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CARTAS AL DIRECTOR

Martín Villa y la Constitución

En el editorial de ese diario correspondiente al domingo día 4 del actual, titulado «Las elecciones en el País Vasco», se dice, refiriéndose a mi intervención en una de las ruedas de prensa celebradas para anunciar los resultados provisionales de las elecciones generales del 1 de marzo, que «convertir en sinónimos, a efectos de legalidad, el independentismo y el terrorismo no es verdaderamente admisible». Y que «la doctrina de que no tienen sitio en las Cortes los partidarios de la autodeterminación de Euskadi significa confundir la Constitución con los Principios del Movimiento y un Estado pluralista y parlamentario con un régimen totalitario».En relación con ambas afirmaciones deseo puntualizar lo siguiente:

Primero. Que en dicha rueda de prensa no se planteó ningún tema relacionado con el terrorismo y sí únicamente con el posible independentismo de la coalición de Herri Batasuna.

Segundo. Que en relación con este punto la respuesta ha sido meridianamente clara y apoyada en el artículo 2.º de la Constitución, que aprobó el Parlamento y refrendó el pueblo español el 6 de diciembre de 1978.

Tercero. Que de acuerdo con dicho precepto constitucional, manifesté y reitero que «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». Por lo tanto, la unidad de España no es ni siquiera revisable por vía constitucional, pues al ser el fundamento de la propia Constitución, ésta quedaría suprimida y anulada al desaparecer el sustento de la misma. Además, el derecho a la autonomía que reconoce y garantíza el citado artículo de la Constitución lo es a las nacionalidades y regiones que integran la nación espanola, por lo que jamás la autonomía puede ni remotamente siquiera rozar el independentismo.

Cuarto. Esa ha sido la causa de la no legalización de los partidos HASI y LAIA, que consignan en sus estatutos como objetivo de su proarama el establecimiento de un estado socialista vasco independiente, lo que hace imposible su legalización. En todo caso, conviene reiterar que la declaración de ilegalidad no es una decisión gubernamental, ni siquiera del ministerio fiscal, sino que corresponde a la autoridad judicial.

Quinto. El independentismo es, pues, ilegal y anticonstitucional. En cambio, la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la nación espanola es constitucional. Hechas ambas puntualizaciones, afirmar que ello significa «confundir la Constitución con los Principios del Movimiento y un Estado pluralista y parlamentario con un régimen totalitarío» carece completamente de sentido, y la alusión concreta a los Principios del Movimiento parece tener la intención política de revivir una situación que el pueblo español ha superado, dejando bien sentada la unidad intangible y no negociable de España y la unidad de la soberanía, independencia e integridad territorial.

En la misma rueda de prensa expresé el deseo de que HASI y LAIA cumpliesen los requisitos necesarios para su legalización y que la entrada de Herri Batasuna en el Parlamento contribuya a resolver la difícil situación en el País Vasco, que a todos nos preocupa.

Ministro del Interior

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 8 de marzo de 1979