Proyecto para abolir la guillotina en Francia

Los partidarios de la abolición de la pena de muerte en Francia estiman que han conseguido un tanto, tras el voto favorable de la comisión legislativa de la Asamblea Nacional a un proyecto de ley que suprimiría la guillotina en el único país de Europa occidental que aún mantiene la pena capital. Jurídicamente este voto no es determinante y es posible que el Gobierno, una vez más, congele el asunto reduciéndolo a un debate de orientación en el hemiciclo.Desde hace dos siglos, en este país, algún abolicionista se las ingenia cada dos por tres para someter a debate público el tema de la pena capital. La cuestión filosófica planteada por la persistencia de la guillotina, los mil argumentos a favor de la no ejemplaridad de la pena capital, han sido desarrollados y expuestos de todas las maneras imaginables. Pero, en cada ocasión, hoy, como hace cien años, los Gobiernos sucesivos han encontrado siempre el motivo que les convenía para, con la mano en el pecho, asegurarles a los franceses que «el momento no es oportuno». En esta ocasión, el azar también ha jugado a favor de la inoportunidad del momento. Ayer, casi a la misma hora, por un lado, la comisión legislativa decía «sí» al proyecto abolicionista presentado por un diputado gaullista, Philippe Seguin; y por el otro, en la villa de Albi, cerca de Toulouse, un tribunal condenaba a muerte, por asesinato, a un recluso. Y, dato más elocuente: el veredicto fue acogido por una tempestad de aplausos del público.

Cadena perpetua

El «proceso ineluctable hacia la abolición» que, según un diputado de la mayoría gobernante, se ha iniciado ahora consiste en lo siguiente: el proyecto de ley en curso suprime la pena capital y la sustituye por la cadena perpetua. Este texto ha sido aprobado por la comisión legislativa de la Asamblea y, en consecuencia, podría ser depositado en el hemiciclo para su discusión de manera inmediata. Ahora bien, el valor jurídico del voto de la comisión de leyes es mínimo y tanto los grupos parlamentarios como el Gobierno pueden retrasar constitucionalmente la discusión definitiva por los diputados. El ejecutivo, por no considerar bueno el momento, ha propuesto corno solución de recambio un debate, de orientación, es decir, que no sería sancionado por un voto y que se celebraría probablemente el próximo martes. Incluso los abolicionistas piensan que el «proceso ineluctable» que se ha desencadenado ahora podría no llegar a su término antes de varios meses. Lo cierto es que el voto aludido, aun sin fuerza jurídica, reviste una importancia política que pudiera conducir al Gobierno a suprimir las barreras para que, definitivamente, se resuelva una incógnita pendiente desde siempre. Nadie sabe, en efecto, cuántos diputados son partidarios o no de la pena de muerte en Francia.