El Gobierno español solicita a Francia la extradición de dos refugiados vascos

El Gobierno español ha solicitado del francés la extradición de Martín Apaolaza y Mikel Goicoetxea, detenidos el martes pasado por la policía francesa cuando, en unión de otros quince refugiados vascos, abandonaban su destierro de Valensole (Alta Provenza), una vez levantadas las medidas de confinamiento dictadas contra ellos el 29 de enero pasado por el Ministerio del Interior francés. La existencia de dicha petición, que debe ahora hacerse formal, con el envío por parte del Gobierno español de la pertinente documentación, fue ayer confirmada a EL PAÍS por sus abogados.

Tanto Martín Apaolaza como Mikel Goicoetxea permanecen por el momento en la prisión de Baumettes, en Marsella, a disposición del Fiscal general del tribunal de acusación de Aix-en-Provence, instancia donde, al parecer, se ha recibido la petición de extradición del Gobierno español. Los abogados de los dos refugiados vascos declararon ayer que la comunicación entre el Gobierno español y el citado tribunal se ha realizado por medio de un telegrama en el que no se especifican los cargos o acusaciones que se les imputan. «Para que la petición de extradición pueda ser oficialmente admitida y se celebre el juicio para estudiarla -señalaron- es necesario que el Ministerio del Interior español remita en el plazo de un mes al tribunal de Aix-en Provence documentación con inculpación precisa sobre delitos o crímenes concretos cometidos por los dos refugiados.»En este sentido, el acuerdo de extradición franco-español de 1877 establece que el tribunal de acusación deberá decidir, en vista judicial, si hay o no intencionalidad política en los delitos que se les imputan. En caso afirmativo -precisa dicho acuerdo- no habrá lugar a la extradición.

Todo hace pensar que puede repetirse en los próximos meses nuevo «caso Apala». Miguel Angel Apalategui, tras ser confinado el 8 de junio de 1977, con otros once refugiados vascos, en la isla de Porquerolle, fue detenido dieciséis días más tarde por la policía francesa, por pesar contra él una petición de extradición remitida por el Gobierno español, que le acusaba de participar en el secuestro de Javier de Ibarra y en un atentado que costó la vida a un guardia civil en noviembre de 1974.

Tras una larga huelga de hambre, fue juzgado el día 2 de agosto por el Tribunal de Acusación de Aix-en-Provence que, tras sucesivos aplazamientos de la sentencia, acordó, finalmente, su libertad provisional. El juez acordó que Apala debía residir, al menos temporalmente, en un edificio del obispado de Marsella y presentarse dos veces por semana en la gendarmería de policía. Tres días más tarde desaparecía.

El abogado Sebag, y su equipo, que se ocuparon del caso de Apala, se encargarán también de la defensa de Martín Apaolaza y Mikel Goicoetxea.

A media mañana de ayer llegaron a las localidades vascofrancesas de Bayona, San Juan de Luz y Hendaya los quince refugiados vascos que el martes abandonaron el confinamiento acordado por el Ministerio del Interior francés. Todos ellos tienen previsto celebrar una serie de reuniones para adoptar una decisión conjunta sobre las dos opciones que les ofrece el Gobierno francés: trasladarse a otro país -de libre elección- o permanecer en Francia, siempre y cuando no fijen su residencia en cualquiera de los nueve departamentos del suroeste francés.

Dos presuntos miembros de ETA fueron detenidos en la noche del lunes por la policía francesa en el puesto fronterizo de Urrugne cuando, al parecer, pretendían pasar a Francia con armas en el coche. Aunque las autoridades francesas no han facilitado la identidad de los dos detenidos, se ha sabido que uno de ellos se llama Gregorio Manso.