Un juez federal desautoriza el plan antiinflación de Carter

El programa antiinflación de la Administración Carter, basado en el control «voluntario» de precios y salarios, sufrió un serio revés el jueves, cuando un juez federal dictaminó que el presidente carece de autoridad constitucional para amenazar con represalias a las empresas que no acaten sus directrices económicas.

El juez Barrington Parker indicó en su fallo que la utilización de los contratos gubernamentales como medio de presión para que las compañías privadas cumplan las normas del plan antiinflación es «ilegal y debe ser rechazada».

Aun reconociendo que la lucha contra la inflación es de gran importancia y que el programa elaborado por el Gobierno Federal es «bienintencionado», el juez Parker fue tajante al fallar que «el presidente Carter se ha salido de la autoridad que le confiere la Constitución, al buscar el control de los salarios y los precios mediante la utilización del poder de compra del Gobierno».

La decisión del juez supuso una importante victoria para la central sindical AFLCIO, que fue quien llevó al tribunal el programa antiinflación de Carter, en el que se imponen límites del 7% en los incrementos de precios y salarios. Para inducir a las empresas al cumplimiento «voluntario» de estas directrices, Carter amenazó con rescindir o no conceder contratos federales a los violadores de sus normas antiinflacionistas.

Programa voluntario

El director del programa presidencial, Alfred Kahn, anunció que el Gobierno piensa recurrir inmediatamente contra el fallo del juez Parker y tiene intención de seguir adelante con las directrices económicas. Para el portavoz de la Casa Blanca, Jody Powell, la decisión del juez no invalida las directrices voluntarias del programa presidencial. Por su parte, la central sindical AFL-CIO, declaró que, tras el fallo judicial, el programa será realmente voluntario. mientras que antes era coactivo.La Administración Carter inició ayer mismo una serie de acciones destinadas a conseguir del Congreso una legislación que permita la superviviencia de las directrices «voluntarias» del programa antiinflación. Sin embargo, las primeras reacciones del poder legislativo parecían contrarias a apoyar cualquier tipo de controles económicos o de directrices obligatorias.

Mientras se negocia algún tipo de acción en el Congreso, la Casa Blanca se mostraba dispuesta a utilizar el arma de la publicidad adversa contra aquellas compañías que violen las directrices del plan económico lanzado hace ahora ocho meses. Pero la decisión del juez puede privar a Jimmy Carter de su arma realmente eficaz: la represalia en los contratos gubernamentales contra los violadores de los topes impuestos a los precios y salarios.

Inmediata recesión

La previsible erosión que sufriera el programa antiinflación de Carter con el fallo judicial se producirá en un momento en que la tasa de inflación prevista, de seguir la tónica de los cuatro primeros meses del año, supera el 13%. Además, la decisión del juez Parker se hizo pública el mismo día que se anunciaba que los indicadores económicos gubernamentales señalan un descenso del 3,3% en la actividad económica.Para muchos especialistas, los índices económicos apuntan inequívocamente hacia una inmediata recesión y es en este contexto donde Carter tiene que tomar una decisión clave para luchar contra la inflación, ya en los dos dígitos: imponer un plan obligatorio de control, o seguir con el programa «voluntario» pero sin sus armas adicionales de presión.

Carter puede decidirse por solicitar del Congreso poderes para imponer un programa obligatorio, como hiciera Richard Nixon en 1971 y 1972, lo que supondría una batalla en las Cámaras o, lo que parece más probable, buscar algún tipo de legislación que le permita tomar represalias contra aquellas empresas que ignoren las directrices antiinflación.