Superados los pricipales aspectos económicos del Estatuto catalán

La negociación extraparlamentaria del Estatuto de Autonomía para Cataluña entró ayer en su fase más decisiva, con el estudio de los artículos relativos a hacienda y finanzas de la comunidad autónoma. Las conversaciones se celebran en un despacho del Ministerio de Hacienda y en ellas participan, fundamentalmente, el titular del departamento, Jaime García Añoveros, y Francisco Fernández Ordóñez, por UCD; Ramón Trías Fargas y José María Cullell, de Convergencia Democrática de Cataluña, y Ernest Lluch, del Partido de los Socialistas de Cataluña. Según manifestó el señor Lluch, los dos únicos puntos en los que existen aún ciertas dificultades son los relativos a la unidad de recaudación de impuestos y la gestión de los impuestos recaudados en Cataluña.

Paralelamente prosiguieron en el complejo de la Moncloa las negociaciones políticas en torno a los restantes puntos del Estatuto. Participan en estas conversaciones el ministro de la Presidencia, José Pedro Pérez-Llorca; los diputados centristas Sebastián Martín Retortillo, Rodolfo Martín Villa, Oscar Alzaga, Alberto Oliart y Antón Canyellas; los socialistas Joan Reventós y Eduardo Martín Toval; Miguel Roca y Jordi Pujol, de CDC, y Jordi Solé Tura, comunista.

Superados los artículos relativos a las competencias de la comunidad autónoma -que fueron aprobados ayer por la ponencia conjunta Comisión Constitucional-Asamblea de Parlamentarios Catalanes- y el artículo por el que se regulan las competencias de la policía autónoma -que quedó redactado en términos similares a los del Estatuto vasco, y sobre el que se llegó a un acuerdo en la reunión mantenida el pasado martes, y que finalizó a las tres de la madrugada del miércoles-, los puntos sobre los que aún no existe acuerdo son: enseñanza, medios de comunicación, sistema electoral territorial y cultura.

Jordi Pujol, líder de Convergencia Democrática, negó aytr que existiera ya un acuerdo global, pero estimó que podría lograrse antes del próximo día 4. Según el señor Pujol, la Comisión Constitucional en pleno podría reunirse antes del día 10, para examinar el informe de la ponencia conjunta. El líder nacionalista catalán se mostró inquieto respecto a la duración del régimen transitorio que fijara una disposición adicional y que, a su juicio, no debería superar los cinco años.

La ponencia conjunta, que permaneció reunida de nueve y media de la mañana a dos de la tarde de ayer, aprobó los artículos 10, 11 y 12, relativos a las competencias de la Generalitat, de acuerdo con las redacciones a que se había llegado en las negociaciones extraparlamentarias de la noche anterior. Los negociadores informaron previamente sobre el desarrollo de las mismas a los miembros de la delegación de la asamblea catalana.

El presidente de la ponencia, el liberal Emilio Attard, mostró su satisfacción por la rapidez con que se habían tratado tres artículos tan importantes y recordó que estos mismos puntos habían precisado de tres sesiones de trabajo durante la negociación del Estatuto vasco. El señor Attard informó sobre las modificaciones introducidas en el texto de Sau y al aludir al epígrafe 28 del artículo 9, por el que se concede en exclusiva a la Comunidad Autónoma la promoción de la mujer, dijo que el diputado de Coalición Democrática, Antonio de Senillosa, lo había considerado denigrante para la mujer.

Los artículos mencionados fueron aprobados en todos sus epígrafes, excepto los que regulan la ejecución de referéndumes y la atribución a la Generalitat del desarrollo legislativo de la legislación básica del Estado en materia de prensa, radio y televisión, así como la ejecución de la legislación del Estado en materia mercantil, penal y penitenciaria y museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal.

Emilio Attard resaltó que habían sido introducidos tres nuevos epígrafes que no figuraban en el Estatuto de Sau, por los que se atribuye a la Comunidad Autónoma la ejecución de la legislación estatal en materia de puertos y aeropuertos de titularidad estatal, cuando el Estado no se reserve su gestión, ordenación de transportes de mercancías y viajeros cuando tengan origen y destino en Cataluña, aunque transcurran en la red viaria del Estado y el salvamento marítimo y vertidos industriales y contaminantes en la costa.