Aprobado definitivamente el proyecto de Estatuto de Galicia

Ayer quedó definitivamente ultimado, y aprobado por la Asamblea Gallega de Parlamentarios, el proyecto de Estatuto de Autonomía para Galicia, que va a ser presentado en la presidencia de las Cortes el día 28. El tema de la capitalidad del Gobierno gallego, uno de los puntos que más preocupaba últimamente por su conflictividad, ha sido aplazado hasta una futura ley del parlamento gallego, que deberá definirse sobre la localización de las sedes autonómicas. Es decir, que provisionalmente sigue estando en Santiago.De hecho, este ha sido el único punto del Estatuto que ha motivado incluso la movilización de decenas de miles de personas. De alguna manera, los parlamentarios han querido pasar a los alcaldes una decisión de la que no gustaban responsabilizarse por sí mismos, ante las consecuencias que podría tener. El propio PSOE, que se había comprometido públicamente a defender el artículo séptimo del anteproyecto de los dieciséis, que fijaba la capital en Santiago, ayer votó la alternativa dilatoria, aprobada por veintiún votos. Otros quince votos fueron para la propuesta que intentó fijar la sede de la Junta en La Coruña y la del Parlamento en Santiago, según había sugerido el diputado Meilán Gil hace ya algún tiempo.

El asunto quedó ahora pendiente de una futura ley que deberá establecer el Parlamento, gallego con la aprobación de las tres cuartas partes, por lo menos, de sus miembros, lo que significa que en provincias como La Coruña o Pontevedra no podrán determinar por sí mismas la aprobación de esta ley, ya que el número de representantes parlamentarios quedó fijado en 37 por La Coruña, 33 por Pontevedra, y veinticuatro por cada una de las provincias de Lugo y Orense, en el articulado del propio estatuto.

La mayor parte del contenido de este articulado resultó aprobada con el asentamiento de la asamblea, constituida ayer por 37 de los 43 parlamentarios que tiene actualmente Galicia. Resultó rechazada la moción presentada por los nueve representantes socialistas en el sentido de que se introdujera en el Estatuto competencias relativas a los servicios penitenciarios.