"La Constitución garantiza autonomía de los municipios"

«Entre las cosas que han cambiado efectivamente en este país se halla el hecho de que ahora contamos con una normativa -la ley Constitucional- de obligada referencia para todos los actos públicos y privados. Como ya hemos escrito en estas páginas, "la Constitución nos obliga a todos". Lo que significa que, aun a falta todavía del Tribunal Constitucional previsto por la Constitución que pueda jurídicamente dictaminar lo que es constitucional y lo que no lo es, nadie, ni gobernantes ni gobernados, está autorizado para infringir tanto la letra como el espíritu del texto constitucional. Y si este espíritu tiende con meridiana diafanidad a descentralizar las funciones del Estado y dotar de auténticas autonomías a los organismos locales y regionales surgidos de la expresa soberanía popular, la letra no deja lugar a dudas. ( ...)Los ayuntamientos democráticos se han elegido y los representantes del pueblo han tomado posesión de sus cargos sin que previamente se hubiera promulgado la ley de Régimen Local correspondiente, enmarcada en el texto constitucional. Las conveniencias políticas de los sectores que han gobernado y hoy, gobiernan, así como retrasaron hasta el límite de lo posible la celebración de las elecciones municipales, han postergado igualmente siquiera la reforma provisional de la vigente ley de Régimen Local, para adecuarla a los principios democráticos. A esos sectores no les interesaban los ayuntamientos democráticos y nunca supusieron que algún día pudieran ser dirigidos por hombres de la izquierda. Pero es un hecho que está ahí: los legítimos representantes del pueblo han comenzado a ejercer las funciones para las que han sido elegidos.

Y ahora el Gobierno cae en la cuenta de que sus gobernadores civiles ya no pueden proceder como jefes provinciales frente a los ayuntamientos que, encabezados por legítimos representantes del pueblo, se disponen a actuar sin salirse de la ley, pero de acuerdo con la ley vigente. Lo que no es del agrado de unos gobernantes acostumbrados a unos alcaldes y concejales sumisos, que ni siquiera la autonomía que la ley les consiente reclamaban. Pero, agrade o desagrade el hecho concreto de que los actuales concejos municipales constituyen un poder local resuelto a utilizar plenamente la ley que les rige y ampara, nada justifica que el Gobierno, a posteriori, es decir, después de conocidos los resultados de las elecciones, pretenda limitar el alcance de la ley vigente mediante unas resoluciones que no son, en Fin de cuentas, sino una particular interpretación. (...)»

29 abril