Cifra récord de endeudamiento

La situación financiera del Ayuntamiento de Barcelona es considerada, por los responsables de la gestión municipal, como extremadamente grave. Agobiado por las deudas, en poco menos de dos meses podría darse, en la práctica, una situación comparable a la «suspensión de pagos» de cualquier empresa comercial. Se trata del Ayuntamiento más empeñado de España, con un déficit global, por diversos conceptos, superior a los 60.000 millones.

El déficit ordinario del Ayuntamiento barcelonés ha evolucionado en progresión geométrica. En 1976 era de 1.589 millones de pesetas, en 1977 era ya de 3.269 y en 1978 se cifraba en unos 8.000 millones. Para 1979, la previsión total podría alcanzar, según estimaciones de los técnicos del Ayuntamiento, los 11.876 millones de pesetas.Su actual déficit supone un 60% del presupuesto -legalmente no se puede sobrepasar el 30%- y pone en dificultades la realización de un presupuesto adecuado para 1980.

Según ha manifestado reciéntemente el alcalde de Barcelona, Narcis Serra, los déficit municipales se dispararon a partir de 1976 debido al progresivo aumento de la prestación de servicios al ciudadano, aumento que vendría condicionado por la creciente presión ciudadana observada durante las postrimerías del franquismo y primeros tiempos de la democracia.

Al endeudamiento progresivo, el Gobierno respondió con la aprobación de los presupuestos de liquidación de deudas. Estos presupuestos, en lugar de absorber las deudas, las reconoce, con lo cual, en la práctica, sólo se produce un cambio de acreedor.

A juicio de Narcís Serra y de los responsables del Ayuntamiento de Barcelona, la solución debe pasar por asumir el Gobierno. la Administración central, la deuda municipal mediante la promulgación de un decreto-ley. Paralelamente, como medida complementaria, debería aumentar los ingresos de los ayuntamientos por la vía de los impuestos.

Actualmente el Estado revierte a Barcelona, por el concepto de recaudación de impuestos indirectos, un 4% de los mismos, mientras que para los responsables de la corporación este porcentaje debería ser, como mínimo. del 8%.

Otras posibilidades que se apuntan son la extensión del impuesto de radicación a los profesionales y aplicación de correctores en los impuestos.