Escaso interés del Gobierno por el Tribunal de Cuentas

Funcionarios del Tribunal de Cuentas denunciaron ayer a EL PAÍS la inexistencia de un control económico sobre el gasto público y el desinterés del Gobierno en la reestructuración de este tribunal.

En la lista de proyectos de ley que el Gobierno considera urgente debatir -añadieron- no figura ninguno relativo al Tribunal de Cuentas, pese a que este organismo, según la Constitución, es el «supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público». A juicio de la Asociación Sindical de Funcionarios del Tribunal de Cuentas (ASFATC), la opinión pública y los partidos políticos parecen no haber tomado conciencia de la importancia de este órgano, o al menos, de la función que debe desempeñar «sin la cual no es posible calificar a un Estado de democrático».La ASFATC, que ha redactado un proyecto de ley orgánica del Tribunal de Cuentas, recuerda que en los pactos de la Moncloa se decía textualmente: «Sin perjuicio de la futura estructuración constitucional del Tribunal de Cuentas, el ámbito de su competencia y el sistema de designación de sus miembros se regulará de tal manera que quede asegurada la independencia en el desempeño de sus funciones y la eficacia del control a su cargo.» Este punto no se ha desarrollado en absoluto, añaden. En la actualidad dicho órgano está integrado por un presidente (nombrado por el Jefe de Estado a propuesta en terna del Consejo del Reino), diez ministros (nombrados por el Jefe de Estado a propuesta del ministro de Hacienda), el fiscal y el secretario general.

La Asociación Sindical resalta la incongruencia que supone que sea el Ministerio de Hacienda quien propone a los ministros que, en teoría, han de fiscalizar su gestión, así como que los funcionarios asignados al Tribunal sean nombrados por el subsecretario de Hacienda.

A juicio de los funcionarios del Tribunal, cualquier campaña tendente a conseguir que los ciudadanos asuman su deber de contribuir con sus impuestos al sostenimiento del Estado (Hacienda somos todos) no tiene sentido democrático si no existe el derecho de conocer qué es lo que se hace con esos fondos, puesto que el ejecutivo es un mero administrador de esos caudales y, como todo buen administrador, ha de rendir cuentas de su gestión ante los propietarios de esos fondos. El Tribunal de Cuentas, pues, debería cumplir una función de asesoramiento del Parlamento.

Los representantes de la ASFATC señalan que, en la actualidad, la Intervención General de la Administrac¡ón del Estado dispone de mayores medios que el Tribunal de Cuentas, cuando el control que ejerce la Intervención es interno y el del Tribunal externo. «El ejecutivo», añaden, «no puede estar interesado en ser controlado por un organismo totalmente independiente en sus funciones y suficientemente dotado de medios personales y materiales, capaz por tanto de efectuar su labor con verdadera eficacia.»