La libertad expulsada
MIENTRAS LOS personajes y personajillos del mundo político se perecen por salir en las páginas de los periódicos y revistas -y no digamos de la TV, frente a la cual se marchitan todas las dignidades-, los funcionarios y agentes del segundo nivel siguen mirando al periodista con toda suerte de reticencias, cuando no con franca suspicacia. Los periodistas se bandean con la mejor de sus complacientes esquizofrenias entre la comida del ministro y el culatazo del agente de turno,Al fin y al cabo siempre ha sido así. Dos hechos llaman, sin embargo, la atención sobre el más reciente tratamiento del Gobierno español a periodistas. Hace unas semanas el holandés Jan Keulen fue expulsado de nuestro territorio por publicar en su periódico, De Volkskrant, una información aventurada y sin pruebas, en la que acusaba a miembros de la policía de algún tipo de complicidad en el asunto de California 47. Ahora ha sido el fotógrafo de prensa chileno Tadeusz Gedmin Malinowsky quien ha sido expulsado de nuestro país por intentar fotografiar, en la habitación de la ciudad sanitaria Francisco Franco, al diputado Gabriel Cisneros, gravemente herido en un reciente y criminal atentado. El compañero y colega que le condujo en su coche a las cercanías del hospital, Guillermo Armengol Antonio, al ser nacional -y, por tanto, inexpulsable- ha sido multado -lo mismo que el fotógrafo- con medio millón de pesetas. Estos hechos son todo un síntoma preocupante de cómo entiende la Administración sus deberes y derechos con relación a la prensa, tanto nacional como extranjera.
Si el periodista holandés publicó una noticia falsa es necesario un proceso o un sumario judicial que así lo establezca, y en el que se oiga a las partes afectadas. Lo esencial en la democracia es garantizar el derecho a ser oído que tiene todo acusado. El periodista holandés no recibió rectificación alguna por parte de las autoridades españolas, que han aplicado en estos casos que comentamos las más depuradas técnicas estalinistas. Es el poder judicial y no el ejecutivo el que tiene que sancionar los abusos de la libertad. Donde el ejecutivo es omnipotente no hay prensa libre y, por consiguiente, tampoco democracia.
La expulsión del fotógrafo chileno y la multa que le ha sido impuesta, así como a su colega español, entra ya en el terreno de la más clara arbitrariedad y linda con un brote de xenofobia que frente al exilio latinoamericano deno tan los funcionarios. No es posible desconocer el derecho inviolable a la vida privada y el respeto que se debe a un ser humano herido gravemente en un atentado. Y es perfectamente lógico que se quiera defender el derecho a la intimidad del periodista, antes que diputado, Gabriel Cisneros. Pero un fotógrafo de prensa está profesional mente obligado a intentar obtener el testimonio gráfico de la noticia que busca. Y si se ha decidido impedirlo, la misión de la Administración es, desde luego, esa: pero impedirlo no es expulsar al fotógrafo, sino vigilar y guar dar la habitación del herido. La falta profesional es la de los encargados de esta vigilancia. Al fin y al cabo, una fotografía -esto es, la verdad- nunca ha matado a nadie. Pero ahora, en lugar de apresar a los terroristas se multa o expulsa a los periodistas. La historia es de las de Carrero Blanco.
La expulsión de un súbdito extranjero, en principio, debiera ser decretada por el poderjudicial, tras el correspondiente expediente y proceso. La legislación española sobre extranjería es complicada, obsoleta, xenófoba y arbitraria; los trámites para obtener permiso de residencia son largos, complejos, repletos de cortos plazos, de servidumbres lastimosas y de multas repetidas, y ni siquiera los cónyuges extranjeros de ciudadanos españoles se libran de todas estas trabas, que pasan por colas infamantes, por despachos mugrientos y galdosianos y por funcionarios altivos y desdeñosos que tratan a los extranjeros como ciudadanos de segunda categoría. Como el poder de la Administración -del Ministerio del Interior en este caso- es total e incontrolado, la situación no puede ser peor.
Y todo ello se une a la campaña de xenofobia que sufren estos años más que nadie los ciudadanos latinoamericanos que han llegado a nuestra patria -que, en principio, debiera también ser suya- en busca de un asilo, al que pensaban tener cierto derecho. Sesenta mil latinoamericanos han arribado a nuestras costas tras las terribles resacas provocadas por la implantación sangrienta y cruel de regímenes dictatoriales en América Latina, especialmente en el Cono Sur. Y frente a la generosidad con que aquel continente ha acogido históricamente a las sucesivas oleadas de emigrantes y exiliados políticos españoles, a los que su propio país expulsó de su seno, España se muestra con esta emigración latinoamericana con una reticencia y tacañería que nos hace enrojecer de vergüenza.
Normas legales que se incumplen, multiplicación de trabas administrativas, órdenes de expulsión fulminantes y arbitrarias, todo eso es administrado cuidadosamente sobre las cabezas de estos latinoamericanos, amén de una sutil campaña de intoxicación cada vez más insidiosa, y que lo mismo aprovecha el que cualquier raterillo o ladrón de coches sea latinoamericano o chileno un osado fotógrafo de prensa para subrayar su nacionalidad. con grandes alharacas.
En definitiva, hay que preguntarse si estas dos expulsiones que comentamos marcan el comienzo de una actividad inquisitorial del Gobierno español, con desprecio de las atribuciones de los jueces sobre la libertad de expresión. Para no recordar que la única manera de dar contestación cumplida a los excesos de un corresponsal holandés o a la audacia de un fotógrafo chileno es descubrir y detener a los autores del criminal atentado contra California 47 o contra Gabriel Cisneros. Hechos sobre los que, por cierto, el Gobierno no parece encontrarse, por el momento, muy informado.
