Patronal y sindicatos, protagonistas de una negociación sin pactos ni normas renovadas

Para valorar en su justa medida lo que ha significado la negociación colectiva en los últimos meses, resulta imprescindible hacer una referencia, aunque sea mínima, a la situación de partida que condiciona el desarrollo de todo el proceso.« La democracia todavía no ha entrado en las fábricas», viene repitiendo desde hace dos años Marcelino Camacho, secretario general de CCOO. Carlos Ferrer, desde otra perspectiva, la presidencia de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la primera patronal de nuestro país, insiste también en la práctica totalidad de sus declaraciones o intervenciones públicas en la necesidad urgente de un marco legal mínimo, de unas reglas de juego, que permitan el diálogo y la confrontación civilizada de intereses contrapuestos en el ámbito de las relaciones industriales. Sindicatos y patronales, a tenor de estas manifestaciones a las que se podría añadir las de otros líderes sindicales o empresariales, coinciden en denunciar un desfase entre el desarrollo del cambio político y del cambio sociolaboral,

La regulación de las relaciones laborales, paternalista e impuesta por el Gobierno en el anterior régimen, queda obsoleta en el nuevo sistema de libertades. La Organización Sindical, invento del franquismo que pretendió ignorar, por vía de la imposición y la afiliación obligatoria de empresarios y trabajadores a un departamento ministerial, los contrapuestos intereses del capital y el trabajo, desapareció y se produjo un vacío. Empresarios y trabajadores tuvieron que compaginar su propia organización, su consolidación como interlocutores de clase, con la resolución cotidiana de los problemas reales e inaplazables que plantean las relaciones industriales: conflictos, negociación de condiciones laborales y salariales, entre otros.

Empresarios y trabajadores, más por voluntad propia que por facilidades otorgadas por un Gobierno, que abrumado por problemas políticos se muestra indeciso en asumir el papel que le corresponde en unas relaciones industriales en un marco democrático, celebran elecciones y clarifican el panorama mostrado ante la sociedad su implantación y fuerza.

Paralelamente a este proceso, salpicado de resabios autoritaristas y comportamientos heredados de la clandestinidad, corre la crisis económica agudizada por la ausencia de medidas concretas desde 1973. Sectores del Gobierno tratan de propiciar un pacto social que ayude con el control de las rentas salariales a adelgazar la inflación. Las centrales se oponen rotundamente al pacto social y el Gobierno, ante la imposibilidad de que empresarios y trabajadores lleguen a este acuerdo, arbitra un pacto con los partidos: los pactos de la Moncloa.

El consenso de los partidos con el equipo de Fuentes Quintana, aceptado de mejor o peor grado por los sindicatos, sirve para que las negociaciones colectivas de los tres primeros trimestres de 1978 puedan llevarse adelante.

Fracaso en el intento de unos nuevos pactos

La negociación en estos primeros meses ha sido complicada, ha sido necesario interpretar el difícil pacto de la Moncloa, se ha hecho malabarismos con la masa salarial bruta, y se han congelado las horas extraordinarias para procurar trasferir el incremento del 20% al 22% fijados a los salarlos base. En empresas básicas (Bazán, Pegaso, Hunosa y Metro de Madrid, entre otras) se han logrado consolidar, paralelamente, importantes derechos sindicales: asamblea, tiempo sindical, derechos de los comités, tímidas secciones sindicales, entre otros. Ha sido una negociación larga y compleja en la que han participado todos los sindicatos de clase y en la que se ha respetado (casi escrupulosamente) lo acordado en la Moncloa. Una negociación en la que la CEOE aún no estaba rodada. Una negociación durante la que se han perdido 17.791.400 jornadas de trabajo menos que en 1976.Durante este año de 1978 se negociaron 1.814 convenios (cifra récord), que afectaron a 4.096.491 trabajadores. Esta última cifra, sin embarao, es relativamente pequeña, si tenemos en cuenta que la población ocupada asalariada en 1977 escendía a 8.948.300 personas, lo que quiere decir que más de la mitad de los asalariados españoles carecen de convenio.

Otro detalle significativo, en la negociación colectiva de 1978, es el escaso uso que empresarios y trabajadores hacen del posible recurso a la ortopedia estatal: sólo 42 laudos, frente a 249 en 1976.

En estas condiciones trascurren los meses y la vigencia de los pactos de la Moncloa. El 28 de septiembre de 1978 se inician las famosas «jornadas de reflexión» del vicepresidente Abril Martorell. intento «torpe, confuso y ambiguo» -según las centrales- de imponer unos pactos, cuando varias de las contrapartidas de tipo social previstas por los pactos de la Moncloa habían quedado incumplidas. A los tres meses de las «jornadas de reflexión», que a nada conducen, el citado vicepresidente facilita a la prensa las propuestas económicas.

Propuestas económicas del Gobierno

Crecimiento del producto real: 4,5%. Tope salarial: 13%. Aumento de precios: 10%. Creación de puestos de trabajo: 100.000- 150.000. Déficit presupuestario: 195.000 millones; 82.000 millones más que en 1978 (funcionarios públicos, ayuntamientos, INI, programa de inversiones del Fondo de Acción Coyuntural y apoyo al empleo de la construcción). Tasa de disponibilidades líquidas: 17,5%. Crecimiento del crédito al sector privado: 17,4%.

Un decreto que no agrada a nadie

El 27 de diciembre de 1978, tras la parodia de negociaciones entablada por Abril con patronal y sindicatos, el Boletín Oficial del Estado publica un decreto-ley sobre política de rentas y empleo: «Con objeto de garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores ( ... ), se establece como criterio de referencia para el crecimiento de la masa salarial ( ... ) un aumento del 13%». Este incremento -continúa el decreto- podrá oscilar entre el 11 y el 14%. Los criterios a seguir para situarse en uno u otro extremo de la banda son:a) Estabilidad en el empleo.

b) Nivel salarial del convenio en cuestión.

c) Incremento de la productividad y reducción del absentismo.

d) Situación económica de la empresa.

Por lo demás, se conserva íntegramente la estructura de su aslendiente directo: el decreto-ley de 25 de noviembre de 1977 sobre política salarial y empleo, manteniendo, en consecuencia, sus dos principales defectos:

- Imposibilidad de calcular la masa salarial bruta en los convenios de sector.

- Posibilidad de que los empre sarios se descuelguen de los convenios firmados.

La reacción de las fuerzas sociales ante la publicación de este decreto no se hace esperar. «La solución parcial del decreto-ley no es la adecuada. Es el sucedáneo de una negociacion que nunca existió, por falta de voluntad dec ldida del Gobierno y de las centrales sindicales», afirma la ejecutiva de la CEOE en un comunicado difundido tras su reunión del 28 de diciembre.

CCOO y UGT, por su parte, responden conjuntamente, el día 27 de diciembre, a la pretensión gubernamental: alzas salariales del 16%.

Otro problema: ¿quién debe negociar los convenios?

La indeterminación jurídica existente contribuye asimismo a entorpecer la negociación. Sigue vigente la ley de Convenios de 1973, cuyo artículo 9 establece: «Los representantes sindicales en las comisiones deliberadoras para negociar los convenios colectivos serán elegidos por las uniones de empresarios y las de trabajadores y técnicos (...).» Pero ¿dónde están en enero de 1979 las utetés del vertical?La composición de las comisiones deliberadoras se constituye, en consecuencia, como un motivo de permanente fricción. La falta de ley -de indiscutida urgencia- provocará el enfrentamiento de las centrales en estos meses y ocasionará a los empresarios alguna que otra huelga.

CCOO y UGT defienden la tesis de que sólo deben negociar los sindicatos suficientemente representativos, fijándose el mínimo de representatividad en el 10% de delegados del sector. Esta tesis es asumida, aunque no defendida en estos meses, por la Administración y la CEOE. Los datos que se utilizan -suministrados por el Ministerio de Trabajo- son: CCOO, 66.540 delegados. UGT. 41.897: USO. 7.474; CSUT, 5.652; SU, 3.195; ELA-STV, 1.931; no afiliados, 23.725; no consta afiliación, 35.000, y otras siglas, 7.698. Estas cifras suponen el 34,45% de los delegados para CCOO, el 21,69% para UGT y el 3,87% para USO.

Los sindicatos minoritarios, frente a la tesis de los hegemónicos CCOO y UGT, alegan que al afectar el convenio a «todos» los trabajadores y no sólo a los «afiliados», deben ser todos los sindicatos los que negocien.

Lo cierto es que a la larga termina imponiéndose la tesis de CCOO y UGT, que se convierten en los verdaderos protagonistas durante la negociación de 1979, acompañados de los restantes sindicatos exclusivamente en aquellos sectores en que aquéllos sumaban suficiente representación.

La carencia de un marco jurídico no sólo ha perturbado la composición de las mesas negociadoras, sino que ha entorpecido considerablemente las salidas en aquellos convenios en que no se llegó a un acuerdo, produciendo situaciones extremadamente confusas, cuyo ejemplo más reciente (y quizá también el más costoso) ha sido la huelga de la hostelería malagueña.

Un panorama extremadamente conflictivo

Todas estas carencias: falta de un marco jurídico, ausencia de acuerdos similares a los pactos de la Moncloa. necesidad perentoria de patronales y sindicatos de conseguir buenos convenios y demostrar efectividad de cara a sus afiliados y a la sociedad, constituyen un panorama extremadamente conflictivo a priori. Todo hace pensar, en base a estos datos objetivos, que el país va a vivir un invierno caliente.De haberse cumplido esta previsión, es difícil imaginar la incidencia que largas huelgas y conflictos generalizados, coincidiendo en el tiempo con graves atentados terroristas, con la agudización de la crisis económica y con el triple llamamiento a las urnas (referéndum constitucional, legislativas y municipales), hubieran tenido sobre la precaria estabilidad de una democracia que acaba de nacer en España tras cuarenta años de dictadura.

Estas negras previsiones obraron, no cabe la menor duda, sobre patronal y sindicatos a la hora de establecer una estrategia para hacer frente a la negociación inaplazable de los convenios, superar con imaginación la ausencia de normas jurídicas, no defraudar a sus bases con los resultados obtenidos y contener a niveles asumibles por la sítuación política y económica la conflictividad.

Sobre estas estrategias elaboradas por CCOO-UGT y por la CEOE, una vez descritas las condiciones generales que enmarcan este período y estas negociaciones, versará la segunda parte de este informe, a la que sucederá un análisis-balance sobre los convenios negociados, sus contenidos y conflictividad derivada.