La empresa pública Visomsa construye dos polígonos de viviendas sociales sin licencia

Visomsa (Viviendas Sociales de Madrid, SA), empresa mixta constituida entre el Ministerio de Obras Públicas, el Ayuntamiento de Madrid y las cajas de ahorro, está construyendo, por lo menos, dos de sus polígonos urbanísticos sin que para ello cuente con la imprescindible -desde el punto de vista legal- licencia de construcción, a otorgar por la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Los dos polígonos citados, el Pozo del Tío Raimundo y el Fontarrón, han recibido sendas órdenes de paralización de las obras por parte de Gerencia. Sin embargo, las obras continúan, a la espera de que las altas instancias de la Administración central -Instituto Nacional de la Vivienda- y local -Gerencia- se pongan de acuerdo. Las razones de Visomsa son bien claras: las obras no se pueden parar porque, en caso contrario, todos los posibles beneficiarios de las viviendas sociales comenzarían su rosario de manifestaciones e intentos de negociación para. conseguir su objetivo: una vivienda digna.Mientras, el Ayuntamiento o, más concretamente, su Gerencia Municipal de Urbanismo tiene dos alternativas: hacer la vista gorda y conceder una licencia que no se ajusta a la legalidad o bien negarse en redondo a concederla y, con ello, obligar a paralizar las obras indefinidamente, en tanto se hayan cumplido por la Administración central los trámites necesarios. La primera de las posibilidades coloca a la nueva Administración local en una situación poco menos que ridícula. La segunda, en una intransigencia que diría muy poco a favor de su respaldo popular, ya que el dejar sin construir unas viviendas que, en principio, van destinadas a clases económicamente modestas parece, también en principio, ir en contra de los administrados menos privilegiados.

La garantía para la urbanización

Visomsa no es más que una sociedad anónima constituida, eso sí, con capital proveniente de fondos públicos; pero, al fin, una sociedad anónima. Sin embargo, al ser su capital social mayoritariamente estatal, parece gozar de ciertos privilegios que no tienen otras entidades de promoción urbanística.En base a estos privilegios, no precisó de la licencia de construcción para empezar ésta y poder decir que la operación de disponer de 15.000 viviendas sociales en Madrid estaba en marcha. «Mire usted», decía a EL PAIS el gerente de Visomsa, Mariano González, «los trámites legales para obtener una licencia de construcción son muy largos y harían imposible la operación. El trámite normal podría situarse en torno a los (los años, y nosotros lo que queríamos era poner en marcha la operación en seis meses.»

Sin embargo, para obtener una licencia de construcción es necesario, de acuerdo con la ley del Suelo, haber depositado un aval bancario que garantice la realización de la urbanización prevista en la zona. Precisamente por no existir ese aval se han dado casos de gran trascendencia social. al tener que hacerse cargo de la urbanización la Administración y ésta no responder suficientemente. En el caso que nos ocupa ese aval bancario que garantiza la urbanización podría costar del orden de los 4.000 millones de pesetas.

Para Angel Carreño, director general del Instituto Nacional de la Vivienda, «si se deposita ese aval y, a la vez, hacemos la urbanización, resulta que lo que estamos haciendo es pagar dos veces por el mismo concepto». El señor Carreño olvidó que el aval se libera una vez que la urbanización está hecha y que el pago a los constructores que la hayan realizado no se efectúa hasta que se han terminado las obras.

Confianza en que llegue la licencia

Tanto el director general de INV, Angel Carreño, como el gerente de Visomsa, Mariano González, están completamente seguros de que se ha estado construyendo sin licencia «hasta ahora». El segundo de ellos fue más explícito a la hora de hablar con EL PAIS: «Es cierto que hoy no hay licencia para construir. Pero de lo que estoy seguro es de que, dentro de quince días, ya la habrá. » El mismo señor González consideró «problemitas de segundo orden» el no depositar la garantía de la urbanización y cositas la orden de paralización que pesa sobre los dos polígonos.Pero también los dos coinciden en que nadie pretende que el Ayuntamiento haga la vista gorda con respecto al tema. «La prueba está en que dio orden de parar las obras», dijo Angel Carreño. Y añadió: «Lo que se pretende es actuar con la máxima legalidad posible.» Mariano González insistía en el tema: «El Ayuntamiento es accionista en un 30%. Pero no por eso va a hacer las cosas por las buenas. »

El mismo señor González prevé la posible aparición de una respuesta popular a la no existencia de licencias: «Si hay inquietud en que pueda peligrar la operación porque las cosas no están lo suficientemente preparadas o porque se vayan a hacer a la pata la llana, que todo el mundo esté tranquilo: no hay peligro. »

EL PAIS no pudo localizar al concejal responsable de Urbanismo, el comunista Eduardo Mangada, pero públicamente se conoce su opinión sobre el tema cuando hace una semana, aseguró, en e¡ distrito de Hortaleza, que las viviendas sociales tenían problemas que había que estudiar muy seriamente.

Otra opinión oficial que falta es la de Carlos Conde-Duque, delegado del Gobierno en Coplaco, quien no pudo ser localizado por este periódico. La de los posibles afectados está por conocer, a espera de que INV y Gerencia se pongan de acuerdo o no sobre el proceso burocrático y técnico que hayan de seguir a partir de ahora.