La izquierda denuncia el carácter antidemocrático de las elecciones para diputaciones provinciales

Las diputaciones y los cabildos insulares van a ser cubiertos a partir del próximo 3 de abril por un sistema electoral que difiere del propio de toda elección democrática: en el caso de las diputaciones, no funciona el axioma del sufragio universal y directo, porque los diputados serán elegidos por los concejales que ganen sus puestos en la mencionada fecha.

Un aspecto de la ley Electoral para los comicios locales, según el cual será el número de concejales, y no el número de votos, el que influya, ha sido denunciado repetidamente por la izquierda como un elemento que beneficia al partido del Gobierno, que se presenta en casi todos los municipios del país, por escasa que sea su densidad de población. Corresponsales de EL PAÍS han recogido en sus crónicas una de las claves que UCD ha utilizado en esas poblaciones para forzar la formación de candidaturas que le fueran adictas: si UCD copa determinadas diputaciones, los poblados respectivos serán recordados con cariño por la Administración. Si no, el olvido sería total. UCD explica, por su lado, que se presenta en tantos municipios y tiene tanto interés en copar las diputaciones porque «quiere articular la vida ciudadana» y provincial según su manera de entender las cosas.El peculiar sistema por el que se regirán las elecciones para cubrir las diputaciones provinciales justifica el desinterés del electorado ante esos comicios, calificados como de segundo grado. Los partidos no comparten ese desinterés, porque las diputaciones van a ser un elemento de cierta importancia en el funcionamiento de las autonomías. Aun así, los grupos parlamentarios de izquierdas coinciden en señalar el carácter antidemocrático y poco representativo de esas elecciones, mientras que Unión de Centro Democrático, el partido que impulsó la vigente ley de Elecciones Locales, considera correcto el sistema que las rige.

Los diputados provinciales no serán elegidos directamente por los votantes, sino que serán seleccionados por los concejales de cada uno de los términos provinciales después de los comicios para cubrir los ayuntamientos. El sistema no tiene en cuenta el voto popular, sino el número de concejales, lo cual hará que en algunas diputaciones influyan los resultados electorales de pequeños pueblos más que los votos que en las grandes ciudades hayan obtenido ciertos partidos. PSOE y PCE estiman que esta normativa electoral beneficia a UCD. El partido del Gobierno, por su parte, estima que serán los resultados los que demuestren la idoneidad de la ley que UCD y AP apoyaron en el Parlamento.

Otra alternativa para advertir si la ley es o no representativa podrían darla los comicios provinciales en Canarias y Baleares, donde los diputados provinciales -consejeros de cabildos, en el caso de Canarias, y consejeros insulares, en el de Baleares- serán elegidos directamente por el pueblo, utilizándose para ello papeletas y urnas diferentes. Tanto PSOE como PCE estiman que estas elecciones sí son verdaderamente representativas.

En cualquier caso, los tres principales partidos van a tratar de ganar posiciones en las diputaciones provinciales y en los cabildos, porque a pesar de que todos estiman que estas entidades van a jugar un papel secundario, técnico, en el futuro sus miembros van a estar presentes de una manera o de otra en los Gobiernos autonómicos, al menos en esta fase de la historia política española.

El PSOE y el PCE estiman que en zonas como Cataluña las diputaciones juegan un papel que no se corresponde con el que les asignan la historia, la geografía y la cultura. El PSOE, en concreto, es partidario de simplificar la burocracia y eliminar niveles intermedios en la Administración. Así, los socialistas ven como segura la potenciación de la actividad de las entidades locales, al tiempo que se produce una reducción de la competencia de las diputaciones provinciales. Los ayuntamientos serán los que tengan la responsabilidad de reivindicar para sus municipios la acción pertinente del Estado. A las diputaciones les atribuye el PSOE, en su tesis de lo que debe ser el futuro de estas entidades, el papel de agente de los servicios mancomunados, generales y de primera necesidad de las grandes áreas.

UCD es más generosa con estas entidades de ámbito provincial o insular. El partido del Gobierno atribuye a las diputaciones y a los cabildos el papel de corrector de las desigualdades entre comarcas ricas y pobres, entre comarcas despobladas y aquellas que reciben un mayor núcleo de población como consecuencia de la pobreza de otras.

Para el PCE, se ha perdido una oportunidad histórica de hacer verdaderamente representativas a las diputaciones, al establecer unos canales de elección que deforman y vulneran el voto, «orientándolo a favor de zonas más favorables a la derecha».

Para contrarrestar el carácter antidemocrático, poco representativo, de las diputaciones, los partidos de la izquierda van a tratar de forzar lo antes posible las elecciones para cubrir los órganos autonómicos, cuyos miembros serán elegidos directamente por el pueblo y cuyos ejecutivos van a hacer innecesaria la presencia activa, tal como se presenta hoy, de las diputaciones provinciales.

En cuanto a la presencia de los partidos parlamentarios de izquierda en los órganos autonómicos no hay unanimidad con respecto al carácter monocolor que esas entidades deben o no deben tener. Luis Gómez Llorente, del Partido Socialista Obrero Español, sugirió recientemente en Alicante que esos organismos debían ser dominados por un solo partido. Otras fuentes del PSOE han asegurado que los socialistas no han definido aún su política al respecto. Se decidirá después del 4 de abril. Por su parte, el PCE estima esencial la participación de todos los grupos políticos en esas entidades de gobierno autónomo. UCD también se halla abierta a esa idea comunista. En general, depende del resultado de los comicios secundarios para cubrir las diputaciones la estrategia que los diferentes partidos sigan a la hora de integrarse o no plenamente en los trabajos de los ejecutivos autonómicos.