Polémica sobre la implantación de un servicio privado de vigilantes nocturnos

La posibilidad legal o no de que el servicio de vigilantes nocturnos de Madrid, los antiguos serenos, pueda ser prestado por compañías privadas de seguridad, además de serlo directamente por el Ayuntamiento, ha creado una polémica entre la única empresa que hasta ahora quiere montar el servicio y el alcalde accidental de Madrid, señor Huete, quien niega que el Ayuntamiento pueda autorizar la prestación del servicio privado y traslada las competencias al Gobierno Civil.

Dentro del Ayuntamiento, el concejal de la junta de distrito de Retiro, Antonio Horcajo, lo considera como factible y conveniente. El Gobierno Civil, por su parte, no se ha pronunciado aún.El señor Huete manifestó a EL PAÍS el pasado martes que «la ordenanza municipal de vigilantes nocturnos no contempla la posibilidad de que una empresa privada pueda dotar de vigilantes nocturnos al Ayuntamiento de Madrid... ; esto no impide que aquellas comunidades que lo deseen puedan contratar directamente sus servicios de seguridad nocturna, pero no serían serenos, y la responsabilidad de aceptarlo o no depende exclusivamente del Gobierno Civil».

La compañía Servicio Internacional de Auxilio y Seguridad, la empresa en cuestión, puntualiza las declaraciones del señor Huete en el sentido de que el decreto sí permite esa posibilidad: el artículo seis del mismo dice textualmente: «Cuando existan compañías o entidades privadas de seguridad de las reguladas en los artículos 12 al 15 del real decreto 2.113, de 23 de julio de 1977, que presten servicios que afecten a locales de la zona respectiva, deberán participar en la prestación del servicio de vigilancia nocturna», y continúa explicitando que dicha participación se regulará mediante un convenio entre la entidad privada y el Ayuntamiento.

La contratación de los vigilantes nocturnos por el procedimiento normal se haría mediante un convenio entre el Ayuntamiento y las comunidades de vecinos que lo solicitasen, y el pago de los salarios correría a cargo de estos últimos. Lo que la empresa privada plantea es que las comunidades puedan contratar el servicio con ella, siempre con el visto bueno y la supervisión municipal.

En opinión de los directivos de la empresa, los vecinos se verían beneficiados al contratar la vigilancia de las calles con la misma, ya que los vigilantes irían en coches conectados con una central y con el 091, mientras que los serenos normales harían el recorrido a pie.

Se han hecho pruebas en algunos barrios y los resultados parecen ser satisfactorios. Los vigilantes nocturnos privados no sólo vigilan las calles y avisan a la policía si observan algo sospechoso, sino que pueden recibir llamadas de los vecinos de las comunidades a su cargo que requieran algún tipo de ayuda, como pueda ser acercar un enfermo al hospital o incluso extender una receta de urgencia, ya que el servicio se completa con un médico, situado en la central, con competencia para hacerlo.

Los vigilantes de origen privado, así como los municipales, no llevarían armas y sus funciones serían puramente de vigilancia y ayuda al ciudadano. Se sabe que algunas asociaciones de vecinos del distrito de Retiro verían la idea con buenos ojos, y parece que ya ha habido negociaciones o contactos previos con comunidades de otras zonas situadas más al extrarradio, como puedan ser Santa Eugenia o San Blas.

Por su parte, Santiago Estrada, delegado de Seguridad y Policía Municipal, ha declarado que el decreto es un tanto ambiguo al respecto y que habrá que esperar primero a que la compañía presente una petición en firme, y luego a los informes de la asesoría jurídica municipal, quienes dictaminarán si el proyecto es legalmente posible y, en caso de que lo sea, a qué organismo correspondería dar la autorización.