La CEOE no realiza maniobras antiobreras

Secretario general de la CEOELa redacción de EL PAÍS invitó a la CEOE para comparecer en «Tribuna libre» al objeto exclusivo de detallar su posición respecto al posible desarrollo de un proceso de revisión salarial, como consecuencia de las disposiciones legales vigentes en materia de rentas y salarios y de la evolución de los precios al finalizar el primer semestre del año. Sabíamos que la misma invitación, y para ese objeto concreto, se había formalizado a las centrales sindicales mayoritarias. Ante lo delicado de la materia a tratar, que requiere aún mayor información para que la CEOE pueda fijar criterios definitivos, expresamos nuestra opinión de que era preferible demorar unos días la respuesta a la amable invitación de EL PAÍS.

Sin embargo, hemos observado con sorpresa que las centrales sindicales y otra organización empresarial han utilizado esta invitación para exponer sus puntos de vista, no sobre este tema concreto, sino sobre el complejo y difícil panorama laboral y sindical actual y, de manera especial, sobre el acuerdo interconfederal suscrito recientemente entre la CEOE y la UGT.

De las afirmaciones expresadas por los líderes sindicales en sus artículos destacan las graves e injustificadas acusaciones vertidas por el secretario general de CCOO contra la CEOE por haber llegado al indicado acuerdo con UGT.

En principio, constituye una manifiesta contradicción el que CCOO arremeta con tanta virulencia e insistencia contra este acuerdo y que, al mismo tiempo, realice un considerable esfuerzo informativo para extender ante la opinión pública la impresión de que no existe ningún verdadero acuerdo, sino solamente una «declaración de principios». Pensamos que si, para CCOO, esto fuera así, no tiene justificación alguna la actividad informativa y de presión que, en contra de estos acuerdos, está realizando.

La otra gran acusación del líder de CCOO trata de presentar este acuerdo como una gran maniobra del capitalismo, representado por la CEOE, para dividir el movimiento sindical español y enfrentar a los trabajadores.

Ambas acusaciones carecen del más mínimo rigor y fundamento y son explicables, únicamente, en la propia estrategia política del Partido Comunista, que condiciona la actuación de CCOO.

Los acuerdos entre UGT y CEOE son auténticos acuerdos entre una central sindical de gran significación en la realidad española y una Confederación de Organizaciones Empresariales independiente, democrática y que representa a la mayoría de las empresas españolas de cualquier dimensión. Y son acuerdos con un enorme contenido y significación porque establecen criterios fundamentales para la preparación, el debate parlamentario y, en su caso, la promulgación de las nuevas leyes que han de regular nuestro sistema de relaciones laborales; porque abren un camino esperanzador -libre de demagogias y condicionamientos políticos- para que los sindicatos y las organizaciones empresariales puedan en el futuro asentar y perfeccionar un clima serio y razonable de negociación entre los intereses distintos que defienden y representan; y, sobre todo, porque abren la esperanza de que en España puedan existir sindicatos que sean algo más que «partidos de la porra», escuela de piquetes violentos y delictivos o simples máquinas de huelgas virulentas, y que puedan existir sindicatos fuertes, auténticos y capaces de negociar y defender, con inteligencia, firmeza y democráticamente, los intereses que representan.

Pero, naturalmente, esta oferta de valiosa esperanza al pueblo español no ha podido encajar en la estrategia y actuación de CCOO.

De la importancia del contenido de estos acuerdos se pueden juzgar -si se valoran sin demagogias y sin perjuicios políticos- los compromisos asumidos sobre negociación de convenios colectivos, autonomía y libertad de las partes, reducción del intervencionismo de la Administración, preferencia de la negociación ante cualquier conflicto y eliminación de la violencia sistemática, presencia de los sindicatos en la sociedad y en las empresas, tratamiento de las solicitudes justificadas de las empresas para acomodar los puestos de trabajo a las situaciones de crisis, etcétera.

Por tanto, de maniobras antiobreras o antisindicales, nada. De auténtico reconocimiento del valor de la presencia, potencia y capacidad de negociación entre sindicatos y organizaciones empresariales auténticas y responsables, todo.

Puede afirmarse que la actitud de manipulación y de oposición a los auténticos intereses sindicales de los trabajadores se concreta en la estrategia de CCOO. Estrategia que le ha impedido comparecer en esta negociación, porque considera que su sentido de actuación sindical está subordinado a los estrictos objetivos del grupo político del que depende y que se concretan, pura y simplemente, en tratar de complementar, sin mayor atención a los reales intereses de los trabajadores, la insuficiente fuerza política y parlamentaria conseguida -en un sistema democrático- por aquel grupo político con la manipulación de este sindicato, que carece actualmente de la necesaria independencia para aceptar y desarrollar responsablemente una actuación netamente sindical.

Tercera falacia y manipulación que intenta el secretario general de CCOO en su artículo: la división entre el mundo empresarial, que constituye su auténtica obsesión. Basta señalar a los «buenos» y a los «malos». Los «malos» son las grandes empresas, que están en la CEOE, y a las que hay que exterminar. Los «buenos» son las pequeñas y medianas empresas, que no están en la CEOE, a las que CCOO y el Partido Comunista parece que tratan de «mimar».

Ni lo uno ni lo otro. Todo gira dentro de la gran falacia, de la gran mentira que difunde el aparato informativo del Partido Comunista.

La CEOE integra a 110 grandes organizaciones sectoriales y territoriales que agrupan, a su vez, a miles de asociaciones de todos los niveles, a las que están afiliadas la inmensa mayoría de las empresas españolas. Desde la gran empresa de la química, construcción, metal, banca, seguros, etcétera, hasta las empresas de más reducida dimensión de estos sectores y de otros en los que, por la actividad propia, se integran generalmente empresas de menor dimensión, como los taxistas, los distribuidores de gas y gasolina, pequeños comerciantes, etcétera. Y esto lo sabe muy bien CCOO, porque conoce que, en la inmensa mayoría de los convenios colectivos que negocian sus directivos o afiliados, comparecen inevitablemente las organizaciones empresariales -sectoriales o territoriales- de la CEOE. Entonces, ¿por qué insistir tanto en que la CEOE sólo integra a un «puñado» de grandes banqueros o capitalistas? ¿Y qué decir del tratamiento tan «favorable» que pretenden dar el Partido Comunista y CCOO a las pequeñas y medianas empresas españolas? Este ofrecimiento coincide muy poco con la cruda realidad de la actuación de los líderes y responsables de CCOO en el seno de estas empresas. Tampoco coincide con el permanente estado conflictivo que han sufrido dichas empresas en los últimos meses con negociaciones presionadas por huelgas y violencias desatadas y monopolizadas, precisamente, por CCOO.

Como ejemplo de mayor actualidad, sirva la convocatoria de huelga intermitente que acaba de realizar CCOO contra las pequeñas empresas de distribución de gasolina -que también están en la CEOE- y contra todo el país, durante once días «estratégicos» de agosto a septiembre. Y todo porque en la primera fase de las negociaciones los empresarios no han podido aceptar unas condiciones salariales y de otro tipo absolutamente exageradas.

Por tanto, no podemos cesar en la denuncia de la actuación de CCOO, que carece de planteamientos y objetivos sindicales válidos para la organización libre y democrática de la sociedad que han aceptado la mayoría de los españoles. Actuación que sólo persigue, a costa de destruir todos los supuestos lógicos y racionales del diálogo y de la negociación propios de un sistema democrático, el monopolio de otras fuerzas políticas o sociales que le son ajenas y, mediante la permanente amenaza de la agitación obrera y social a toda la sociedad y a sus instituciones democráticas, obtener para el grupo político al que está vinculada un control del poder social y político que no le pertenece, en función de los resultados de las decisiones electorales, libres y democráticas, adoptadas por los españoles.

Este no es el camino para comparecer como una auténtica y neta fuerza sindical en las necesarias negociaciones que la CEOE ha aceptado y deseado con todas las fuerzas sindicales representativas para establecer, con responsabilidad y generosidad, los criterios principales que deben recogerse en la nueva legislación laboral y para tratar de resolver los graves problemas económicos y sociales de España.