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Tribuna:TRIBUNA LIBRE

La universidad y el problema de la formación y perfeccionamiento del profesorado

Rector de la Universidad de SevillaPresidente de la Conferencia de Rectores

La creación y la destrucción, el tejer y el destejer, a que con tanta frecuencia como ligereza nos solemos entregar los humanos y diríase que con particular deleite los españoles, son actividades no sólo contrapuestas y de difícil justificación, sino muy costosas y casi siempre inútiles y perjudiciales. Cuando tales «originalidades» se refieren a la educación que por su naturaleza tiene tan gran incidencia en el desarrollo social, puede resultar no ya difícil, sino imposible, el hallarles una explicación razonable.

Resulta casi innecesario recordar que en un país pobre y en tan delicada situación económica como el nuestro deberían añadirse argumentos muy poderosos a tales razonables explicaciones, si las hubiere, para justificar la realización a costa del contribuyente de cualquier «innovación» que no resultara absolutamente necesaria, por muchas que fuesen las presiones de cualquier grupo profesional o social.

Vienen estas reflexiones a cuento de determinados propósitos o proyectos de creación de nuevas instituciones de formación y perfeccionamiento del profesorado al margen de las universidades, de los que se viene hablando con insistencia de un modo más o menos explícito, con aprobación, al parecer, por parte de personas y autoridades responsables del Ministerio de Educación; propósitos sobre los que la universidad tiene la obligación de llamar la atención y ante los que no puede permanecer indiferente.

Para todo profesional de la docencia, como para cualquier persona culta, resulta evidente que el de la formación y perfeccionamiento del profesorado es el problema más importante del sistema educativo. Otros factores, como el de los recursos materiales, instrumentales y económicos disponibles, e incluso el del gobierno de instituciones y centros, con ser asimismo del mayor interés, tienen jerarquía y prioridad diferente. Por añadidura, los defectos de medios pueden subsanarse en plazo corto, si mejora la situación económica o se adoptan las decisiones políticas adecuadas. Los errores cometidos en sistemas de organización y gobierno son igualmente reparables, si se tiene la voluntad y determinación necesarias para ello. Por el contrario, los perjuicios ocasionados a la sociedad por una deficiente formación de los profesores o por inadecuados sistemas de selección de los mismos son prácticamente permanentes, o resultan reversibles sólo al cabo de varias generaciones y de haber causado perjuicios irreparables.

En el plano universitario estos hechos son absolutamente evidentes. La formación y perfeccionamiento de los profesores es un problema científico, no un asunto administrativo. No cabría mayor desgracia para la universidad -con daño paralelo para la sociedad a la que sirve- que la que se produciría por la ocupación de los escalafones o de las plantillas de los centros universitarios por un profesorado incompetente.

No a la improvisación

No es necesario ningún razonamiento adicional para concluir que el problema sería el mismo, y sus consecuencias análogas, si la incompetencia se diera en otros estamentos del profesorado, fueran éstos en el bachillerato, formación profesional, educación general básica, etcétera.

Por todo ello, sería extraordinaria gravedad la implantación improvisada de cualquier sistema de formación o de selección de profesores basado en otros criterios que los estrictamente científicos y pedagógicos, o realizados por una organización o institución sin la solvencia científica necesaria e indispensable.

Pienso que está claro que no estoy aquí discutiendo el pormenor de los mecanismos de selección, variables según los países y circunstancias, sino el problema de fondo; esto es, el criterio que debe presidir la formación y selección del profesorado, que no puede ser otro que el de la competencia científica y pedagógica.

La ciencia, en cuanto creación y producto de la inteligencia humana, es dinámica, progresiva y perfectible. Sus cambios y progresos se suceden con rapidez creciente, y su historia condiciona, cada día en mayor grado, la historia de la humanidad. Su cultivo y su desarrollo tiene lugar en las universidades y se realiza a través de la investigación.

Es evidente que los profesores no pueden formarse adecuadamente sino allí donde se cultiva la Ciencia, e incluso siendo partícipes de esta labor. Por eso, en todos los países del mundo, la formación de profesores es una de las funciones más importantes que cumple la universidad.

Solamente la universidad posee la capacidad científica y la infraestructura necesarias para llevar a cabo la Importante tarea de la formación y perfeccionamiento del profesorado. Intentar realizarla en otro lugar o institución ajena a la universidad supondría no emplear los criterios correctos e incluso desvirtuar el concepto de profesor. Para que no fuera así, habría que reinventar allí la universidad, lo que carece evidentemente de sentido.

La Conferencia de Rectores ha considerado con detenimiento estos problemas en fecha reciente, en relación con las funciones de la propia universidad con las funciones y situación de los institutos de Ciencias de la Educación de las universidades (ICD) y del Instituto Nacional de Ciencias de la Educación (Incie).

Considero necesario recordar, con brevedad, a este respecto, que la ley general de Educación de 1970 asigna a la universidad, entre otras importantes misiones, la de «contribuir al perfeccionamiento del sistema educativo» en su conjunto; y que la misma ley, que sancionó la creación de los ICE y del Cenide (Centro Nacional de Investigación para el Desarrollo de la Educación), transformado luego, por decreto, en el Incie, establece como funciones de los institutos de Ciencias de la Educación de las universidades «la formación docente de los universitarios que se incorporen ata enseñanza en todos sus niveles, el perfeccionamiento del profesorado en ejercicio y de aquellos que ocupen cargos directivos, así como el realizar y promover investigaciones educativas y prestar asesoramiento a la propia universidad y a otros centros del sistema educativo». Y para el Cenide, convertido después en el actual Incie, como entidad estatal autónoma, la coordinación y programación de las actividades e investigaciones de los ICE, el perfeccionamiento del profesorado de estos, la organización de programas y cursos de perfeccionamiento en cual quiera de los niveles educativos, la realización de investigaciones sobre prospección educativa, objetivos de la educación, evaluación del sistema educativo, etcétera; misiones todas ellas que se han venido desarrollando fundamentalmente en el seno de los ICE, es decir, de las universidades.

ICE: balance positivo

Fue justamente en virtud de estas importantes funciones y para atender al desarrollo de las mismas por lo que se dotó al Incie de un sustancioso presupuesto, del orden de los ochocientos millones de pesetas, es decir, superior al de muchas de nuestras universidades, con cargo al cual se han sostenido las actividades de los ICE, en particular en lo que se refiere a la formación y perfeccionamiento del profesorado y a la investigación educativa.

Es cierto que en una época de extraordinaria demanda docente a las universidades, los ICE han tropezado con no pocas dificultades para su desarrollo y funcionamiento. No obstante, la mayoría de ellos lo han hecho con gran eficacia, por lo que a los diez años de su creación se puede concluir que aunque algunos objetivos han quedado en parte incumplidos, por defectos de estructura u ocasionales, el balance de actuación de estos institutos universitarios es netamente positivo.

De una parte, la idea y el espíritu innovador de cambio y de reforma, que presidieron la creación de los ICE, siguen plenamente vigentes. De otro lado, en los ICE se ha desarrollado una importantísima labor que ha alcanzado cotas muy altas de eficacia, en particular en lo que concierne al perfeccionamiento del profesorado: millares de cursos y seminarios sobre problemas educativos de actualidad, sobre didácticas y metodologías de las diversas ciencias, sobre actualización de contenido, sobre dirección y orientación de centros, sobre técnicas y tecnología educativa, etcétera, han sido seguidos por decenas de miles de profesores de todas procedencias. En la dirección de tales cursos y seminarios han participado expertos y especialistas de otros países en programas concertados con la Unesco, profesores universitarios y de bachillerato, inspectores técnicos, profesores de EGB, con licenciatura universitaria, etcétera, bastantes de ellos después de haber adquirido alguna especialización concreta en determinados campos de la educación en nuestras universidades o en prestigiosas universidades extranjeras a las que fueron enviados por los ICE.

Bastantes de estos institutos han realizado en este período investigaciones y experiencias educativas de mucho interés; y todos ellos. han acumulado importantísimos recursos bibliográficos y técnicos que están hoy al servicio de los profesores de todas clases.

Tal vez no fuera necesario reiterar que estas actividades han estado orientadas a todo el sistema educativo y han sido financiadas principalmente con recursos asignados por el Incie, conforme a lo previsto, a los que se han añadido los de las propias universidades.

El profesorado y cargos directivos de los ICE han estado abiertos a todos los estamentos educativos. No pocos de aquellos profesores -unos en comisión de servicios y otros en colaboración eventual- provenían de escalafones no universitarios. Todos ellos, junto a los de la universidad y apoyados por ésta, han realizado en los ICE una labor de extraordinaria importancia, sin precedentes en nuestro país y del mayor interés para el sistema educativo en general.

En estas circunstancias resulta verdaderamente sorprendente que el mero hecho administrativo de la división del antiguo Ministerio de Educación y Ciencia en dos nuevos departamentos (división que no entramos a discutir ahora, pero que juzgamos acertada y a la que no vemos inconvenientes que no puedan resolverse con una coordinación entre ambos departamentos que debe darse por supuesta) pueda llevar a alguien a ignorar el sistema creado con tanto esfuerzo y, lo que es peor, a imaginar que la formación y perfeccionamiento de los profesores pueda o tenga que realizarse fuera de la universidad.

Para las universidades está claro que, como en todos los países científicamente serios, los profesores han de formarse y perfeccionarse en el aspecto científico en los departamentos universitarios y en las escuelas universitarias. Pedagógicamente se forman y perfeccionan en estos mismos centros y departamentos y en los institutos de Ciencias de la Educación.

Esto debe ser así y no puede ser de otra manera, no tanto por imperativo legal, claramente establecido en la ley general de Educación, sino porque ello está en la esencia misma del concepto de profesor y del proceso de su formación y perfeccionamiento, que implica una estrecha y continuada conexión con la actividad científica viva que está presente en la universidad, al margen de la cual no cabe concebir ningún proceso de perfeccionamiento del sistema educativo.

No puede justificarse en modo alguno con criterios científicos que la formación y el perfeccionamiento de los profesores pueda montarse fuera de la universidad, ya que sólo ésta posee la infraestructura adecuada y, sobre todo, la capacidad científica necesaria para el cumplimiento de tan difícil y elevada misión. «Inventar», a estas alturas, unas «escuelas de formación del profesorado » al margen de las universidades seria una costosa y utópica duplicación de esfuerzos, tan improcedente desde el punto de vista económico, como inviable e inadecuada en el aspecto científico.

Frente a esta injustificada artificialidad, la única postura correcta es la de utilizar al máximo las posibilidades de la universidad, que son muchas, a través de los departamentos y centros universitarios y de los institutos de Ciencias de la Educación. Esto requiere una potenciación de los ICE, conforme a lo previsto en su planteamiento original, perfectamente válido en las circunstancias actuales, abiertos a todas las colaboraciones y orientados a todas las demandas del sistema educativo; y un reforzamiento y reordenación de la red ICE-Incie, que permita desarrollar la programación adecuada y conveniente para actuar en el orden de las prioridades y con la eficacia que corresponda a tales demandas. En este esquema, tan correcto científicamente como viable desde el punto de vista práctico pueden y deben encontrar solución todos los proyectos y programas de formación y perfeccionamiento del profesorado sin necesidad de recurrir a creaciones artificiosas y a duplicaciones innecesarias.

Queda aquí implícita una conclusión que para las universidades no admite duda ni desviación de ninguna clase: el Incie (antiguo Cenide) debe quedar adscrito al Ministerio de Universidades e Investigación, de acuerdo con la finalidad para que fue creado y con la que debe seguir cumpliendo, tanto por lo que se refiere a su decisiva participación en la programación y sostenimiento de los planes de formación y perfeccionamiento del profesorado como en los de investigación educativa.

Aunque resulta implícito en todo lo anterior, debo explicar que este planteamiento no excluye, sino que supone, la colaboración de ambos ministerios, el de Educación y el de Universidades e Investigación, para la coordinación y buen funcionamiento del sistema educativo conforme a las necesidades del Estado. Las universidades dan por supuesta esta colaboración y estiman que es importante que, desde ahora mismo, la dirección del Incie sea asistida por un consejo de coordinación y programación en el que se encuentren representadas la direcciones generales afectadas de ambos departamentos, y en especial la universidad, esta última a través de representaciones de los ICE y del Consejo de Rectores.

Esta es la opinión de las universidades, en la que caben el planteamiento serio de todas las necesidades y todas las colaboraciones convenientes en torno al problema que se discute. Parece obvio que convendría ponerse cuanto antes a trabajar en esta planificación y programación en torno a la misma mesa y suspender las medidas que pretenden alejar de los ICE a un grupo de profesores procedentes de escalafones no universitarios que han alcanzado en estos institutos un alto grado de especialización; que desde sus puestos vienen prestando servicios de la mayor calidad a todo el sistema educativo y cuyo traslado no beneficiaría a nadie.

Junto a este espíritu de apertura, colaboración y trabajo serio, las universidades quieren al mismo tiempo dejar constancia de que no pueden permanecer indiferentes ante propósitos y proyectos que, además de carecer de justificación científica y académica, afectan a sectores de su competencia y responsabilidad, son al menos de dudosa justificación y oportunidad desde los puntos de vista administrativo y económico y ante los cuales, llegado el caso, ejercerían todas las acciones legales a su alcance.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 18 de agosto de 1979