Las minorías, divididas ante la solución de los desequilibrios regionales

Los grupos parlamentarios minoritarios se dividieron en el debate sobre desequilibrios territoriales que se desarrolló ayer en el Congreso en un sector más numeroso, que vinculó este problema al modelo económico de sociedad imperante, y en otro, más reducido, que culpó a las diferencias entre las regiones de la intensidad del problema. En general, los grupos nacionalistas o situados a la izquierda aseguraron que la autonomía no produce desequilibrios económicos, mientras que los sectores de la derecha y de concepciones más centralistas advirtieron de los peligros que puede desencadenar el desarrollo autonómico en orden a la desigualdad entre las nacionalidades y regiones del Estado.Gran parte de la primera ronda de intervenciones se produjo ante la ausencia casi total en el banco azul. Sólo el ministro de Administración Territorial, Antonio Fontán, acompañado más tarde por el vicepresidente segundo, Fernando Abril, y en ocasiones por el ministro para las Relaciones con las Cortes, Rafael Arias Salgado, asistieron a buena parte de este debate, lo que ocasionó críticas desde los portavoces de la oposición. Asimismo, la sesión plenaria de ayer se distinguió de otros debates sobre temas generales por la ausencia de una previa comunicación del Gobierno o de la intervención de algún miembro del Gabinete al comienzo de la sesión.

Abrió el turno de oradores Emilio Pérez Ruiz (Grupo Andalucista), quien tuvo palabras duras en defensa de Andalucía. «No nos engañemos», dijo; «hoy por hoy, España está marcada por los afanes de independencia del Norte y los afanes de justicia del Sur por la torpeza e impotencia del centro. Hay que atender al Norte, pero hay que atender al Sur. Ese es el doble desafío.»

Detalló la situación de dependencia económica que padece el pueblo andaluz y, concretamente, señaló que para acabar con el paro son necesarias inversiones de 500.000 millones de pesetas anuales durante cinco años. Propuso la autonomía plena y urgente para Andalucía y la realización de un plan económico de promoción y ordenación sectorial, equipamientos colectivos e integración territorial.

Réplica vasco-catalana

El contrapunto de esta intervención lo ofrecieron los grupos nacionalistas vasco y catalán, que, sin duda, se dieron por aludidos. Antonio Monforte (PNV) se refirió a la conveniencia de evitar tópicos y lugares comunes. Recordó que en determinadas nacionalidades y regiones lo que ocurre es que el capital no invierte y aprovecha la mano de obra barata. Asimismo, señaló que no debe confundirse a los sectores oligárquicos de algunas nacionalidades y regiones prósperas con los pequeños y medianos empresarios.

En cualquier caso, el señor Monforte resaltó que la inversión del Estado en el País Vasco es del orden de un 60% sobre la media en el resto del Estado y destacó también la falta de equipamientos y servicios sociales, mientras que la mayor parte de las inversiones públicas afectan a grandes empresas vinculadas a la Administración central.

El señor Monforte, sin dejar de aludir al alto índice de paro, en el País Vasco, superior a la media del resto del Estado, expresó, en todo caso, la voluntad de solidaridad de los vascos «que aparece claramente expresada», dijo, «en el Estatuto de Guernica». Expresó su esperanza en las facultades de autogobierno de las comunidades autónomas y recordó que la política centralizadora no ha conseguido eliminar los desequilibrios regionales.

En nombre de la Minoría Catalana, Jordi Pujol recordó que su grupo había sido el proponente del debate y se lamentó de que el Gobierno asistiese a él más como espectador que como elemento activo.

El señor Pujol condenó de antemano la posibilidad de que el debate se convirtiera en un intercambio de acusaciones, ya que este hecho «podría tener», dijo, «una extraordinaria gravedad». Rechazó tanto los argumentos de algunos sectores catalanes que explican todos los males de Cataluña por la emigración y otras importaciones de problemas, como los razonamientos de quienes acusan a Cataluña de los problemas de otras regiones.

«Hasta ahora se han repartido libertades, que no tienen límites; ahora hay que distribuir dinero, que es limitado.» Apeló a la necesidad de progreso y solidaridad, sin claves anticatalanas ni antivascas, ya que «la insolidaridad», dijo, «no es patrimonio de nadie». Aludió al momento previo a la discusión de los estatutos de autonomía como propicio para que renazcan viejos reflejos y pidió a la clase política que esté atenta para que la maniobra no prospere. Negó que se pidiera autonomía por razones económicas. «La pedimos porque queremos que se nos respete nuestra identidad de catalanes.»

Los grupos socialistas más reducidos (el vasco y el catalán) pusieron el acento en la necesidad de solidaridad, compatible con la autonomía. Por el primero, José Antonio Maturana aludió a los problemas provocados por la emigración y la inmigración, entre ellos el desarraigo de gran parte de la población. Por los socialistas catalanes, Eduardo Martín Toval recordó los preceptos constitucionales encaminados a la solución de los desequilibrios territoriales, y en aplicación de los mismos propuso un plan de equilibrio regional y una comisión de seguimiento del cumplimiento del plan. Rechazó las consideraciones aisladas o demagógicas de los desequilibrios territoriales existentes y reivindicó para las autonomías un papel importante para su solución, en la que el Gobierno también debe participar activamente, tanto desde la tribuna de oradores del Parlamento como a través del Boletín Oficial del Estado.

Frontera en el debate

Los dos diputados que intervinieron en nombre del Grupo Mixto marcaron la frontera entre los dos modos de afrontar el tema a debate. Fernando Sagaseta, por Unión del Pueblo Canario, atribuyó todos los males de los desequilibrios territoriales existentes a la dictadura económica que todavía subsiste y que se ha constitucionalizado en la fórmula de la economía de mercado. Aseguró que sólo una planificación vinculante evitaría los desequilibrios. Dijo que en los demás pueblos no hay enemigos, y que el problema es de clase dominante y dominada y de pueblos colonizados por una clase como la que UCD representa.

Hipólito Gómez de las Roces, en nombre del Partido Regionalista Aragonés, expresó, en cambio, el peligro de que los desequilibrios interregionales se perpetúen con las autonomías. Señaló que existen regiones enriquecidas más que ricas. Resaltó que alguna provincia tiene una renta equivalente a la conjunta de otras veintitrés provincias españolas. Terminó afirmando que nadie puede creer que algunas regiones «hayan hecho voto de pobreza».

Por Coalición Democrática, Antonio Carro se manifestó en una posición netamente constitucionalista sobre el tema de los desequilibrios. Analizó el problema a nivel mundial y europeo y señaló después que en España, durante la bonanza económica de los años sesenta, quizá pudo apreciarse cierta ligera tendencia niveladora entre las diversas regiones. Añadió que, a raíz de la crisis de 1973, los desequilibrios regionales van en aumento. El señor Carro no pudo sustraerse al recuerdo de su región, Galicia, de la que dijo que «está a la cola de todos los indicadores del bienestar».

El diputado de CD reconoció la dificultad del problema y refutó que la solución fuera, como habían indicado algunos grupos parlamentarios, un acelerado proceso de autogobierno de las diversas comunidades autónomas, al que en principio se mostró favorable. «Pero se equivocan», dijo, «quienes cifran en dicho proceso toda esperanza de solución y adecuado encauzamiento de los desequilíbrios territoriales». Añadió que la libertad y espontaneidad derivadas de la autonomía «no favorece precisamente el deseado equilibrio de igualdad interregional». «Más bien al contrario, el proceso autonómico, si se le deja jugar con espontaneidad, acelerará la agravación de los desequilibrios regionales». En todo caso el señor Carro se mostró partidario del proceso autonómico dentro del marco establecido por la Constitución, en la que residen remedios distintos a la autonomía para lograr la solidaridad interregional. Analizó tales soluciones, a saber: la función redistribuidora de la Hacienda estatal y los Presupuestos Generales del Estado; la solidaridad entre todas las nacionalidades y regiones, instrumentada a través del fondo de compensación, y la planificación equilibradora del desarrollo regional.