EI Gobierno deberá diseñar un nuevo cuadro macroeconómico para 1979 y una política a medio plazo

El deterioro de la situación económica en los últimos meses, con la desvirtuación del cuadro de previsiones macroeconómicas diseñado por el tandem Abril-Leal como máximo exponente, unido al sensible retraso acumulado en la formulación de un plan de actuación a medio y largo plazo, constituyen el esquema inicial de actuación del remodelado equipo económico gubernamental, y del que deberá partir la iniciativa de las eventuales reformas que precisa la economía española para alcanzar su homologación.

El eje medular de la política económica diseñada por Fernando Abril para este año fue el decreto-ley de rentas y salarios, justificado por el cuadro de previsiones macroeconómicas y la imposibilidad de suscribir unos pactos similares a los de La Moncloa, que impIantaran un límite a los crecimientos salariales en 1979. Al final del primer trimestre del año se ha comprobado que las previsiones macroeconómicas eran erróneas, de igual modo como la convocatoria de elecciones generales en marzo -decidida probablemente en verano de 1978- demostró claramente que nunca existió por parte del Gobierno una auténtica voluntad de suscribir unos pactos con patronal y centrales sindicales. A lo sumo, se intentó explotar electoralmente las conversaciones realizadas y, al propio tiempo, calibrar las actitudes de empresarios y trabajadores ante el proceso político que se avecinaba.La decisión de limitar los crecimientos salariales por la vía de un decreto-ley de obligado cumplimiento fue vivamente contestada en el seno del Gabinete, pero prevaleció la autoridad de Abril, incluso en la incorporación de una cláusula de salvaguardia que pretendía lavar la imagen autoritaria que conllevaba eludir el trámite parlamentario. Esta cláusula puede acarrear a corto plazo consecuencias imprevisibles si, como parece probable, el crecimiento de los precios alcanza un 7 % u 8 % en los seis primeros meses del año. En aplicación del decreto-ley, todos los convenios negociados con arreglo a sus directrices deberán ser replanteados en junio, lo que podría colocar en una situación absolutamente insostenible a las empresas hasta finales del presente año, provocando además una oleada de tensiones en el mundo laboral de consecuencias difíciles de calibrar. Medios próximos al vicepresidente económico han comenzado a instigar una campaña de mentalización, insistiendo en que el decreto-ley ha sido sistemáticamente vulnerado y que, por tanto, no procede ir a una renegociación de convenios en junio. No parece que la maniobra vaya a tener excesivo efecto.

Desde finales del pasado verano, UCD y CEOE -la potente patronal estatal- replantearon sus respectivas estrategias de enfrentamiento frontal y decidieron aplicar la vieja máxima de que constituyen dos fuerzas condenadas a entenderse. A principios del otoño, Fernando Abril y Carlos Ferrer Salat iniciaron una aproximación sin precedentes, con el ánimo dispuesto a olvidar pasadas agresiones. La tesitura del diálogo mantenido por el Gobierno con la patronal y las centrales no fue en ningún momento idéntica y, tras la «jornada de reflexión», los representantes de la patronal comenzaron a aproximar sus posturas a las del equipo económico -al menos a las de Fernando Abril- del Gabinete. El tope salarial fijado por decreto-ley constituía, de hecho, un término medio entre lo demandado por las centrales sindicales mayoritarias y las pretensiones de la patronal, pero no es menos cierto que ésta varió sus presupuestos poco antes de que la norma se promulgara, precisamente con ánimo de propiciar la apariencia salomónica de la decisión final.

Pacto UCD-CEOE

La aproximación entre patronal y Gobierno derivó posteriormente en un pacto en toda regla, a partir del cuál determinados sectores empresariales contribuyeron generosamente a Financiar la campaña electoral de las huestes ucedistas. Es cierto que la CEOE no ha sido beligerante en sentido estricto durante la última campaña electoral, pero el cambio de estrategia ha sido perceptible a todos los niveles, incluido el ya señalado de la financiación.

El reto reformista

La situación que atraviesa la economía española demanda, desde hace al menos cuatro años, el diseño de una política de corte reformista que, abarcando determinados ámbitos estructurales, sitúe a este país en condiciones de competitividad y homologación con los restantes del mundo desarrollado. Todos los sectores -a derecha e izquierda del espectro ideológico- coinciden en la necesidad de aplicar esa impronta reformista, pero discuten su alcance y, sobre todo, muestran escasa disposición a que los primeros pasos se adopten en lo tocante a sus intereses personales o de grupo. En cualquier caso, la reforma de la estructura económica española se enfrenta con un horizonte concreto, cada vez más cercano: la integración en la Comunidad Económica Europea (CEE), prevista para los primeros meses de 1982.Con mayor o menor énfasis, la mayoría coincide en señalar la urgente necesidad de abordar la reforma de cinco aspectos esenciales: sistema financiero, modelo de relaciones laborales, Seguridad Social, Administración y sector público y sectores industriales. No es descabellado pensar que el tratamiento de estas reformas y de cualquier otra que se plantee ha sido objeto de examen, valoración e incluso pacto en el diálogo entre UCD y CEOE. El ritmo que el Gobierno imprima a sus primeras actuaciones, especialmente en aquellos aspectos más urgentes y pendientes de resolución, revelará, sin duda, el alcance del diálogo y los términos del pacto. Como ejemplo, acaso pueda servir el destino del Plan Energético Nacional, actualmente en las Cortes, y, en definitiva, la alternativa energética que elija el Gobierno (véase EL PAIS del día 8 de abril).

La reforma fiscal

Si la pura lógica no fuera suficiente, ayuda a intuir un pacto -siquiera elemental- entre UCD y CEOE el que exista en estos momentos un auténtico peligro de cambio de rumbo en la única reforma abordada por el Gabinete ucedista: la fiscal.Las elecciones de junio de 1977 coincidieron con un auténtico desbarajuste organizativo a nivel patronal. Es un secreto a voces que las grandes empresas -especialmente la banca- apoyaron a Alianza Popular. El triunfo de la incipiente UCD sirvió para hacerles comprender que se imponían nuevos estilos y que las cenizas del aparato verticalista debían ser sustituidas por un ente patronal de corte europeo. Organizada a toda prisa, la CEOE no llegó a tiempo de jugar su papel en el debate sobre la reforma fiscal, preconizada por el equipo que encabezaba Fernández Ordóñez y colada a pesar de todo frente a la oposición radical de los sectores más conservadores de UCD. A partir del acercamiento iniciado el pasado otoño, la patronal ha iniciado un vasto contraataque con el punto de mira puesto en la reforma fiscal, y muy especialmente en el tratamiento de las plusvalías. Los empresarios alegan que grava el ahorro y por tanto la inversión de los más modestos, pero eluden señalar lo que supone de freno la especulación.

En cualquier caso, los sectores más conservadores de la economía no ocultan sus deseos de al menos ralentizar la aplicación de la reforma fiscal ya aprobada por las Cortes y variar de algún modo algunos aspectos reglamentarios de su desarrollo legal.