UCD podría eludir un debate autonómico demasiado centrado en la Constitución

El grupo centrista no tiene perfilados todavía los motivos de desacuerdo a los proyectos de estatuto de autonomía vasco y catalán, tras la tercera reunión de miembros del Gobierno y diputados notables de Unión de Centro Democrático (UCD), celebrada ayer en el palacio de la Moncloa. En los últimos encuentros ha comenzado a dibujarse una corriente de opinión partidaria de evitar que el debate parlamentario sobre los estatutos sea excesivamente constitucionalista. Según esta corriente, UCD no tiene necesariamente que fundamentar en la Constitución sus objeciones, sino que puede razonarlas con base en una determinada política gubernamerital. El comité ejecutivo de UCD podrá tomar la decisión definitiva en la reunión que probablemente celebrará mañana.Las ventajas que se derivarían de esta posición, según quienes la mantienen, serían las de desdramatizar el debate autonómico, al tiempo que el Gobierno y UCD eludirían el riesgo de convertirse en intérpretes de la Constitución, lo que podría acarrear una pugna entre exégetas contradictorios del texto fundamental cuya consecuencia final sería un excesivo desgaste político. Las controversias sobre la Constitución deben dirimirse -según esta tesis- en el único y exclusivo marco del Tribunal Constitucional.

Si prospera esta posición, los motivos de desacuerdo del grupo centrista a los proyectos de estatuto vasco y catalán arrancarían sólo de la política autonómica del Gobierno, a fin de permitir una mayor flexibilidad en el debate y evitar que una excesiva apelación a la Constitución condujera a algunas instituciones, concretamente a las Fuerzas Armadas, a plantear su papel constitucional ante una supuesta violación de la Carta Magna, antes de que decida el Tribunal Constitucional.

Un anticipo de la política gubernamental en materia autonómica podrá deducirse tal vez en el debate que sobre política general del Ministerio de Administración Territorial se celebrará el próximo martes en la correspondiente comisión del Congreso de los Diputados.

Fuentes centristas enjuiciaron el tono general de los proyectos de estatuto, incluido el de Galicia -anticipado ayer por EL PAIS-, como excesivamente miméticos y demasiado acaparadores de competencias, con base en la carencia constitucional de un numerus clausus. Asimismo, les acusaron de una tendencia a reivindicar las palabras más que las atribuciones con cretas. Por último, respecto al inicial planteamiento conjunto o, por lo menos, coordinado, de los proyectos vasco y catalán, las mismas fuentes vaticinaron una guerra política entre los patrocinadores de uno y otro para los meses próximos. En el horizonte se adivina después una carrera entre Andalucía y Galicia para el puesto tercero, que Rafael Escuredo, presidente de la Junta de Andalucía, reivindica para su región, a la que atribuye la consideración de nacionalidad.

Respecto a la ruptura de contactos con el Partido Nacionalista Vasco (PNV), por parte del partido gubernamental, otras fuentes centristas, de procedencia vasca, acusaron al PNV de haber roto el acuerdo suscrito a finales de 1977, y trasladado después a la Constitución, de no plantear el tema de la integración de Navarra en Euskadi hasta tanto no se produjera un referéndum entre los navarros sobre el tema. Tales fuentes consideran que la presentación de Carlos Garaicoechea, parlamentario foral navarro, a la presidencia del Consejo General Vasco materializó dicha ruptura. Desde esta perspectiva se pretende justificar la respuesta gubernamental, en forma del decreto de incompatibilidad entre uno y otro cargo.