El Arzobispado de Madrid y la abogacía, mantienen sus posiciones sobre los tribunales eclesiásticos

El Arzobispado de Madrid-Alcalá y el Colegio de Abogados de Madrid han fijado públicamente sus posiciones sobre el conflicto surgido en los últimos días con motivo de la decisión adoptada por la Vicaría Judicial de exigir la realización de una prueba teórica y práctica a aquellos abogados que quieran ejercer la profesión ante los tribunales eclesiásticos.

La posición del Arzobispado de Madrid-Alcalá está contenida en una nota de su gabinete de prensa, remitida a los medios de comunicación y publicada por el diario Ya el pasado sábado, día 30 de junio, en la que se manifestaba que la decisión de la Vicaría Judicial «cuenta con el apoyo del señor cardenal-arzobispo». La nota del Colegio de Abogados de Madrid, hecha pública ayer, tras una reunión de su junta de gobierno, anuncia que «se nos fuerza a adoptar las medidas necesarias para asegurar la libertad de ejercicio profesional de los abogados de nuestro colegio».El Arzobispado de Madrid Alcalá basa su posición en la libertad del prelado, de acuerdo con las normas del Derecho Eclesiástico, para «aceptar o rechazar tanto a los ministros del tribunal como a cuantos colaboran con éste» y califica de «anacronismo» la posible injerencia en este asunto de otros organismos civiles. Tras afirmar que la iniciativa de la Vicaría Judicial, de reunir a los abogados eclesiásticos para dialogar con ellos y adoptar las normas que sean aconsejables para un mejor funcionamiento y ejercicio de la justicia, cuenta con el apoyo del cardenal-arzobispo de Madrid, la nota añade que «de ningún modo se pretende que dicha asociación, de carácter estrictamente eclesiástico, tenga efectos o actuaciones civiles, ni atente contra derechos contraídos individual o colectivamente».

«Carecen, pues, de fundamento», concluye la nota del Arzobispado, «los rumores, falsas alarmas y sospechas de los que pretenden ver aquí un problema de competencias Iglesia-Estado, que, si surgiera, habría de ser solucionado a la luz de los acuerdos entre el Gobierno y la Santa Sede y por las altas partes contratantes, y no por medio de pactos entre entidades inferiores.»

Nota del Colegio de Abogados

La nota del Colegio de Abogados de Madrid, por su parte, recuerda de entrada la «sorpresa» que causó a dicha corporación la noticia sobre un proyecto de creación de un llamado colegio de abogados y procuradores en el ámbito de los tribunales eclesiásticos, proyecto que luego fue abandonado, según reiteradas seguridades dadas al respecto por las autoridades eclesiásticas.Sobre las normas que la Vicaría Judicial pretende exigir a los abogados para el ejercicio de su profesión ante los tribunales eclesiásticos, la nota precisa que «esta novísima exigencia no la puede aceptar la abogacía española porque los tribunales eclesiásticos gozan y pretenden seguir gozando en el futuro del privilegio de que las sentencias por ellos dictadas en causas de nulidad matrimonial produzcan efectos en el campo civil; pero tales efectos exigen, a su vez, de la jurisdicción eclesiástica el respeto de las normas constitucionales y de aquéllas que regulan el ejercicio de la profesión de abogado en este país».

La nota del Colegio de Abogados de Madrid hace referencia al artículo 24 de la Constitución, en el que se asegura al ciudadano la posibilidad de ser asistido por letrado en las actuaciones procesales. «El letrado al que se refiere la Constitución», se añade, «no puede ser otro que el abogado, cuya norma de actuación se recoge en el Estatuto General de la Abogacía, cuyo artículo 14 prohíbe someter al licenciado en Derecho a cualquier prueba teórica o práctica, bastándole su titulo universitario para el ejercicio profesional. »

«Mientras el vicariato judicial de Madrid», prosigue la nota, «suscita ahora una nueva exigencia para los verdaderos abogados, mantiene, en cambio, las autorizaciones para ejercer ante los tribunales eclesiásticos a quienes ni poseen el título de licenciado en Derecho expedido por la universidad española, ni están incorporados al Colegio de Abogados, ni levantan las cargas colegiales, ni pagan los impuestos propios de nuestra profesión.»

Tras precisar que el Colegio de Abogados de Madrid, siguiendo las directrices del Consejo General de la Abogacía y de la asamblea de decanos celebrada en Madrid el 8 de junio, ha intentado buscar una solución a través de negociaciones con la Vicaría Judicial, la nota señala que «se nos fuerza, pues, a adoptar, con el apoyo de nuestro Consejo General y de los demás colegios de España, las medidas necesarias para asegurar la libertad de ejercicio profesional de los abogados de nuestro colegio, que es, al propio tiempo, la garantía para los justiciables de que podrán también elegir libremente el abogado que merezca su confiatiza para la mejor defensa de sus legítimos derechos».

El Colegio de Abogados de Madrid alega, finalmente, que «nada objetaríamos si este asunto se refiriese a aspectos estrictamente religiosos dentro del ámbito de la comunidad cristiana y no extendiese -como extiende- sus consecuencias al territorio civil».