Abril insinuó ayer la necesidad de un pacto de productividad con restricciones salariales

El vicepresidente segundo del Gobierno, Fernando Abril, encargado de los Asuntos Económicos, intentó justificar ayer la drástica subida aplicada a los productos energéticos en la necesidad de repercutir el incremento de costes derivado de las decisiones de los países de la OPEP directamente en los consumidores, dadas las limitaciones presupuestarias del sector público, que impedían absorber siquiera en parte (limitando las cargas impositivas) los nuevos precios del petróleo crudo. Al mismo tiempo, el máximo responsable de la política económica salió al paso de las posibles demandas sindicales de incremento de los salarios, indicando que el empobrecimiento que el alza del petróleo suponía para el país (220.000 millones de pesetas anuales) debía ser asumido colectivamente y no dirimido en una pugna violenta entre los distintos grupos sociales.

«Cualquier estrategia salarial que quiera montarse es compleja. Lo importante en estos momentos es que todo el mundo se dé cuenta de que nos hemos empobrecido. Esto trasciende la ideología y se sitúa en el campo de lo real. Podemos aceptar el empobrecimiento y evitar fricciones sociales (renegociaciones colectivas), con lo que podremos controlar la inflación, o no aceptar la factura energética y reincidir en la inflación.» En estos términos transmitió Fernando Abril, vicepresidente del Gobierno, lo que parece ser el mensaje o noticia clave de la conferencia de prensa montada ayer para dar cuenta de las medidas tomadas por la Administración para hacer frente a la crisis energética.Aunque no llegó a decirlo claramente, el señor Abril transmitió la idea de que las fuerzas sociales tienen que sentarse a negociar aumentos de productividad y no de salario. La energía y su crisis, consumada en Ginebra la pasada semana, vino a decir el vicepresidente, echa por tierra las anteriores previsiones, nos obliga a olvidarnos de aumentos salariales y a aceptar el empobrecimiento.

En enero, más aumentos de precios

La factura de Ginebra supone para España, dijo el ministro de Industria en la conferencia de prensa, un coste adicional por la misma cantidad de petróleo de 220.000 millones de pesetas en 1980, sobre 1978. El año actual puede considerarse año puente, en el que el sobrecoste se cifra en 90.000 millones. Los aumentos de precios que entraron ayer en vigor permiten cubrir el mayor coste de las importaciones de este año, pero alcanzan sólo el 70% del sobrecoste del próximo año. Ello implica que, al margen de nuevos aumentos del precio de petróleo crudo, en enero habrá que retocar los precios de los combustibles al alza con objeto de conseguir los 50.000 millones de pesetas necesarios para cubrir el déficit estimado.El señor Abril repitió los argumentos expuestos un día antes y recordó que no se va a repercutir el mayor coste en el sector público, por la magnitud impresionante del déficit y tampoco se puede esperar una reducción de consumos si se quiere mantener un cierto ritmo de crecimiento.

Dos puntos más de inflación

El impacto directo e indirecto de las elevaciones de precios aplicadas ayer estimó el portavoz del Gobierno que será de dos puntos en el índice de precios al consumo y no quiso cuantificar cuánto puede suponer en menor crecimiento y en mayor paro. De cualquier forma, señaló, el impacto real en los precios dependerá de la reacción de los agentes económicos y de su afán de transmisión del mayor coste, o del emprobrecimiento que al país en su conjunto supone el mayor precio del petróleo. «Si se produce esa fricción para no pagar la factura, dijo Fernando Abril, no está claro qué sectores sociales saldrán ganando, aunque sí los que perderán, que evidentemente son los parados, los pensionistas y aquellos que tengan menos capacidad de presión».Las estimaciones sobre los efectos del precio de la energía en el crecimiento económico fueron aplazadas por el señor Abril hasta que esté ultimado y revisado el programa económico que el Gobierno remitirá este mes al Parlamento. El envío se retrasará una semana, con objeto de ajustar las previsiones de acuerdo con la nueva situación energética.

Decisión política en precios

A la hora de presentar las razones que han guiado la decisión del Gobierno para fijar los nuevos precios energéticos, el señor Abril dijo que son políticas y que su responsabilidad compete al Gobierno. «Se ha preferido», dijo, «incidir más directamente sobrelo que son precios finales (gasolinas de automoción, por ejemplo) que sobre precios intermedios como el transporte. Además se penalizan los productos ligeros, que son los más escasos y los que tienen mayor demanda».Con respecto a la gasolina destacó que el aumento del consumo a lo largo del año (11,7 %) es el más alto de Europa. Si la demanda no se contrae con el nuevo precio, el Gobierno está decidido a tomar medidas drásticas de racionamiento.

Según el señor Abril, la mayor parte de los ciudadanos pueden limitar el uso del vehículo privado, ya que los servicios públicos de transporte son menos malos de lo que se dice. El ministro de Industria dijo también que, en el futuro, los nuevos automóviles de los años ochenta consumirán mucha menos gasolina que los actuales.

Los nuevos precios de los gasóleos y fuel suponen, según los representantes del Gobierno, racionalizar el esquema de precios que hasta ahora, dijeron, estaba distorsionado, promocionaba el fraude y el uso irracional. Por ello se han elevado en buena proporción el gasóleo agrícola y pesquero y el de calefacciones. A los agricultores y pescadores se les primará mediante subvenciones directas, que alcanzarán los 20.000 millones de pesetas (80% para el campo y el resto para la pesca). Los mecanismos de subvención se arbitrarán por los ministerios respectivos, que pretenden negociar la distribución de esos fondos con los interesados.

Déficit de abastecimientos

El ministro de Industria, en su intervención inicial, señaló que en estos momentos está garantizado el suministro a la demanda nacional, aunque existe un agujero de suministros, cubierto por los stocks, que se cifra en casi tres millones de toneladas. «Compramos donde podamos a los precios y condiciones más favorables», dijo el señor Bustelo. Señaló también que se pretende realizar un esfuerzo informativo para concienciar al ciudadano sobre la dimensión de la crisis y que funcionarán unas «señales de alarma» que avisen de aumentos desproporcionados en el consumo.

Gasolina para los ayuntamientos

El aumento de los precios de la gasolina servirá también para cubrir parte del déficit estructural de las haciendas locales. Dos pesetas de cada litro de gasolina vendido se destinarán a los ayuntamientos. En el presente año, y según las estimaciones de consumo de gasolina, por esta vía los ayuntamientos recibirán unos 16.000 millones de pesetas, que cubren la mitad del déficit estructural de las corporaciones locales.