad de una reforma del texto constitucional en este punto.
Esta campaña está siendo reforzada en los últimos meses con la actitud comprensiva y benevolente que ante la misma adoptan privadamente personalidades del mundo político y hasta jurídico, que no se atreven a sumarse públicamente a esta iniciativa. La percha o motivo aparente de esta campaña son los atentados y crímenes terroristas, sobre todo aquéllos que han afectado en los últimos meses de una manera indiscriminada a la población civil. En amplios sectores de ésta, en los que la escasa cultura es al menos igual a su buena fe, es evidente la rapidez con que se está creando un estado de opinión favorable al restablecimiento de la pena de muerte, fomentado en gran parte sotto voce por los seguidores ideológicos de los grupos políticos o de los órganos de opinión que promueven la campaña restauradora. Todos los indicios apuntan a que esta campaña no remitirá en los próximos meses, sino que se mantendrá latente para aumentar en aquellos momentos en que, desgraciadamente, pudieran producirse nuevos crímenes terroristas.Al margen de los argumentos teóricos a favor o en contra de la pena de muerte, es evidente que ambas posiciones tienen una fuerte carga política. Sin embargo, hay que reconocer que la posición abolicionista tiene más y mejores argumentos estrictamente jurídicos que la favorable a la pena capital y está apoyada por la práctica social ya comprobada de que la pena capital no frena al delincuente ante la comisión de nuevos delitos. De hecho, la postura favorable a la pena capital da de lado olímpicamente en este asunto al Derecho y a las ciencias sociales y se alimenta exclusivamente de prejuicios, de inseguridad y de una asombrosa falta de información.
Los grupos políticos y los órganos de opinión que alimentan en España la campaña para el restablecimiento de la pena de muerte, so pretexto de los crímenes terroristas, para evitar, según dicen, que éstos sigan produciéndose, no tienen en cuenta un hecho ya comprobado y que contradice el aparente objetivo de su campaña: la pena capital tampoco es disuasoria para los crímenes terroristas. Los psiquiatras que han estudiado los secuestros aéreos recomiendan que la pena de muerte no se aplique en tales casos, ya que, ésta contribuye precisamente a que el crimen resulte más espectacular y los delincuentes reciban una atención mayor de la debida.
La pena de muerte, como la historia social demuestra, ni es disuasoria para los crímenes terroristas ni para el delito en general, sino que más bien constituye un obstáculo para la erradicación de este último, cuyas causas sociales, económicas, psicológicas y familiares persisten evidentemente tras la aplicación al delincuente de la pena capital y siguen indefectiblemente produciendo nuevos delincuentes. Las sociedades que utilizan la pena capital como valladar para el delito olvidan fácilmente poner en práctica las necesarias reformas que hagan desaparecer las situaciones que están en el origen del delito. Este hecho ha sido puesto de relieve recientemente por Richard Reoch, jefe del servicio de Prensa y Comunicaciones de Amnesty International, en una conferencia pronunciada en Bury St. Edmunds (Inglaterra). El señor Reoch citó a este respecto el testimonio de Robert Mark, antiguo encargado de la Policía Metropolitana, antela asociación canadiense de jefes de policía, con ocasión de un debate sobre la pena de muerte celebrado en Canadá: «Soy contrario a la pena de muerte, al igual que la mayoría. de mis más antiguos y experimentados colegas, y simplemente porque su mantenimiento impide la puesta en marcha de las reformas necesarias para conseguir una verdadera efectividad de la justicia.»
En cuanto al pretendido efecto disuasorio de la pena capital, la comparación de los índices de criminalidad en diversos países que mantienen o han abolido la pena de muerte no indica precisamente que la amenaza de ejecución haya sido efectiva para evitar crímenes importantes. De acuerdo con la Interpol y sus estadísticas, la mayoría de los Estados que han abolido la pena capital tienen índices más bajos de asesinatos o de intentos de asesinatos (Interpol, International Crime Statistics, 1970). En 1964, por ejemplo, el índice de asesinatos en países abolicionistas era del 2,7 por 100.000 habitantes; en los países no abolicionistas fue del 4,51. En 1970, en los países abolicionistas, el índice aumentó a 4,65, mientras que en los otros países se había elevado a 7,6 (Solicitor General, Government of Canada, «Pena capital, preguntas y respuestas», 1976). Estos datos confirman, por otra parte, los estudios realizados en torno al tema de la pena de muerte, que indican que los cambios que puedan realizarse en los índices de criminalidad dependen de factores diferentes de que la pena de muerte esté en vigor o no. El miedo a la muerte por sí mismo no parece que sea capaz de disuadir a personas que deseen cometer crímenes punibles con la pena capital. Estudios realizados en Estados Unidos indican que, la mayor parte de los asesinatos se producen entre miembros de la misma familia, grupos de amigos o conocidos, y que la mayoría se producen al calor de la pasión. Al examinar estos hechos, puede deducirse fácilmente que jamás se para uno a pensar en las consecuencias de los actos violentos que se realicen, cuanto menos en sus implicaciones penales. Ya en el siglo pasado las ejecuciones públicas en Inglaterra fueron abolidas en gran parte ante la evidencia comprobada por una comisión real que indicaba que de 167 personas que habían sido condenadas a muerte en una ciudad durante varios años, 164 habían presenciado ejecuciones públicas. Los que ahora en España pretenden que se fusile o se agarrote de nuevo deben exponer sin subterfugios las razones de su posición y seguramente se verá que nada tienen que ver con una pretendida lucha contra el terrorismo o el delito en general.
