"El poder judicial se encuentra desbordado por el aparato policial"

«Una de las funciones importantes del poder judicial en el momento por el que atraviesan las democracias occidentales es la de controlar el inmenso aparato policial, cuyo poder ha desbordado al resto de las otras áreas del Estado, incluida la magistratura.» Esta es, para el juez italiano Luigi Ferrajoli, que pronunció ayer en la Universidad Autónoma de Madrid una conferencia sobre el tema El Estado y el uso alternativo del Derecho, una de las consecuencias prácticas del entendimiento alternativo del Derecho en las sociedades de hoy.El magistrado Luigi Ferrajoli es miembro de Magistratura Democrática de Italia, entidad con la que comparte la misma posición ideológica Justicia Democrática Española. Es, además, un destacado especialista en lógica y metodología del Derecho.

Por uso alternativo del Derecho, el juez Ferrajoli entiende «una puesta en cuestión profunda del status clásico de la función de la magistratura. Según el modelo iusnaturalista liberal, el juez sería el aplicador matemático -la boca de la ley- de una normativa que aparentemente se basa en la expresión de la voluntad general».

«La superación de este modelo mecanicista de la jurisprudencia entendida como mera técnica tiene su base en las contradicciones internas del propio sistema, ya que la incoherencia interna del ordenamiento no permite aplicar una norma sin dañar a otra. Y es ese ordenamiento ambiguo e incoherente el que hace necesaria la interpretación del juez, quien decididamente toma partido en la interpretación de la ley y lo hace de una manera progresiva o regresiva.»

«Termina, por tanto, el mito del juez neutral y toma cuerpo la idea de la aplicación política del Derecho, tomando partido por el no poder y en función de la totalidad del sistema.»

«Magistratura Democrática surgió hace diez años como grupo político-cultural -ha explicado a EL PAÍS Luigi Ferrajoli-, justo cuando la crisis del capitalismo maduro se manifiesta con mayor virulencia en el Estado italiano. En Italia nos encontramos con una grave contradicción del ordenamiento jurídico. Por una parte está la estratificación de leyes- fascistas o muy utoritarias, y por otra, una Constitución democrática, que en uno de sus artículos -el tercero- abre una vía para que la magistratura construya un ordenamiento que conduzca hacia una sociedad igualitaria.»

«Desde estas perspectivas, Magistratura Democrática se esforzó por dar el paso de la ruptura de mocrática y ha trabajado con auténtica dedicación a la aplicación de las garantías constitucionales en los procesos penales y en defensa de las libertades públicas e individuales. También ha conseguido importantes avances en el establecimiento de una jurisprudencia progresista en materia la boral.»

«Pero desde hace cinco años -añade Ferrajoli- los cambios que se han operado en el Estado italiano, al igual que en otros muchos de Europa, ha puesto en crisis los supuestos y líneas de acción de Magistratura Democrática. Por una parte, el consenso y la hornogeneización de partidos y fuerzas políticas ha producido una legislación autoritaria, y por otra, el problema del orden público y terrorismo han hecho que esa legislación sea también represiva, con el consiguiente peligro de las garantías personales y colectivas.»

«Paralelamente a estos cambios, se ha producido una notable reducción del poder de la magistratura, mientras crecía el poder del ejecutivo, sobre todo a través de los aparatos de la Administración y principalmente por medio de la policía. El poder judicial es el auténtico poder en el Estado actual. Frente a él, el poderjudicial es secundario. Por eso, en estos momentos la primera reivindicaciónde Magistratura Democrática es reclamar la autonomía del poder judicial y el control sobre la propia policía.»

Luigi Ferrajoli cree que la situación italiana puede producirse también en España -país en el que ya se detectan características similares-, pero mantiene que en la actual situación el primer cometido de la magistratura española es el de emanciparse del poder político y del ejecutivo. Y esa emancipación debe ser no tanto institucional como político-cultural, con el fin de que los jueces sean capaces de acercarse a la sociedad civil, ensayando la auténtica independencia que supone, entre otras cosas, estar con las áreas del no poder.