El PCE propone un calendario parlamentario

El Partido Comunista de España (PCE) presentará hoy en la reunión conjunta de la Mesa y la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados un documento de trabajo para establecer un calendario parlamentario. Los comunistas pretenden lograr un acuerdo mínimo con los restantes grupos parlamentarios y con el Gobierno respecto a los proyectos de ley que deben ser remitidos a la Cámara y los plazos para ello.El acuerdo consistiría en la fijación de unos plazos para la presentación de los proyectos de ley correspondientes a las materias acordadas y para su completa tramitación, tanto por el Congreso como por el Senado; establecimiento de un sistema de prioridades en cuanto a procedimiento parlamentario y control y debate de la política general a seguir por cada departamento ministerial, aunque ello no se traduzca necesariamente en la elaboración de normas con rango de ley.

Según este esquema, los proyectos de ley más urgentes deberjan ser presentados antes del 30 de junio del presente año y su díscusión permitiría que estuvieran aprobados antes del 31 de diciembre.

El documento del PCE fija también las materias que deberían acogerse a la tramitación inmediata y urgente: Estatutos de Autonomía de Cataluña y Euskadi, proyecto de ley, de reformas urgentes de la ley de Régimen Local, debate y aprobación de un plan económico de actuación contra el paro, Presupuestos Generales del Estado, proyectos de ley pendientes de aprobación en relación con la reforma fiscal, Estatuto de los Trabajadores, Estatuto Jurídico de RTVE, ley Orgánica del Tribunal Constitucional y ley Orgánica del Poder Judicial, Estatuto de la Ernpresa Pública, Plan Energético Nacional y ley de Reforma y Desarrollo Agrario.

En el segundo grupo se encuentran, entre otros, el proyecto de ley del Divorcio, el Estatuto de la Función Pública, la reforma del Código Penal, la reforma del Código de Justicia Militar y ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y la ley Orgánica de las fuerzas y cuerpos de seguridad y la ley Orgánica sobre competencias de las comunidades autónomas y del Estado sobre seguridad pública.

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