Nuevos acuerdos para las empresas públicas del sector naval

El INI y las centrales sindicales han culminado la redacción de unos acuerdos sobre reestructuración del sector naval, que suponen una ampliación de los firmados el 16 de julio de 1978. Las negociaciones comenzaron el pasado 26 de julio, y en ellas han participado las centrales CCOO, UGT, ELA-STV y USO, además de las empresas públicas afectadas por la crisis del sector.

Los acuerdos obtenidos, que entrarán en vigor cuando finalice la segunda fase de negociaciones (en la que intervendrá directamente el Gobierno), contemplan una ampliación por doce meses de los expedientes de desempleo para 7.500 trabajadores y nuevos compromisos de racionalización industrial, que exigirán el desarrollo de iniciativas empresariales; a la par que se admite la necesaria movilidad de plantillas entre factorías próximas de ubicación. Se refieren también al proceso de integración en plantilla de las distintas contratas y a la reordenación de la industria auxiliar, todo ello con el debido control de los comités de empresa afectados.Según fuentes oficiales, a lo largo de las conversaciones ha quedado patente la coincidencia entre las partes de que el objetivo principal consiste en asegurar la competitividad de los astilleros, si bien a un reducido nivel de ocupación. Las políticas mantenidas por los distintos sindicatos no han sido, según esas fuentes, tan unánimes como en julio de 1978, y atribuye a la capacidad de negociación de una determinada central el logro de los nuevos acuerdos.

Ahora se espera una reunión de las partes interesadas con el ministro de Industria, quien deberá presentar al Gobierno los compromisos adquiridos y solicitar la continuidad a las medidas de apoyo que se vienen poniendo en práctica en este sector.

Estos puntos de acuerdo tendrán validez definitiva cuando finalice la segunda fase de negociación, que se iniciará en los primeros días del próximo mes de septiembre. En ella se estudiarán medidas de más largo alcance, relacionadas fundamentalmente con el proceso de reconversión industrial de nuestros astilleros. Afecta la nueva normativa a unos 60.000 trabajadores de Astano, Bazán, Juliana y Astilleros Españoles.