La subida de precios en enero cuestiona toda la política económica de Abril Martorell

El índice de precios al consumo de enero supone cuestionar la política de precios del señor Abril Martorell, que al frente del Ministerio de Economía ha ido embalsando, a lo largo de los últimos seis meses, una serie de demandas de aumentos de tarifas y que no dudó en marcarse un objetivo de no superar el 6,5% de incremento antes de julio. Superar ese 6,5% supondría una importante presión sindical para revisar los convenios laboriosamente firmados a lo largo del presente año y quebraría definitivamente las perspectivas de acabar el año con una tasa de inflación inferior a la del año anterior. El retraso, por razones técnicas y de conflictividad laboral del Instituto de Estadística, en la salida del índice de precios de enero permite acercar el momento en que se conocerá el índice de febrero, que definirá cuál es la tendencia de los precios y permitirá estimar si aún es posible caminar dentro de la senda fijada por el Gobierno.

El objetivo del Gobierno de limitar al 10% el alza del índice de precios al consumo en 15179 es aún viable, según el secretario general técnico del Ministerio de Economía, José Montes. El señor Montes declaró ayer a Efe que la cifra de enero constituye una sorpresa, sobre todo en lo que hace referencia al grupo de alimentación, que ha subido un punto, mientras que las estimaciones previas del Ministerio de Comercio no superaban el medio punto.Pese a las declaraciones del portavoz de Economía, técnicos de las centrales sindicales, los partidos de la oposición e independientes consideran que el índice de precios de enero supone colocar un listón difícil de superar en cuanto a la consecución de un primer semestre del año con un incremento de precios inferior al 6,5%. Para conseguir esa cifra es preciso que en ningún mes antes de julio se supere el incremento de un punto, o que en alguno de ellos se produzca una práctica estabilidad respecto al anterior.

El vicepresidente Abril Martorell cosecha con el índice de precios un amargo resultado de anteriores políticas y compromisos. Desde mediados del pasado año, el señor Abril ha bloqueado todas las peticiones de aumentos de tarifas, en algunos casos informadas favorablemente por la Junta de Precios. En muchos casos, ese bloqueo ha supuesto pérdida para empresas subvencionadas por el Estado y, en otros, la aparición de serios problemas en el sector. El señor Abril apostó, antes de los frustrados intentos de conseguir un nuevo pacto económico para 1979, por una contención de la inflación de 1978 por debajo del 16%. En su opinión, tasas bajas de inflación en los últimos meses del año quebrarían la postura poco negociadora de las centrales. El índice de noviembre (0,5 %) se consideró un gran éxito para la consecución de los pactos, pero de nada sirvió. Entrado 1979 y sin la angustia de conseguir un índice de fin de año lo más presentable posible, que suponía una baza política para UCD, la convocatoria electoral llevó al señor Abril a volver a anteponer las razones políticas y de imagen a las económicas de autorizar algunas subidas de precios razonables. En el capítulo energético, la congelación de precios ha dado lugar a serios problemas desde el verano. Algunos gasóleos y fuel-oil tienen precio por litro inferior al del agua embotellada y provocan serias distorsiones en el consumo. La corrección de esa situación se ve forzada y empeorada en 1979 por la crisis energética provocada por el cambio de régimen en Irán,

Un aumento del precio del petróleo del 20%, porcentaje previsible para este año, supondría un impacto en los precios interiores de varios puntos de incrementos adicionales en el índice general de precios.

El ex ministro de Economía Enrique Fuentes Quintana declaró ayer en Zaragoza que «la subida de los precios del petróleo puede provocar una crisis sin precedentes, peor que la de 1973 y sólo comparable a la de 192%. El señor Fuentes reiteró su ya conocida opinión de que la inflación constituye el principal oponente de la expansión y es el fenómeno que hay que eliminar antes de solucionar el problema del paro.

El Gobierno aún no ha hecho una valoración de la magnitud de la crisis energética y de sus efectos directos en nuestra economía. En los últimos consejos de ministros se han presentado informes sobre la situación, pero, por ahora, no se ha tomado ninguna medida ni realizado un análisis público.

Según todos los expertos, el impacto sobre los precios interiores del mayor coste real del petróleo -en esta ocasión la revalorización de la peseta no jugará a nuestro favor- será importante por más que el Gobierno retrase su repercusión directa.

La conclusión de todo lo anterior tiende a demostrar que antes de que acabe junio el índice de precios habrá superado el 6,5%,y obligará al cumplimiento de uno de los artículos del decreto de control de rentas y precios del 26 de diciembre pasado, que dice: «El control salarial podrá revisarse por el Gobierno,si el incremento del índice de precios al consumo en junio supera el 6,5% respecto a diciembre, salvo que estos aumentos tengan su origen como consecuencia de excepcionales circunstancias agrícolas o variaciones significativas en el tipo de cambio de la peseta. »

Pese a la ambigüedad y al carácter no imperativo de la disposición, de lo que no hay duda es, que, si los precios van por encima de las previsiones, la presión de las centrales para revisar los convenios, laboriosamente negociados a lo largo del año, serán importantes. El establecímiento de revisiones semestrales supondría, prácticamente, una escala móvil de salarios que acrecentarla el riesgo de inflación y supondría una inversión en la tendencia de los costes en los últimos dos años.

El vicepresidente o responsable económico del próximo Gobierno, sea o no el señor Abril Martorell, se encuentra así con una pesada herencia, que puede obligarle a revisar los supuestos del prograima anterior y presentar al país una nueva alternativa.

Para algunos expertos, la única opción es tratar de volver a negociar un pacto, que en estos momentos parece más inviable y difícil que antes de las elecciones.