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Editorial:

Algunas cuestiones en torno al Ministerio del Interior

EL MINISTRO del Interior, en una carta de réplica publicada el jueves en EL PAÍS, atribuye a una «intención política», destinada a «revivir una situación que el pueblo español ha superado», las críticas dirigidas por un editorial de este periódico contra sus desafortunadas palabras acerca de la eventual incomparecencia en el Congreso de los tres diputados de Herri Batasuna, elegidos por cerca de 150.000 ciudadanos con residencia en Guipúzcoa y en Vizcaya. Al parecer, las principales dudas provienen de nuestra polémica conjetura de que la teoría según la cual no se deben tolerar en las Cortes posturas que vayan contra el texto constitucional (hoy el independentismo y quizá mañana el republicanismo, la confesionalidad católica del Estado, el sindicalismo vertical, la ilegalidad de las huelgas o la abolición de los partidos políticos) pudiera tal vez explicarse por una lamentable confusión entre la naturaleza de una Constitución democrática y los Principios del Movimiento. Pues bien: debemos insistir en el fondo del razonamiento.La afirmación de que lo condenable, ética, política y penalmente, de ETA no es sólo el terrorismo, sino también la ideología independentista, y de que no pueden ser admitidos en las Cortes diputados democráticamente elegidos por cerca de 150.000 ciudadanos que comparten sus ideas, equivale, por lo pronto, a una invitación para que los separatistas vascos abandonen cualquier intento de defender de manera pacífica su proyecto y den la razón a quienes, desde ETA militar, les dicen que no tienen más camino que las armas. Es por eso toda una provocación, no por involuntaria menos real, a los ciudadanos vascos que han votado a Herri Batasuna y a Euskadiko Ezkerra.

Pero, además, esta manera de querer dar con la puerta del Congreso en las narices a Monzón, Letamendía y Olabarría se asemeja mucho a una demostración de desprecio hacia las normas de un Estado de derecho. A nosotros no nos gusta ni poco ni mucho el programa de Herri Batasuna; y este periódico ha sido ya objeto de amenazas por uno de los diputados electos el 1 de marzo a causa de nuestra inequívoca postura respecto a la cuestión vasca. Ahora bien, la teoría de que un representante de la sobe ranía popular, amparado por la inmunidad parlamentaria, no puede defender desde su escaño, sin peligro de expulsión o linchamiento, posturas que contradicen el texto della Constitución se da de bruces con los más elementales principios de la democracia pluralista, en la que, sin duda, y definitivamente, el señor ministro del Interior está poco versado.

Sólo así pueden entenderse, además, algunas de las cosas que estamos viendo y que nos dejarían atónitos si no estuviéramos ya despavoridos. La muerte de un muchacho de catorce años en Parla, como consecuencia de la actuación de la fuerza pública, ha sido acogida con verdadera impavidez política. Ojalá el anuncio de que la autoridad se dispone a abrir una investigación para deslindar las eventuales responsabilidades en estas trágicas, absurdas e inútiles muertes no sea, como siempre, hasta ahora, el comienzo de un largo y definitivo silencio. La negativa de UCD a abrir un debate parlamentario sobre el tema no se corresponde con una actitud de de fensa de los derechos humanos. Si ya hemos dicho que nos parecían una torpeza y un error, una provocación, en definitiva, las manifestaciones violentas de Parla, ello no obvia el que insistamos en que las actuaciones de la fuerza pública, cuando median vidas humanas, precisan una investigación judicial y no sólo administrativa. Sólo después de aquélla las autoridades podrán amparar con credibilidad a los servicios de seguridad del Estado.

Pero quizá tiene mayor significación -sin el dramatismo que arrastra la muerte de un niño- la militarización del Metro en Barcelona, decretada por el Gobierno en el ejercicio de unos poderes que le confiere un decreto anterior a las elecciones de junio de 1977 y que entra en conflicto con el artículo 28 de la Constitución. La militarización de un servicio público, medida extrema a la que sólo se puede recurrir en grado de imperiosa necesidad, no debe consistir nunca en una democracia -a nuestro juicio- en convertir en soldados a los empleados del ferrocarril suburbano, sino en confiar la dirección de.ese servicio a la línea de mando militar y su manejo a los soldados del reemplazo que estén a sus órdenes. Hacerlo de otro modo -y es dudosa la oportunidad de hacerlo en cualquier caso- vulnera los derechos legítimos de los trabajadores y coloca innecesariamente a las Fuerzas Armadas en una incómoda posición respecto a la sociedad civil. Situación recordadora, de nuevo, con todos los respetos para el señor ministro del Interior, de toda una época que algunos, desde luego, no parecen haber superado.

Estas son cuestiones, como la del tristemente famoso decreto antiterrorista, que ponen de relieve la necesidad de que funcione cuanto antes el Tribunal de Garantías Constitucionales y que éste resuelva el fondo de la cuestión: si es posible resolver los problemas de una democracia por medios antidemocráticos. Nosotros creemos que no.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 10 de marzo de 1979