Los aeropuertos españoles, al borde del colapso

Mientras el deterioro persiste en los aeropuertos españoles y las irregularidades en el tráfico aéreo aumentan gradualmente, los trabajadores de tierra de la compañía Iberia han solicitado una huelga legal de diez días, a partir del 5 de marzo, en respuesta a la declaración de conflicto colectivo planteada por la empresa (lo que daría lugar a un laudo).Según informaciones recogidas al cierre de esta edición, cerca de setenta vuelos habían sido cancelados y los restantes del tráfico aéreo nacional sufrían retrasos superiores a las cuatro horas, debido al «trabajo a reglamento» del personal de tierra de Iberia, practicado como medida de presión para que la compañía atienda sus peticiones salariales y sociales para el nuevo convenio colectivo. Este «trabajo a reglamento», denominado por los trabajadores «plan Cobra-4», supone el cumplimiento estricto de las tareas que cada trabajador tiene asignadas por su contrato y la negativa a realizar horas extraordinarias.

Iberia presentó ayer por la mañana solicitud de declaración de conflicto colectivo, por entender que se habían agotado todas las vías de diálogo con la comisión negociadora del personal de tierra, teniendo en cuenta, además, las graves anormalidades que se están produciendo en sus servicios y que la propuesta de aumento del 12% son sus topes de oferta permitidos por la legalidad vigente.

Los trabajadores, en otro escrito, hacen pública su convocatoria de huelga legal para los días 5 al 15 de marzo y tacha a la empresa de irresponsable por negociar ilegalmente con los pilotos, en unos planteamientos que nada tienen que ver con los del actual momento democrático.

En cuanto a su negociación del convenio, los trabajadores de tierra de Iberia acusan a la compañía de ofrecerles un aumento de forma proporcional, cuando el abanico salarial entre un piloto y un mozo guardan la relación de doce a uno. Según los trabajadores, la presidencia de Iberia pretende una reorganización de la empresa, al margen de ellos y sin contrapartidas, y concluyen su nota asegurando que la empresa ha pedido conflicto colectivo en un acto de irresponsabilidad sin límites, que puede llevar a consecuencias imprevisibles, de las que sólo ella es culpable.

Fuentes de la compañía consultadas por EL PAÍS desmintieron la existencia de negociación alguna con los pilotos.

La comisión de los trabajadores y la empresa estuvieron reunidas hasta las cinco de la mañana del martes, sin que se llegara a ningún acuerdo; en vista de lo cual, ayer se celebraron asambleas de trabajadores en todos los centros, y en ellas se acordó continuar las medidas de presión hasta que la compañía «flexibilice» su postura.