Un nuevo Concordato

Ya nos han hecho el Concordato. Quiero referirme, en un comentario de urgencia, a los artículos referidos al «acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales». Han sido inútiles nuestras quejas y razones. Con la callada por respuesta. Con el máximo respeto y la más viva firmeza debemos denunciarlo por los motivos siguientes:1. La ausencia de conciencia de responsabilidad pública, tanto por parte de los representantes de la Iglesia como del Estado en un tema que por su naturaleza interesa a todo ciudadano.

2. Refiriéndonos, concretamente, a la enseñanza de la religión, la nula, por irrelevante, consulta al profesorado de religión sobre el tema y sus posibles alternativas.

3. La libertad de conciencia resulta una triste farsa (artículo 2), en cuanto se ignora la dimensión religiosa propia de todo hombre, privilegiando, contradictoriamente, la respuesta católica. Desenfoque tan grave como peligroso. Es la dimensión religiosa la que hay obligatoriamente que garantizar, como se ha hecho con la matematización de la realidad o su análisis racional y crítico, o la dimensión estética, etcétera.

4. La fatuidad que encierra el artículo 3 es tan cruel como el correspondiente del anterior Concordato sobre el profesorado designado entre aquellas personas «que el ordinario diocesano proponga». Sencillamente, porque tal profesorado es cada vez menor; más aún, no existe una seria infraestructura que garantice un profesorado seriamente cualificado, sobre todo si tiene que atender a la voluminosa estadística del catolicismo español y sus triunfalismos.

En el caso de que se intentara algo serio en ese sentido, queremos insistir en la conveniencia de una facultad de Ciencias de la Religión, con inclusión, evidentemente, de la teología católica y demás, según la libre demanda de cada Universidad, sin permisos especiales ni privilegios. La investigación científica es un camino, sin duda, para la fe, no así el proteccionismo.

5. La interinidad permanente que se sugiere en el artículo 3 para el profesorado de religión no puede dar jamás patente de corso a la Iglesia para establecer relaciones laborales de subproletariado y explotación, como sucede hasta estos momentos. El Estado no puede inhibir sus responsabilidades. Esto es una cuestión innegociable. La Iglesia, menos.

Denunciamos que el artículo 7 pretenda encubrir una prolongada situación de injusticia, nunca reparada, que se prolonga desde hace muchos años. En todo caso es una ficción capaz de engañar a las malas conciencias. Tal situación no sólo debe ser enmendada, sino reparada. Es una cuestión a exigir tanto a la Iglesia como al Estado.