Decreto ley para que los ayuntamientos aumenten sus impuestos y supriman reducciones tributarias

El Consejo de Ministros se reunirá el próximo miércoles, festividad de Santiago, con el fin de dedicar una sesión monográfica al programa económico que ha de presentar en las Cortes. En su reunión de ayer, el Gobierno examinó un conjunto de medidas para paliar el déficit del gasto público en unos 100.000 millones de pesetas durante el segundo semestre del año y aprobó un decreto-ley sobre medidas urgentes de financiación para los ayuntamientos.

Entre las medidas que contempla el informe sobre el gasto público, destacan las siguientes:- Reducción de un 2% del gasto público total previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 1979. Esta reducción se efectuará sobre los gastos corrientes y supondrá enjugar el déficit -según las previsiones oficiales- en unos 30.000 a 40.000 millones.

- Nuevo orden financiero y fiscal para los ayuntamientos, que supondrá la absorción de 30.000 millones de pesetas del déficit total del sector público.

- Aplazamiento por dos o tres años en la percepción de trienios por servicios prestados al Estado en interinidad; ello supondrá una reducción de unos 18.000 millones de pesetas, y, por fin, otras medidas de reducción -que no se especifican- para la Seguridad Social y las empresas públicas.

Más impuestos municipales

El decreto-ley aprobado ayer por el Gobierno -y que será tramitado posteriormente como proyecto de ley- «pretende autorizar a los ayuntamientos», dice la información oficial, «a establecer, dentro del marco de sus propias responsabilidades, una serie de medidas impositivas para sufragar los gastos presupuestarios de las distintas corporaciones locales».

Entre las medidas del decreto ley que fueron conocidas ayer se encuentras las siguientes:

1. La actualización de los valores catastrales de la Contribución Territorial Urbana.

2. La derogación de exenciones de la contribución territorial urbana, hasta un 50% temporalmente.

La derogación de reducciones permanentes de la contribución territorial urbana.

La derogación de bonificaciones de la deuda tributaria,

3. Aumento del recargo municipal sobre la cuota del Tesoro respecto de la licencia fiscal del impuesto industrial y de la licencia fiscal de profesionales y artistas. El recargo provincial permanece en su porcentaje actual.

4. Aumento de los impuestos que gravan las gasolinas y participación correlativa a favor de los ayuntamientos. Se aumenta en dos pesetas la venta de gasolina súper y la de octanaje igual o superior a 90.

Los precios fijados por la orden de 2 de julio de 1979 no experimentan modificación, pues el aumento de este impuesto y la participación correlativa a favor de los ayuntamientos sustituye a la participación correspondiente en la renta de petróleos.

5. Se regulariza el impuesto municipal de radicación.

6. Se autoriza a los ayuntamientos a gravar, a través de impuestos municipales, los gastos suntuarios de restaurantes y cafeterías y establecimientos similares, y el disfrute de viviendas calificadas como suntuarias.

Asimismo, el real decreto-ley establece la obligación que las corporaciones locales tienen de elaborar y aprobar anualmente un presupuesto general consolidado en el que se integren el presupuesto ordinario y los presupuestos especiales de urbanismo y de los servicios, órganos y demás entes dependientes de la Corporación.

El real decreto-ley establece la obligación de publicar en el Boletín Oficial de la Provincia trimestralmente un estado detallado de la ejecución de los presupuestos de las entidades locales, capitales de provincia o con población superior a 100.000 habitantes.

Esta publicación será requisito indispensable para autorizar expedientes de emisión de deuda, para aprobar los presupuestos extraordinarios, así como para percibir las entregas correspondientes al Fondo Nacional de Cooperación Municipal.

Impuestos consensuados

En el transcurso de la conferencia de prensa para informar del contenido del Consejo de Ministros, el secretario de Estado para la Información, Josep Meliá, comentó, a preguntas de los informadores, que este conjunto de medidas no provocaría contestación por parte de las fuerzas políticas, toda vez que se trata de medidas «en cierto modo consensuadas», dijo, «y las que tienen mayor incidencia fiscal son peticiones de los alcaldes de ciudades importantes que se han reunido con el presidente Suárez últimamente».

Respecto al déficit del gasto público, el señor Meliá comentó que se venía produciendo en los últimos años por muy distintas vías: presiones sindicales, presiones del Parlamento, decisiones del propio ejecutivo y, en definitiva, por un conjunto de actuaciones cuyas consecuencias», continuó el señor Meliá, «se han transferido al futuro sin evaluar sus consecuencias, hasta llegar a la situación actual ».

Generalitat

Tal y como adelantó en su conferencia de prensa del jueves el presidente de la Generalitat, Josep Tarradellas, el Consejo de Ministros de ayer acordó una serie de transferencias al órgano preautonómico catalán y ha facultado al presidente de la Generalitat para convocar a los presidentes de las diputaciones catalanas a efectos de coordinar las funciones de integración. También se acordó restituir un amplio conjunto de obras de arte trasladadas a otros lugares durante la guerra civil.

Convenios europeos

Se ha autorizado la ratificación de tres convenios del Consejo de Europa: el relativo al estatuto jurídico del trabajador emigrante, la carta social europea y el convenio europeo sobre represión del terrorismo.

Por otros acuerdos del Consejo celebrado ayer se aprueba un decreto sobre asociación de los funcionarios de instituciones penitenciarias, así como diversas obras públicas por un total aproximado de 4.000 millones de pesetas. El Instituto de la Vivienda construirá 2.500 viviendas, entre las que destacan 508 en Ceuta y 509 en Utrera (Sevilla).

Cuarenta y nueve institutos

Se ha aprobado la incorporación de la lengua gallega al sistema educativo de Galicia, durante la actual situación transitoria y hasta la promulgación de su Estatuto de Autonomía.

Igualmente se aprobó la creación de 49 nuevos institutos de BUP, veintiún centros de formación profesional, seis centros de educación permanente de adultos, una escuela de artes aplicadas y un centro estatal de educación especial.

La creación de estos 77 centros educativos supone una inversión en construcción y equipamiento de cerca de 5.000 millones de pesetas y la creación de unos 50.000 nuevos puestos escolares.

Los 49 institutos de BUP, que entrarán en funcionamiento en octubre próximo, están ubicados en las siguientes provincias: Murcia (2), Sevilla (4), Madrid (6), Almería, Granada, Jaén, Cádiz y Pontevedra (2), Cáceres (2), Barcelona (6), Vitoria y Málaga (2), Alicante (4), Burgos y Valladolid (2), Zaragoza (3), Vizcaya (4), Huesca, Orense, Gerona e Ibiza (1).

Los centros de formación profesional se sitúan de la siguiente forma: Oviedo (2), Pontevedra (2), Valladolid, Baleares, Castellón, Córdoba, Granada, La Coruña, Murcia, Salamanca, Valencia, Vizcaya, Almería, Guipúzcoa, Burgos, Sevilla, Barcelona, Lérida y Madrid (1). La escuela de artes aplicadas y oficios artísticos estará en Guadalajara.

Gobernador civil de Huelva

Los nombramientos acordados por el Consejo de ayer son estos: gobernador civil de Huelva, Jesús Posada Moreno; embajador observador permanente en la OEA, Eduardo de Zulueta; embajador en Jordania, Carlos Luis de Pedroso; capitán general de la IX Región Militar (Granada), teniente general Antonio Delgado Alvarez; delegados provinciales de Obras Públicas y Urbanismo en Alicante, Almería, León y Tenerife, José Antonio de la Torre, Angel Mollinedo, Santiago Diez y José Sainz de Oiza, respectivamente.

Presidente del patronato del parque de Doñana, Borja Cardelus Muñoz-Seca, y delegados provinciales del Ministerio de Cultura en La Coruña, Logroño, Pontevedra, Tenerife y Vizcaya, Manuel José Vidán, Gabriel Moya Valgañón, Gerardo González Martín, Ignacio García Talavera y Clemente Ríos Rico, respectivamente.