Autonomías británicas: disolución nacional o compromiso político

¿Camina Gran Bretaña hacia su disolución como «unidad» nacional -como claman los más fervorosos oponentes a las autonomías escocesa y galesa- o los referendums del próximo jueves son un mero expediente puesto en pie por el Gobierno laborista para satisfacer entremezclados sentimientos nacionales? El día 1 de marzo el voto afirmativo de un millón y medio de escoceses y de algo más de 800.000 galeses abrirá las puertas a sendos Parlamentos nacionales en Edimburgo y Cardiff. Pero ni la obtención de estas cifras aparece tan clara, sobre todo en el caso de Gales, ni las competencias de las previstas asambleas autonómicas parecen justificar el temor que en algunos- sectores despierta la palabra «devolución». Este es el primera de tres trabajos en los que nuestro corresponsal en Londres, Angel Santa Cruz, describe los aspectos más relevantes que rodean la consulta del próximo jueves.

Para ninguno de los dos países las propuestas autonómicas constituyen una novedad. Hasta 1707 Escocia tuvo su propio Parlamento de la nación escocesa, más de cinco millones de habitantes en 78.000 kilómetros cuadrados, conserva todavía hoy sus propios sistemas judicial y educativo diferentes de los británicos, además de una cierta independencia en el manejo de los asuntos públicos. En Gales, que desde la Edad Media forma parte del reino inglés, subsisten importantes elementos culturales diferenciadores, el menor de los cuales no es su propio idioma, que en alguno de sus ocho condados habla habitualmente más de la mitad de la población. El sentido de identidad de los galeses ha llevado al Parlamento de Westminster no menos de siete proyectos autonómicos desde 1891, ninguno de los cuales alcanzó la fase final.Aquí radica la novedad, en que por vez primera: escoceses y galeses van a tener la oportunidad de pronunciarse sobre un proyecto concreto de descentralización, que, en teoría, deberá ser refrendado, al menos, por un 40% del total del censo -vote o no-, para que pueda ser puesto en vigor. En teoría, porque el Gobierno laborista está decidido a sacar adelante los Parlamentos de Escocia y Gales, aunque no se cumpla este porcentaje, introducido en la ley a consecuencia de una «rebelión» de diputados antidevolucionistas.

Ambas leyes de devolución de poderes son más el resultado del miedo laborista a verse rebasado políticamente por las fuerzas nacionalistas de Escocia y Gales (dos tradicionales feudos del partido gobernante), que el resultado de la propia presión de estos grupos. Su origen, negado vehementemente por los sucesivos Gobiernos labour, está en los sorprendentes resultados electorales alcanzados a finales de los años sesenta por el Partido Nacionalista Escocés (SNP) y el Plaid Cimru (Partido de Gales) en consultas parciales. Harold Wilson ordenó en 1969 la creación de una comisión para estudiar posibles respuestas al desafío nacionalista y cuatro años después se publicaban sus conclusiones fundamentales. El llamado «informe Kilbrandon» consideraba esencial el mantenimiento de la unidad política y económica del Reino Unido y establecía que ni en Escocia ni en Gales había sentimientos populares en favor de soluciones federales y que el separatismo no servía a la causa de la prosperidad en ninguno de los dos países. Su recomendación fundamental era que debía considerarse la devolución de poderes en determinadas y precisas materias y que el Gobierno de Londres debía retener, junto a todos los poderes fundamentales, el derecho de veto sobre toda aquella legislación emanada desde Edimburgo o Cardíff que se considerase inaceptable para el conjunto de la nación.

Cuando en las elecciones generales de 1974 el SNP consiguió once escaños en el Parlamento de Westminster, contra uno cuatro años antes, el timbre de alarma sonó en Downing Street. James Callaghan aceleró inmediatamente el estudio de la legislación encaminada a parar los pies al nacionalismo, legislación que a trancas y barrancas, en medio del desinterés de los más y del fervor o la oposición radical de los menos, pasó la navegación parlamentaria el año pasado.

Motivos del desarrollo del nacionalismo

¿Qué factores hicieron posible el alza nacionalista? No desde luego, un sentimiento de opresión nacional de privación de libertades o de explotación centralista, aunque algo de todo ello exista, más o menos difusamente, en el fondo de las más sentimentales y respetables reivindicaciones independentistas. Probablemente, los elementos decisivos que han alimentado la intensa reivindicación escocesa y la mucho más débil de Gales están relacionados con el descontento por la gestión económica dirigida desde Londres.A partir de 1972, un hecho decisivo se suma a los eslóganes nacionalistas: el petróleo del mar del Norte. El abundante «oro negro» hinchó las velas de las aspiraciones escocesas. La imagen de un país próspero administrado con los ingresos derivados de la explotación petrolífera desempeñó un papel protagonista en las elecciones de 1974 y se convirtió en un arma política de impacto seguro que catapultó políticamente al SNP y fortaleció su ala independentista.

El nacionalismo galés -ahora en creciente retroceso, salvo en el uso de su propia lengua- se ha nutrido prioritariamente de los elementos culturales que mantuvieron casi virgen la personalidad galesa durante los últimos cuatro siglos.

Más burocracia

Para los maximalistas, los referéndums del jueves abrirán la puerta a la futura independencia de Escocia y Gales, es decir, a la desintegración del Reino Unido tal y como ahora se conoce. Un punto de vista menos doctrinal y más práctico sostiene que la constitución de asambleas en Edimburgo y Cardiff sólo reportará más burocracia. más impuestos y pocas ventajas reales en el camino del autogobierno. Los galeses más críticos se oponen a votar una parodia de autogestión como la que la ley ofrece a Gales.Un estudio atento de las propuestas que se votan el jueves señala, sin embargo, su carácter de compromiso. La devolución perfilada por el señor James Callaghan va un paso más allá del relionalismo, pero queda a años luz de soluciones separatistas o federales, como las que temen sus críticos. Las propuestas para Escocia son más arriesgadas, como corresponde al grado de desafío del nacionalismo escocés, pero la ofrecida a Gales es un arabesco vacío de contenido desde una perspectiva nacionalista rigurosa. En ambos casos, la magnitud de los poderes retenidos por Londres y su recurso final al veto vacían de sentido, en un horizonte previsible, la primera parte de la pregunta que abre este trabajo. Otra cosa es que el camino de un hipotético conflicto constitucional quede abierto. Pero para los defensores del «sí» esto es precisamente lo que se pretende atajar con la consulta de pasado mañana.