La nueva política municipal, limitada por los acuerdos de corporaciones anteriores

La nueva corporación municipal que se hará cargo del Ayuntamiento, el próximo día 19, tendrá que abordar una serie de temas pendientes que, según el tratamiento que se les otorgue, determinarán en un sentido u otro el desarrollo de la política municipal durante los próximos cuatro años. Los primeros inconvenientes que los nuevos concejales encontrarán estarán basados en la aplicación de las leyes en vigor, como es la ley de Régimen Local y ley especial de Madrid, de sentido personalista y que dan al alcalde numerosas atribuciones.

Después de la constitución de los órganos de gestión, el pleno municipal deberá aprobar el presupuesto por el que se va a regir durante 1979, ya que el que se tiene ahora pertenece al del pasado año, prorrogado por trimestres, se volverá así de nuevo a establecer dependencias con el Gobierno, al que tener que aprobar unos ingresos posiblemente superiores a los que ahora se tienen, condicionados en buena medida a la reestructuración delas tasas e impuestos que recibe el municipio de sus habitantes.Aparte de estos dos puntos, el Ayuntamiento se encuentra ligado en varias materías a ministerios y organismos oficiales, con los que ha firmado convenios cuya duración es de varios años. Entre éstos se encuentra el Plan de Saneamiento Integral, que, con un presupuesto de 33.000 millones de pesetas, fue firmado con el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU); hasta el momento se han convocado concursos de obras por un total de 15.000 millones de pesetas. Con el mismo ministerio, el pasado año, el Ayuntamiento firmó un convenio por 15.000 millones para la realización de una serie de obras que afectaban a la estructura de la red arterial de Madrid; este convenio, denunciado por dieciséis asociaciones de vecinos, como delimitador de la política viaria municipal, podría sufrir una serie de transformaciones, ya que, a pesar de que el plazo para la realización de las obras era de cinco años, durante los cuales se gastarían 15.000 millones de pesetas, hasta ahora sólo se han realizado algunos proyectos.

Las obras para la realización del anillo verde en unión del Icona, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura; el desarrollo de la carta cultural acordada con el Ministerio de Cultura o los acuerdos Ayuntamiento-Ministerio de Educación y Ciencia para la creación de suficientes puestos escolares serían ejemplos de que la política del medio ambiente, cultural o escolar del Ayuntamiento se encontrará parcialmente supeditada a la Administración pública.

Contratas y empresas concesionarias

A estos acuerdos se tendrían que sumar, en el capítulo de problemas, las contratas que actualmente posee el Ayuntamiento, o la gestión de empresas cuyo consejo de administración es la comisión municipal, como es el caso de la Empresa Municipal de Transportes, cuyo déficit se acerca a los 3.000 millones anuales.Con respecto a las primeras, la política municipal podría ser la de intentar sustituirla con funcionarios municipales; este deseo que, posiblemente necesitaría un aumento de plantilla y una reorganización de la existente, crearía una nueva dependencia de la Dirección General de Adminlstración Local. Con respecto a las empresas concesionarias, como es el caso de Cemesa, empresa propietaria de la grúa, que en la actualidad está intervenida, el Ayuntamiento se encuentra con la disyuntiva de rescatar el contrato tres años antes de que termine su plazo, con lo que tendría que pagar la correspondiente indemnización o esperar a que termine el plazo. La posible municipalización del Metro, o la oferta de las empresas periféricas y privadas de autobuses para hacerse cargo de las líneas de la EMT «a precios más bajos», serán los temas relacionados con el transporte que deberán ser discutidos.

Dentro del terreno urbanístico, por último, el estudio de las alegaciones presentadas al plan especial de protección y conservación del patrimonio histórico-artístico y la continuación o detención definitiva de los planes de actuación inmediatos en los distritos que dependerán de la gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

«Una actuación que ha dependido durante las últimas corporaciones de una Administración central, con la que han trabajado o de cuya cooperación se han servido para realizar una serie de proyectos, exigirá un estudio en profundidad de los temas tratados por cada uno de los departamentos municipales y una reconsideración de los mismos antes de abordar proyectos de nueva creación», manifestaron a EL PAIS algunos funcionarios municipales.