El Ayuntamiento necesita una urgente reforma administrativa y fiscal

Los principales obstáculos con los que, a juicio de muchos funcionarios, se encontrarán los miembros de la Corporación que sea elegida el próximo 3 de abril, serán los producidos por el desfase de las leyes por las que se rige el Ayunta miento madrileño: la ley de Régimen Local de 1955 y la Carta especial de Madrid de 1963. Estas leyes, que «están basadas en un régimen de principio de autoridad, crearon -según fuentes municipales- una mala organización, desde el principio, en el funcionamiento corporativo, aunque permitieran un funcionamiento aceptable a nivel técnico. Esta mala organización se derivó de la división de funciones, al estar las ejecutivas en manos del alcalde y sus concejales, en tanto las representativas quedaban para los concejales». El papel pasivo de los 36 concejales, número máximo permitido por la ley y que disminuyó hasta treinta en los últimos meses por diversas causas, se convertía en activo únicamente cuando se celebraban las reuniones de las comisiones informativas, de gobierno y los plenos municipales.

Las comisiones informativas, formadas por un número determinado de concejales, aunque últimamente tuvieran un carácter abierto, permitían a estos miembros de la Corporación estudiar, aprobar o rechazar las propuestas que los delegados tenían intención de llevar a la Comisión de Gobierno o al Pleno. «Si una propuesta no era aprobada en esta comisión informativa se devolvía para su estudio a la delegación correspondiente, pero si pasaba eran la Comisión de Gobierno o el Pleno, según la importancia de la propuesta, los que decidían sobre su aprobación o rechazo.»

La Comisión municipal de Go bierno, formada por el alcalde, los doce delegados y doce concejales, entre los que se encontraban los tres tenientes de alcalde, ha decidido cada semana, durante los últimos mandatos, sobre aquellos puntos en los que, según la Carta especial de Madrid, este organismo tenía competencia.

«El número de personas inte grantes de esta comisión varió en 1965 al crearse las delegaciones de Saneamiento y Medio Ambiente y la de Seguridad y Policía Municipal, que se unían a los siete departamentos existentes: Obras y Servicios Urbanos, Hacienda, Renta y Patrimonio, Sanidad y Asistencia Social, Circulación y Transportes, Educación, Abastos y Mercados y Gerencia municipal de Urbanismo. Posteriormente, en 1976. se creaba la delegación de Relaciones Sociales, y en 1978 ocupaban su puesto en la Comisión municipal de Gobierno los nuevos delegados de Acción Vecinal y Cultura. Este aumento de seis delegados obligó a la incorporación paulatina de un número igual de concejales para equilibrar el poder entre estos dos grupos.

El Pleno municipal que se celebra ordinariamente, cada mes y que con carácter extraordinario se ha celebrado en pocas ocasiones es el último órgano decisorio por el que se ha regulado la gestión municipal si no se cuentan los decretos personales del alcalde y de los delegados. La opinión popular sobre estas sesiones. plenarias motivó que durante el período en que el señor Alvarez ocupó el sillón presidencial se tuviera que amenazar y efectuar en varias ocasiones el desalojo de la tribuna del público, ya que éste participaba dando su opinión sobre los temas que le afectaban directamente y sobre los que no tenía ningún tipo de voto.

Junto con la reforma de las leyes vigentes, que tienen que ser un objetivo prioritario de los nuevos concejales y en la que los funcionarios esperan participar directamente, se plantea la necesidad de una reforma fiscal que permita la actualización de los impuestos directos, indirectos y tasas.

40.000 millones de pesetas en deuda municipal

El principal logro de esta actua_lización consistiría en el incremento de la participación del Ayuntamiento de los impuestos que se paganlal Estado, además de reestructurar los impuestos existentes considerados como exiguos, si se quieren,obtener presupuestos sufi cientes para hacer frente a las ne cesidades y lastres con los que cuenta un municipio como el madrileño.

Entre estos lastres se tiene que contar con el pago de la carga flnanciera que se desprende anualmente de los créditos y las emisiones de obligaciones de los que, durante los últimos cincuenta años, el Ayuntamiento ha sido beneficiario.

La deuda municipal, cifrada para este año en 27.524 millones de pesetas, se incrementó el pasado mes de febrero al ser aprobado en un pleno municipal extraordinario el déficit de liquidación de deudas de 1977 y 1978, que superó los 10.787 millones de pesetas. Una nota de la delegación de Hacienda informaba, poco después, que si se añadían además los préstamos futuros con destino a las ampliaciones de capital de Mercamadrid, SA, la deuda total suponía 40.000 millones de pesetas.

Aunque los Intereses producidos por los créditos que se obtengan para hacer frente al referido déficit de liquidación de deudas estarán a cargo del Estado, la carga financiera se elevará a unos 4.000 millones de pesetas, cifra que pondrá en difícil situación a la futura Corporación de no sufrir una sustancial variación la cuantía de los actuales presupuestos.

En cuanto a la revisión decontratas pedidas por centrales sindicales y partidos políticos hay que recordar que del total de 7.435 millones de pesetas que correspondían al capítulo de material y servicios, en el presupuesto del pasado año, la mayoría de las partidas estaban en manos de empresas privadas. «El Ayuntamiento futuro tiene que decidir si asume directamente estos servicios mediante el rescate de la contrata y la restructuración de personal y material o mantiene estos servicios en manos privadas; aunque posiblemente la solución sea la intermedia, al intentar hacer desaparecer aquellas que puedan ser suplidas con medios municipales.»

Además de la realización de ciertos servicios por medio de contratas, el Ayuntamiento ha realizado, en los últimos meses, una serie de acuerdos con organismos oficiales como única vía para poder llevar a la práctica planes de una gran envergadura, cuyo presupuesto era demasiado elevado para el municipio. Entre ellos se encuentra el Plan de Saneamiento Integral y el convenio con el Canal de Isabel II; el convenio con el Ministerio de Obras Públicas para la financiación y ejecución de la infraestructura vial de la red arterial de Madrid; la creación de un ente ferial, en unión de la Diputación Provincial, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad y la Cámara de Comercio e Industria; el convenio para repoblación de zonas verdes firmado entre el Ayuntamiento e Icona; el acuerdo municipal de colaboración con el Ministerio de Educación y Ciencia para la creación de suficientes plazas escolares o la Carta Cultural firmada con el Ministerio de Cultura para colaborar en la realización de una seri e de actividades culturales. «Estos convenios entre organismos son necesarios, aunque conllevan una serie de problemas, ya que su realización va, a veces, más lenta, al tener una doble o una triple dependencia», manifestaron algunas fuentes municipales.

Los funcionarios ante un nuevo Ayuntamiento

Los 18.000 funcionarios, divididos en cinco niveles y sueldos, con que cuenta en la actualidad el Ayuntamiento esperan, asimismo, solucionar sus problemas, cuando quede formada una nueva Corporación. En opinión de muchos de ellos, «se van a crear unas mejores condiciones para la participación y la negociación de nuestras reivindicaciones, aparte de que se logrará, eso esperamos, una restructuración más lógica en el trabajo que desempeñarnos». Según estas fuentes la nueva estructura municipal no creará problemas de carácter técnico, «ya que los funcionarios del Ayuntamiento actuamos a tono con el tiempo presente y estamos más especializados que los de la Administración del Estado. Se puede criticar en la actualidad nuestro trabajo, pero esa crítica tendrá que ir destinada a la legalidad vigente, que es la que velamos; es necesario, por tanto, para solucionar los defectos existentes, que se revise la normativa legal».

Dentro de esta revisión, a juicio de los funcionarios, se tendría que estudiar la posibil dad de dar una autonomía en ciertos aspectos administrativos del Ayuntamiento, frente a la actual dependencia existente de la Administración local y del Ministerio del Interior. Esta dependencia, unida a la postura de muchos alcaldes, impidió que durante mucho tiempo las reivindicaciones de los funcionarios fueran conocidas por la opiniódpública hasta hace unos meses, con los paros parciales. y las convocatorias de huelga.

«El comienzo de las luchas reivindicativas puede situarse en el períodor en el que la alcaldía está en manos de Arias Navarro», manifestaron algunos representantes. Este comienzo, plasmado en pequeños movimientos de los técnicos de la Administración general y en el de los trabajadores contratados en busca de su estabilidad en el empleo, continuó durante la alcaldía del señor García Lomas, período en el que se realizan las primeras elecciones sindicales del personal contratado.

El primer intento de huelga que se produjo en el Ayuntamiento, con Arespacochaga como alcalde, terminó con los primeros despidos, a pesar de que, según los funcionarios, pudo iniciarse un diálogo, que se realizó de una forma organizada cuando se formaron los sindicatos del Ayuntamiento. Tras la huelga de diciembre de 1977 se consiguió algunas de las peticiones realizadas por los trabajadores, logros que, a juicio de los trabajadores, no pudieron ser continuados al mismo ritmo durante la alcaldía de José Luis Alvarez.

La última huelga, producida hace unas semanas, fue un nuevo aviso de que la situación laboral, social y sindical de los trabajadores aún exige profundas reformas. «No se le escapa a nadie que se va a continuar trabajando, sea el Ayuntamiento de derechas o izquierdas, para mejorar las condiciones, aunque, por supuesto, la situación va a ser diferentesegún quede compuesto el futuro Ayuntamiento. »