Joaquín Leguina: "UCD comienza a aceptar las ventajas de la autonomía fiscal municipal"

El decreto-ley sobre Medidas Urgentes de Financiación para los ayuntamientos, aprobado ayer en Consejo de Ministros, contempla una serie de disposiciones que incrementarán las arcas de las haciendas municipales en unos 35.000 millones de pesetas, de los que al Ayuntamiento de Madrid corresponderán unos 5.000 millones. El decreto es el resultado de las negociaciones (muy duras, en expresión del delegado de Hacienda municipal, Joaquín Leguina) entre el PSOE y UCD, en las que no han intervenido los comunistas.

Las negociaciones partieron a raíz de la reunión mantenida en Valencia por veinte alcaldes de las mayores ciudades españolas, hace unas semanas. De dicha reunión surgió el mandato para que los alcaldes de Madrid y Barcelona se encargaran directamente de las gestiones ante el Gobierno. Las negociaciones se celebraron entre Narcis Serra, alcalde de Barcelona, Joaquín Leguina y Baltasar Aymerich, responsables de Hacienda en Madrid, por parte del PSOE, y Abril Martorell, Antonio Fontán y Jaime García Añoveros, por el Gobierno de UCD.Según explicaron los señores Aymerich y Leguina en una rueda de prensa celebrada ayer, el acuerdo se interpreta como una posición del partido del Gobierno de abrir la mano y facilitar el ejercicio de una cierta autonomía fiscal municipal, lo que no quiere decir que UCD no se vea favorecido también. En efecto, si los ayuntamientos ejercen una mayor presión fiscal y consiguen reducir los déficit de las haciendas locales, se reduce paralelamente el déficit público a nivel estatal, lo que aliviará la difícil situación económica del país, problema que le corresponde solventar principalmente al partido del Gobierno.

El señor Aymerich insistió, por otra parte, en recalcar que el acuerdo se ha conseguido a nivel de partidos, entre socialistas y ucedistas. Preguntado sobre si la exclusión de los comunistas de las negociaciones no podría producir cierto resquemor, respondió en el sentido de que el PSOE mantiene el pacto a nivel municipal, pero que eso no coarta su actuación a otros niveles, que debe ejercitar en virtud de su protagonismo político como mayor partido de la Oposición.

Suben los impuestos

Entre las medidas fiscales más importantes recogidas en el decreto figura la actualización del catastro de inmuebles y la supresión de una serie de exenciones que afectan también a las viviendas de protección oficial. Se creará un consorcio, en el caso de Madrid y Barcelona, para que el control del pago de la contribución urbana se lleve conjuntamente por el Ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento. Se espera que las nuevas imposiciones permitan recaudar unos 1.700 millones de pesetas. Una cantidad similar significaría la participación en la subida de la gasolina, cifrada en dos pesetas por litro.En cuanto a las licencias fiscales industriales, el decreto contempla una subida del 35% al 70%, con posibilidades de llegar hasta el 100%. En pesetas, la modificación fiscal supondrá unos trescientos millones anuales. También el impuesto de radicación de industrias, comercios, etcétera, experimentará una importante subida, que permitirá la recaudación de unos mil millones. Los profesionales liberales (abogados, artistas, etcétera) tendrán que pagar por el ejercicio de su actividad, cosa que sucedía en todas las ciudades españolas menos en Madrid. En este caso, los beneficios municipales ascenderán a unos veinte millones. Por último, el decreto tiende a frustrar las prácticas picarescas de algunos sectores, como el de los restaurantes de lujo, que sólo pagaban impuesto los de cuatro tenedores o más, aunque en realidad existen muchos que por sus precios entran en estas categorías, pero oficialmente tienen tres o menos tenedores. A partir de la aprobación del decreto pagarán todos.

Los socialistas aceptaron en contrapartida que el Estado no pague contribución urbana por los edificios que ocupa en la capital. En cambio, en caso de que el Gobierno adquiera compromisos con determinados sectores sociales o firme convenios internacionales por los que se fije una exención de impuestos a edificios como embajadas o iglesias, tendrá que entregar al Ayuntamiento las cantidades no cobradas por éste, para que este tipo de consideraciones políticas no se hagan a costa de mermar los ingresos municipales.