El Gobiemo y los sindicatos británicos extenderán su pacto social

En vísperas de la aprobación de un acuerdo a medio plazo entre el Gobierno y los sindicatos británicos, los líderes de los trabajadores desconfían de que el pacto pueda mejorar decisivamente las posibilidades electorales del primer ministro laborista, James Callaghan, ensombrecidas ya por los sondeos de opinión, que muestran escaso entusiasmo por el voto autonómico en Escocia y Gales.El documento conjunto, que se espera sea sancionado mañana en una reunión del comité ejecutivo nacional del partido gobernante y el consejo general de las TUC, fue filtrado ayer a los medios informativos, después de haber sufrido cuatro redacciones diferentes durante su acelerado proceso negociador. Si el borrador que ha llegado a los periódicos es el definitivo, el Gobierno laborista y los sindicatos se comprometen a mantener el índice de la inflación por debajo del 50% para 1982, pero no se mencionan topes salariales obligatorios para los trabajadores.

Otros puntos importantes del concordato, que es fundamentalmente un código de comportamiento sindical durante futuras negociaciones salariales, son el compromiso sobre la participación sindical en el análisis anual de la situación económica y su previsible evolución -a lo que se opone la Confederación de Empresarios- y la necesidad de llegar a un acuerdo para que los trabajadores de servicios claves para la comunidad estén suficientemente pagados, a cambio de lo cual éstos renunciarían al uso de la huelga como arma negociadora.

El optimismo gubernamental, a propósito de un documento que se considera destinado a llevar la paz al terreno laboral y alternativa viable a los planes conservadores de reforma drástica de la legislación sobre huelgas, contrasta agudamente con el escepticismo sindical. El hecho de que en este acuerdo a tres años no se incluyan soluciones concretas a las reivindicaciones en curso, hace pensar que el millón y medio de empleados de las autoridades locales, que ahora trastornan servicios esenciales, no están dispuestos a deponer su acción en favor de su equiparación económica con el sector privado.

A los problemas de un Gobierno dividido sobre la estrategia económica que ha de aplicarse para salir de la crisis laboral se une ahora, en el frente estrictamente político, la advertencia de que Escocia y Gales podrían no sancionar sus respectivos referéndums autonómicos, el próximo 10 de marzo.

El primer ministro viajó ayer a Glasgow para hacer campana en favor del sí cuando el último sondeo de opinión publicado en el Glasgow Herald muestra que decrece rápidamente el entusiasmo autonomista de los escoceses. El 45% de los votantes están ahora en favor de la idea, contra un 52% el mes pasado y un 59% en octubre último. Un muestreo similar encargado por la BBC en Gales arroja un 45% de votantes en contra de las propuestas devolucionistas y sólo un 33% a favor de una asamblea legislativa en Cardiff.

Los diputados nacionalistas sostienen ahora al primer ministro en el Parlamento. Si el Gobierno no logra afianzar su credibilidad en Escocia y Gales con la aprobación popular de la legislación autonómica su suerte estará probablemente echada.

Las intenciones actuales al día del voto muestra que sería necesaria en Escocia una participación electoral próxima al 75%, que se juzga altamente improbable, para que la legislación autonomista sea aprobada por al menos el 40% del censo, cláusula indispensable para su vía libre.