Precios, salarios y mitos

COMO EL vicepresidente para Asuntos Económicos ha reconocido -era imposible no hacerlo-, los precios al consumo, conocida ya su trayectoria durante los cinco meses iniciales del año, van a rebasar al final del primer semestre el límite del 6,5 % de aumento respecto a diciembre de 1978. En sí mismo ese incremento, aunque preocupante, no debería servir de argumento para una película de catástrofes. El alza de los precios al consumo durante 1977 fue un 24,5%; en 1978, un 19,8%, y en los doce meses transcurridos entre junio de 1978 y mayo de 1979, un 15,5%. Mientras en los cinco primeros meses del año pasado el aumento del índice de precios al consumo fue el 7,2%, el mismo período de este año ha registrado el 6,4 %. Así pues, lo malo no es tanto el ritmo de crecimiento de los precios como la sensación de derrota que produce no haber logrado una desaceleración mayor y las consecuencias que pueda tener sobre la claúsula de revisión de los convenios colectivos el haber rebasado el fatídico listón del 6,5% de incremento durante el primer semestre. Los precios no se ha comportado tan desastrosamente como el señor Abril Martorell cuando comprometió, con la política de indiciación de los salarios en relación con los precios y la fijación de un tope más bien arbitrario como garantía de la estabilidad salarial, las perspectivas de este difícil año 1979.La indiciación precios-salarios fue adoptada en España, con todo entusiasmo, por los sindicalistas verticales, que mostraban al tiempo una enorme fe en las posibilidades intervencionistas del Estado para sentarse encima de los precios e impedir su crecimiento. La bondad del sistema se tradujo, como era previsible, en una inflación entre dos y tres veces mayor que la de los países europeos con economía de mercado. Tras el susto que ha debido producirle el alza de los precios en los primeros cinco meses del año, el señor Abril Martorell, en su camino de Damasco desde la Diputación de Segovia hacia el liberalismo, anuncia que es necesario «desmitificar la indiciacíón». Pero ocurre que ese sano propósito tiene como principal catecúmeno al propio vicepresidente de Asuntos Económicos, devoto creyente hace sólo seis meses de ese ídolo que ha llevado a la ruina a la economía italiana y que había sido abandonado hace ya tiempo por Alemania y Japón. Porque se da la paradoja que los salarios reales, esto es, la cantidad de bienes y servicios adquiridos por la población asalariada, han aumentado más en los países en los que la indiciación ha sido relegada al desván de los trastos viejos.

Los resultados, relativamente satisfactorios, conseguidos en 1978 en la lucha contra la inflación se debieron no sólo a una mayor disciplina monetaria, con su decisiva influencia en la apreciación de la peseta, sino también a la buena cosecha y al descenso de la importación de materias primas y productos alimenticios. El señor Abril Martorell estaba en la obligación, como vicepresidente para Asuntos Económicos, de saber que esos factores podían no repetirse. Pero su agitado voluntarismo de nada le puede servir contra los tercos y obstinados hechos económicos. A finales de 1978, el señor Abril Martorell no sólo decidió eliminar del horizonte de lo posible cualquier perspectiva desagradable, sino que además hizo uso, en medio de la crisis iraní, del tristemente célebre 6,5% de aumento de los precios al consumo.

Lo sensato sería ahora mantener la cabeza fría y no dar ocasión para más desaguisados. El Gobierno debería aprender la lección y no embarcarse en la fijación de objetivos sin más fundamento que los buenos deseos y las apresuradas sumas, restas, multiplicaciones y divisiones que hace el señor Abril Martorell en su temida libreta. En ese sentido, las opiniones del vicepresidente sobre la no renovación de los convenios son un preocupante sistema de la superficialidad de su tratamiento de desmitificación, ya que suenan al más vetusto de los intervencionismos. Por lo demás, no parece que haya razones para que las empresas en las que se sobrepasó el 13% de aumento salarial o en las que no se acordó una cláusula de revisión se rompan los tratos alcanzados. En los demás casos, no sería la peor solución que los sindicatos y las organizaciones empresariales pactaran una adecuación automática en función de la elevación de los precios por encima del tope señalado. En cualquier circunstancia, es evidente que corresponde a las centrales y a las patronales, únicos sujetos legítimos de esa eventual negociación, la solución de los eventuales conflictos. Bastante tela que cortar tienen el Gobierno y su grupo parlamentario con el marco legal para las relaciones laborales y el desbloqueo del patrimonio sindical incautado o embargado.