Balance frustrante de las transferencias del Estado a la Generalidad

Miembros de la comisión mixta Generalidad-Estado para la transferencia de servicios entregaron a EL PAÍS un memorándum elaborado por la parte catalana de la comisión y entregado al Consejo de la Generalidad. El documento, hasta ahora estrictamente confidencial, efectúa una valoración muy negativa del proceso de transferencias. Los informantes detallaron todo el proceso de teóricas transferencias -que deliberadamente se ha sustraído a la opinión pública-, al tiempo que afirmaban su deseo de «denunciar el intento de Tarradellas de querer protagonizar en las próximas semanas el previsible traspaso de competencias, cuando hasta ahora lo ha frenado, o bien lo ha ignorádo».

El memorándum es de siete fólios y su redacción es obra del profesor Sureda, vicepresidente de la comisión. Todo el documento está impregnado de pesimismo y frustración, quedando lo que hubiese tenido que ser el proceso de consecución de poder por parte de Cataluña como algo casi ridículo, sin comparación alguna con el triunfalismo propio de las declaraciones oficiales de la Generalidad. Esta apreciación negativa es plenamente compartida por las fuentes que facilitaron el documento.Queda perfectamente claro que el proceso real del tema no tiene nada que ver con las declaraciones electoralistas. «Se da el caso -afirmó una de las fuentes- que los decretos de transferencia teóricamente aprobados por el Consejo de Ministros del pasado 20 de febrero, es decir, poco antes de las elecciones, ni tan siquiera existen. De los mismos hay dos redactados muy diferentes, uno es obra del desaparecido Ministerio de las Regiones y el otro obra de la comisión mixta.» Los decretos aparentemente aprobados y en realidad desconocidos y sin promulgar -pese a haber pasado más de tres meses-, se refieren a Sanidad, Enseñanza, Cultura, Trabajo y Urbanismo.

El documento se refiere detalladamente a resistencias de la Administración central. Las detalla textualmente en «resistencia a hacer pasar a través de la Generalidad todas las funciones de la Administración central en relación a las diputaciones y los ayuntamientos de Cataluña; resistencia a modificar la actual organización periférica del Estado, incluso cuando se han transferido a la Generalidad casi todas las funciones que tenían a su cargo los organismos periféricos,resistencia a traspasar las facultades de inspección que van vinculadas a los servicios transferidos desde la Administración del Estado a la Generalidad; resistencia a facilitar a la Generalidad el inicio de una política propia de la función pública basada en la atribución de un cierto control sobre las convocatorias de los concursos y en la asignación de los medios financieros necesarios para contratar un funcionariado propio; resistencia a facilitar a la Generalidad los medios personales, presupuestarios y patrimoniales que realmente corresponden a las funciones, servicios y actividades transferidos por la Administración del Estado; resistencia a reconocer la validez del Diario Oficial de la Generalidad,y resistencia al establecimiento de un segundo programa de transferencia de la Administración central».

Medias verdades

El documento detalla los increíbles retrasos y las reiteradas medias verdades oficiales sobre las transferencias, en particular la presunta aprobación de unos decretos que aún no han sido promulgados y cuyo contenido ignoran quienes legalmente tenían que haberlos elaborado. «Hoy aún no se puede prever cuándo tendrá lugar la publicación del decreto, pese a que éste figura aprobado en el Consejo de Ministros del 20 de febrero.» La misma expresión de figura como aprobado es repetida en otro apartado del documento.La política del desaparecido Ministerio de las Regiones es duramente calificada. «Probablemente -afirma el documento- la ineficacia actual de la comisión mixta Generalidad- Estado, si no ha sido promovida deliberadainente, ha sido bien vista en el Ministerio de las Regiones.» A ello se añade que dicho Ministerio habría considerado demasiado rápido el trabajo de la comisión mixta y, según el documento, «ha tratado de frenarlo utilizando todos los recursos a su alcance».

Las fuentes que facilitaron el documento indicaron que Tarradellas frenó en todo momento el proceso de transferencias, tanto en lo que respecta a las que debían proceder del Estado a como las que debían hacerlo desde las diputacionei catalanas. Aspecto este último que aún es más escandaloso que el primero y en el cual la plena responsabilidad personal de Tarradellas es más que evidente. Ahora Tarradellas vería la posible obtención de competencias como un medio para ganar popularidad, pero, por otro lado, desearía evitar que estas transferencias pasaran a las consejerías técnicas, ya que ello equivaldría a dar poderes a los representantes de los partidos que las desempeñan. La solución considerada ahora por Tarradellas seria adscribir temporalmente -con una temporalidad que podría eternizarse- las transferencias obtenidas a la presidencia de la Generalidad, e incluso apropiarse definitivamente de los aspectos capitales del poder transferido. En este sentido es de recordar que Tarradellas debe ya actualmente destinar muchas horas semanales a la firma, por no haber querido delegar ésta en nadie, tanto en su condición de presidente de la Generalidad como en la de presidente de la Diputación de Barcelona.

Lo realmente incomprensible del inefable proceso de pretendidas transferencias a la Generalidad es que los partidos políticos catalanes acostumbran a guardar silencio sobre el particular, o bien expresar criterios confusionistas.