El poder municipal

EL PACTO de la izquierda y de algunos partidos nacionalistas para proveer de alcaldes de oposición a numerosas capitales de provincia y ciudades importantes constituye una noticia política de primera magnitud. La llegada de la izquierda al poder municipal supone un cambio cualitativo sustancial del mapa político español respecto a lo que la gran mayoría de ciudadanos ha conocido en toda su vida. Por otro lado, supone también el primer ensayo global de la Oposición en la aceptación de las responsabilidades de la gestión pública y administrativa en una de las áreas en las que ha existido mayor caos y corrupción durante el antiguo régimen.Del resultado de los pactos de la izquierda, explicitados en el acuerdo-marco PSOE-PCE, hay varios aspectos que merecen un comentario pormenorizado. No es el menor de ellos la actitud del PSA, que se ha comportado en esta ocasión con racionalidad y coherencia políticas. Al PSA le va a costar trabajo desprenderse de los tintes de amarillismo al servicio del Gobierno con que ha nacido, pero si es posible arrumbar de los dos lados los prejuicios, muchos de ellos personales, existentes entre ellos y el PSOE, quizá el panorama de la izquierda moderada en Andalucía no sea en el futuro tan confuso como lo parecía después de las elecciones del 1 de marzo.

El segundo de los aspectos a comentar es el pánico del partido del Gobierno ante la unidad de la izquierda en el poder municipal. Los temores, si respetables, nos parecen un tanto injustificados. De la lectura del acuerdo-marco no se desprende nada que se parezca a un frente popular, y la unidad de socialistas y comunistas es, por lo demás, una actitud lógica que comporta, a un tiempo, no pocos riesgos para la propia izquierda. La distancia que media entre PSOE y PCE sigue siendo profunda en muchos temas y no ha de solventarse por el mero hecho de compartir unas delegaciones de servicios en las alcaldías. También es preciso ver cómo rueda en la práctica este que, en definitiva, no es sino un pacto de intenciones, pues no viene avalado por un programa previo de acción común y ha sido fruto de los resultados electorales y no de las propuestas de cada partido ante los electores. La presencia de dos alcaldes socialistas en las principales urbes de la Península (Madrid y Barcelona), con graves problemas de equipamiento, especulación del suelo, seguridad ciudadana, tráfico y contaminación, y la de varios comunistas al frente de estas responsabilidades, va a poner a prueba, además, su capacidad de dar una respuesta técnica diferente a las hasta ahora elaboradas.

Por lo demás, el. miedo de UCD, además de injustificado, resulta también culpable después del establecimiento de las normas de estas elecciones, que son responsabilidad prioritaria del partido del Gobierno y del PSOE. Es más que discutible la oportunidad de haber concurrido a unas elecciones municipales con listas cerradas y bloqueadas, que han contribuido a politizar e ideologizar unos comicios en los que por naturaleza es la persona de los candidatos y las propuestas concretas de solución a los problemas urbanos los que más deben mover al elector. Y la decisión de elegir al alcalde en segundo grado por los concejales es la que ha favorecido los acuerdos ahora firmados. La unidad de la izquierda ha venido así propiciada por la voracidad de las dos grandes formaciones políticas del país, ansiosas de proyectar su. imagen bipartidista hasta en la sopa. Ahora resulta que a UCD le sale el tiro por la culata. Y todavía se preocupa porque el pacto con los comunistas puede debilitar al PSOE. La politización de las elecciones municipales y los ulteriores acuerdos amenazan por todo ello con convertir a los ayuntamientos importantes en una especie de UHF del Parlamento, aherrojado por la imperturbable rigidez de una UCD en exceso prepotente. Nadie va a salir ganando con eso, y menos que nadie, si es que sucede, los vecinos.

También merece la pena una reflexión el nuevo papel que las diputaciones provinciales han de jugar en el futuro. Salvo excepciones muy localizadas, éstas eran organismos muertos y casi de relumbrón, con una provisión de fondos de destino variopinto y un alejamiento absoluto de los intereses y los problemas del pueblo. La provincia, que fue en su día una creación administrativa sin duda artificiosa y en ocasiones hasta arbitraria, posee, no obstante, hoy un arraigo muy superior al que algunos sectores políticos progresistas le quieren reconocer. Las atribuciones de unas diputaciones descentralizadas pueden resultar beneficiosas para el rodaje de las autonomías políticas y dar cauce inicial a las tensiones que se vienen produciendo en este terreno.

Por último, no es posible cerrar este comentario sin referirse al pacto que ha originado la presencia ya casi segura de un alcalde de Herri Batasuna en Pamplona, gracias al apoyo de los votos del PSOE. Lo menos que se puede decir es que esta es una medida arriesgada que parece tratar de volcar la balanza de la polémica sobre el vasquismo navarro en favor de los que pretenden la integración en Euskadi. Es más que probable que con Herri Batasuna al frente del Ayuntamiento la cuestión se resuelva antes o después, y más bien antes, con un referéndum provincial, que puede además ser esgrimido como precedente para otros referéndumes solicitados por los nacionalistas vascos.

A la postre, es preciso aceptar que un alcalde de Herri Batasuna, se le mire por donde se le mire, es un alcalde proclive a ETA militar, y eso ha de provocar tensiones y conflictos de desarrollo difícil de prever. Pero también, y paradójicamente, puede suponer el inicio de un intento de normalización política de las posiciones abertzales más radicales en el seno de nuestro propio y actual marco constitucional. ¿Qué sentido tiene aceptar la alcaldía pamplonica y no venir a sentarse a las Cortes? Cualquier nacionalista coherente no debería confundir sus posiciones de independentismo con el localismo de los problemas urbanos. Si el pacto de Pamplona sirve para entablar un diálogo más global y profundo sobre lo que en el País Vasco sucede, para tratar de buscar una solución negociada y pacífica a las aspiraciones vascas en el seno del Estado español, bien venido sea con toda su peligrosidad. Pero el PSOE tiene la obligación de explicar públicamente cuáles han sido los mecanismos que le han llevado a signar una cosa así después de su enfrentamiento visceral con las posiciones de Herri Batasuna. Y debe hacerlo cuanto antes si quiere mantener la coherencia ante los electores que le depositaron su confianza.