La sombra del proyecto catalán influyó en los últimos debates del Estatuto vasco

La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó ayer, por unanimidad, el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, que deberá ser sometido ahora a referéndum en los territorios por él afectados.La Comisión invirtió sólo un día en el dictamen del proyecto de Estatuto y apirobó la modificación de dos artículos -el 22 y el 47- y la adición de una nueva disposición transitoria. Los últimos minutos del debate estuvieron cargados de una cierta tensión, al proponer UCD, repentinamente -y previo acuerdo con el PNV-, una nueva regulación de los convenios de servicios entre comunidades autónomas; que, a juicio de las fuerzas catalanas, rebajaba el techo constitucional y afectaba al Estatuto de Sau.

En la sesión de tarde se suscitaron también debates en torno a, la inelegibilidad de los parlamentarios vascos, el régimen electoral municipal y los conciertos económicos. Se aprobó la inclusión de una disposición transitoria nueva, por la que el Consejo General Vasco puede asumir, una vez aprobado el Estatuto, la denominación de Consejo provisional del País Vasco, así como una nueva redacción del apartado dos del artículo 47, sobre reforma del Estatuto.El Grupo Socialista defendió el texto del Estatuto de Guernica en relación con la inelegibilidad e incompatidad de los miembros del Parlamento vasco. Este punto había quedado en desacuercto en la ponencia entre la delegación de la Asamblea de Parlamentarios vas cos y la ponencia de la comisión.

Los socialistas defendieron que el Parlamento vasco debería poder establecer estas causas en relación con cualquier cargo ejercido po uno de sus miembros en todo el territorio del país.

El hecho de que el texto aproba do por la ponencia considere entre las competencias exclusivas de cada territorio histórico el régimen electoral municipal, dio origen un amplio debate en el que salieron a relucir distintas concepciones ideológicas e intereses de partido. El diputado socialista vasco Txiki Benegas afirmó que los socialistas querían ayudar a constituir una comunidad vasca, dentro de lo que establece la Constitución, y superar provincialismos que perjudican ese hecho nacional.

El señor Bandrés apoyó al diputado socialista y manifestó que su grupo respetaba los derechos históricos de los territorios, pero pensaba que no debía olvidarse que existe un Parlamento vasco, con igual soberanía que el Parlamento español. «La modificación acordada por UCD y el PNV», añadió, «es de índole conservadora y regresiva. »

El también socialista vasco señor Aguiriano insistió en la necesidad de que fuera el Parlamento vasco el órgano encargado de establecer el régimen electoral municipal, y Alfonso Guerra añadió que se había creado una situación peligrosa porque ese artículo, tal y como estaba redactado, podía dar motivo a que algún grupo -«y no hablo del mío»- presente recurso de inconstitucionalidad.

El parlamentario del PNV Miguel Unzueta dijo que a su juicio subyacía en todo el debate un planteameinto ideológico que él no compartía. Negó que la redacción aprobada en la ponencia fuera regresiva y conservadora.

Jordi Solé Tura, comunista, pidió que en el apartado cinco del mismo artículo 37 se dijera que para la elección de los órganos representativos de los territorios históricos se atenderá a criterios de sufragio igual.

Todos los intentos por modificar el contenido del artículo 37 fracasaron, al oponerse conjuntamente en las votaciones UCD, PNV y Minoría Catalana.

El tercer punto que suscitó un debate más intenso fue el relativo a la configuración de los conciertos económicos y del Fondo de Compensación Interterritorial. El socialista Alfonso Guerra pidió que se aclarara el apartado dos del artículo 41, por estimar que no quedaba claro que el concierto sería negociado por la comunidad y el Estado, antes de ser remitido a las Cortes para un voto de ratificación. El ex ministro de Hacienda Francisco Fernández Ordóñez, dijo que desde su punto de vista, la propia palabra concierto supone acuerdo previo y que el Parlamento español debería dar un voto global de aprobación o rechazo. Pidió al PNV que se pronunciara al respecto, pero este grupo optó por no hacer uso de la palabra. Alfonso Guerra dijo que, puesto que solamente existía una interpretación, deseaba que constara en acta.

«En el nuevo texto», añadió, «no se habla de la obligación de aportar al FCI y parece que se deja sentado que este fondo es parte de los Presupuestos Generales del Estado. » Agregó que, según la Constitución el Presupuesto y el Fondo de Compensación eran cosas distintas.

Jordi Solé Tura dijo que los estatutos no deben ser sólo solidarios, sino que también tienen que parecerlo, mientras que el señor Fernández Ordóñez volvió a intervenir para explicar que, con la nueva redacción pactada por UCD y el PNV, el País Vasco no aportaría sólo en razón de los servicios que el Estado sigue asumiendo, sino por todas las cargas que el Estado tiene, y que es un concepjo mucho más amplio. Defendió también la concepción del fondo de compensación como parte de los presupuestos. El diputado soclalista Alfonso Guerra no se mostró satisfecho con estas explicaciones, pero no consiguió hacer prosperar su voto.

Tras el debate de las disposiciones transitorias -la adicional no dio origen a ninguna intervención-, el PNV presentó una disposición transitoria nueva, que llevará el número 9, y que dice: «Una vez promulgada la ley orgánica que apruebe este Estatuto, el Consejo General vasco podrá acordar asumir la denominación de Gobierno provisional del País Vasco, conservando en todo caso sus actuales funciones y régimen jurídico hasta que dé cumplimiento a lo previsto en la disposición transitoria primera» (que trata de la elección del primer parlamento vasco).

El artículo 22, que había sido pospuesto hasta el final de la sesión, dio origen a un largo debate sobre el procedimiento por el que había sido presentado. No existía desacuerdo en el texto aprobado por la ponencia y UCD entregó el texto del nuevo artículo en el mismo momento de iniciarse la discusión. El nuevo artículo 22 incluye dos apartados nuevos, cuyo texto es el si-ulente: « 1. La comunidad autónoma podrá celebrar convenios con otras comunidades autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de la exclusiva competencia de las mismas. La celebración de los citados convenios, antes de su entrada en vigor, deberá ser comunicada a las Cortes Generales. Si las Cortes Generales, o alguna de las Cámaras, manifestaran reparos en el plazo de treinta días a partir de la recepción de la comunicación, el convenio deberá seguir el trámite previsto en el párrafo tercero de este artículo. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen manifestado reparos, el convenio entrará en vigor. 3. La comunidad autónoma podrá establecer también acuerdos de cooperación con otras comunidades autónomas, previa autorización de las Cortes Generales. »

Socialistas, comunistas y Minoría Catalana expresaron su contrariedad por esos dos nuevos apartados, que, a su juicio, estaban dirigidos más hacia el Estatuto eatalán que hacia el vasco que se estaba discutiendo.