El Gobierno, acusado de radicalizar la atmósfera social y laboral

Felipe González y Santiago Carrillo, líderes del PSOE y PCE, advirtieron seriamente ayer al Gobierno de estar provocando la radicalización de la atmósfera social y laboral con su política de negarse a la devolución del patrimonio sindical. Las sucesivas advertencias de la izquierda, con las que se solidarizaron todos los demás grupos, excepto UCD y CD, se produjeron entre protestas del vicepresidente económico del Gobierno, Fernando Abril, acerca del «porqué de este número hoy». El Congreso debatía dos mociones, socialista y comunista, sobre el tema que UCD sólo pudo rechazar por cuatro votos de ventaja.

La moción socialista pedía que el Gobierno iniciara inmediatamente negociaciones con los sindicatos y consultara con ellos el desarrollo de la Constitución en temas laborales. El diputado José Vida Soria, al defender la propuesta, manifestó que el Gobierno lleva un año alegando dificultades jurídicas, cuando lo que se precisa es una decisión política. Por UCD, José Manuel Pérez Millares respondió que el Gobierno está dispuesto a negociar sobre el patrimonio sindical incautado tras la guerra civil y a escuchar los puntos de vista de sindicatos y empresarios para la regulación legal de las relaciones laborales, pero que, en último caso, decidirían las Cortes. Por su parte, Miguel Roca, de la Minoría Catalana, propuso que se forme una comisión mixta que aclare los problemas técnicos.Rechazada la moción con los votos en contra de UCI) y CD, Gregorio Peces-Barba expresó la indignación del Grupo Socialista por la incapacidad del Gobierno para arreglar un problema que causa graves perjuicios a la sociedad. Calificó de lamentable que esto ocurra el mismo día que el Jefe del Estado está en Suiza representando a España ante la Organización Internacional del Trabajo. Valentín Antón, de Socialistas de Cataluña, acusó al Gobierno de negarse rotundamente a que los sindicatos adquieran presencia en la vida de nuestro país y advirtió que se trata de un problema de Estado, porque no habrá democracia consolidada sin sindicatos fuertes, y no habrá sindicatos fuertes si se les niega el pan y la sal.

El señor Pérez Millares replicó que la OIT recomendó que el Gobierno y los sindicatos llegarán a una fórmula de entendimiento, y que eso es a lo que está dispuesto su partido. A continuación, tomó la palabra el señor Abril para afirmar que si éste es un problema de Estado «tal vez no convenga echar a discutirlo a primerizos que no saben dar el tono». Esta intervención provocó un intento de rectificación por parte de Felipe González, al que el presidente de la Cámara negó la palabra, por no corresponderle el turno.

Después se debatió la moción comunista, que añadía a la socialista que se fije un plazo de sesenta días para entregar a los sindicatos setecientos locales de reunión administrados por la AISS. Aprovechando el turno que correspondía a su partido en esta ocasión, Felipe González subió a la tribuna y enérgicamente, mientras la Cámara escuchaba en absoluto silencio, pidió al Gobierno que no hiciese alusiones agresivas a la oposición, porque no está precisamente en condiciones de llamar principiantes a los socialistas. Dijo después que su grupo había llegado a creer que el Gobierno estaba por devolver el patrimonio sindical, pero que con sorpresa habían oído después demasiados argumentos juridicistas, cuando el problema es que la democracia aún no se ha logrado en el campo de las relaciones laborales.

Pidió al Gobierno que se deje de argumentos legalistas y negocie el problema desde la verdadera perspectiva que es esencialmente política.

El vicepresidente Abril comenzó su réplica preguntando: «¿A qué viene este número hoy y por qué no se quiso esperar a que este tema fuese tratado un día en que estuvieran en la Cámara el ministro de Trabajo y los secretarios generales de CCOO y UGT?. » En la misma línea, manifestó su impresión de que se pretende llamar la atención y hacer demagogia, al mismo tiempo en las Cortes y en la OIT. Por último, aseguró que el Gobierno está dispuesto a desbloquear el tema mediante la nego.ciación.

Rechazada la moción por 144 votos en contra (UCD y CD), 140 a favor y tres abstenciones, Felipe González dijo que el Gobierno está echando leña al fuego de los conflictos, envenenando la situación, y que habrá que dar la razón a quienes piensan que a UCD no le gustan CCOO y UGT, por lo que está esperando que surja un sindicato amarillo para darle su apoyo.