Rechazada la proposición de ley comunista sobre municipios

Por diecinueve votos (centristas y Coalición Democrática) contra catorce (socialistas, comunistas, Minoría Catalana y PNV), la Comisión de Administración Territorial del Congreso decidió ayer no tomar en consideración la proposición de ley comunista sobre reforma urgente de la Administración local. El Pleno del Congreso decidirá hoy definitivamente sobre el tema. La opinión de los grupos coincidió en la necesidad de regular el marco jurídico de la actuación de los nuevos ayuntamientos, pero los centristas defendieron la iniciativa gubernamental en esta materia.

La Comisión de Administración Territorial deliberó exclusivamente sobre la toma en consideración de la proposición de ley comunista, cuya filosofía esencial anticipó EL PAIS ayer. El portavoz comunista, Jordi Solé Tura, advirtió que la disposición derogatoria que figura en el texto de la proposición de ley era consecuencia de un error, al haber sido transcritas unas simples notas de trabajo.

El señor Solé basó la defensa de la propuesta de su grupo en la urgencia de adecuar a la Constitución el funcionamiento de los nuevos órganos locales surgidos de las elecciones y regidos todavía por una legislación obsoleta, centralista e incapaz de dotar de recursos a los ayuntamientos democráticos Asimismo, señaló que la ley de régimen local, que deberá aborda todos los aspectos de la nueva situación, habrá de tener en cuenta lo que establezcan los respectivos estatutos. Mientras tanto, la proposición de ley presentada podría resolver los más urgentes problemas planteados. Citó, entre ellos, el de la remuneración de los alcaldes, para permitirles independencia económica, así como el de dotar de medios económicos suficientes a las corporaciones y facilitar la descentralización municipal.

El diputado comunista apeló a la difícil situación que se crearía a los ayuntamientos, «sean de izquierdas o de derechas», de no abordarse la regulación de su marco jurídico de actuación, y añadió: «Si los Ayuntamientos no tienen credibilidad, padecerá todo el sistema democrático.»

Los grupos de la Oposición se mostraron de acuerdo con la necesidad de afrontar esta materia. El propio representante de Coalición Democrática (CD), José María de Areilza -único grupo que votó con el gubernamental contra la tramitación de la propuesta comunista-, se pronunció sobre la necesidad de dicha ley y se preguntó si el Gobierno no la tendría preparada ya.

El socialistas Luis Fajardo declaró que para una cuestión como la regulación de la vida municipal no era una reforma urgente el mejor procedimiento, pero que, en vista de que el Gobierno es culpable de no haberlo abordado -«la lentitud del Gobierno se está pasando ya», dijo-, consideraba procedente la propuesta comunista, a la que los socialistas intentarían mejorar mediante el trámite de enmiendas. El señor Fajardo acució al Gobierno y a su partido para que presenten un proyecto de ley de régimen local que pueda estudiarse antes del verano y le acusó de abandonismo en un sector «no ganado electoralmente».

El centrista José Luis Figuerola justificó su rechazo a la propuesta comunista en el deseo gubernamental de regular esta cuestión a fondo, para lo cual la proposición de ley presentada sólo supondría un retraso, además de que, según dijo, adolece de muchas inconcreciones e imperfecciones.

En el turno de explicación de voto, la mayoría de los diputados que intervinieron coincidieron en la conveniencia de no coartar la iniciativa legislativa de los grupos.

Sebastián Martín Retortillo (UCD) aseguró que la proposición de ley comunista no resuelve nada, dada su deficiencia técnica. Acusó también al PCE por la contradicción entre la filosofía del texto propuesto y la posición en el Ayuntamiento de Madrid, en donde pide la aplicación de la legislación especial.