El debate sobre terrorismo

UNO DE los elementos que más se echa en falta en nuestra naciente democracia es la casi inexistencia de debates abiertos y en directo sobre las grandes cuestiones de la vida pública, y parece evidente que la Televisión tiene un papel decisivo en ese acercamiento a los ciudadanos. Ni que decir tiene que es condición para la veracidad de esos encuentros que se realicen en directo, única garantía de que las tijeras de los montadores y las repeticiones en la moviola no sirvan de maquillaje protector a los participantes. Un programa de la Segunda Cadena -La clave- ha deparado en ocasiones la oportunidad de presenciar interesantes debates en vivo sobre temas también de interés para el auditorio, como la célebre controversia sobre los errores judiciales, que le costó una sanción al fiscal Chamorro. En cambio, han sido poco frecuentes y han tenido aún peor fortuna los Cara a cara y las mesas redondas en directo con la intervención, como estrellas invitadas, de hombres públicos. El insulso y confuso debate entre los señores Abril Martorell, Camacho y Redondo de hace unas pocas semanas mostró cómo la falta de hábito, los acuerdos previos y el temor a entrar en harina pueden incluso hacer añorar aquellas inefables charlas domesticadas que se realizaban durante el franquismo.El programa especial sobre el terrorismo había despertado tanta o más expectación que el debate en el que el ministro de Economía y los líderes de CCOO y UGT decepcionaron a los espectadores. Si los problemas del paro, la inflación, la carestía de la vida y la conflictividad laboral nutren la vida cotidiana de la gran mayoría de nuestros compatriotas, la violencia de ETA, de los GRAPO y de la ultraderecha alimenta sus pesadillas nocturnas. Sin embargo, los cuatro invitados al programa frustraron la esperanza de que tan notables personalidades arrojaran alguna luz sobre esa sombría realidad. El ministro del Interior y candidato en León por UCD y el ex presidente de la Comisión de Defensa del Congreso y candidato en Guipúzcoa por el PSOE libraron una absurda y penosa batalla preelectoral a propósito de dotaciones de cartuchos, campos de tiro, parque móvil, programas docentes en la Escuela de Policía, amor a los cuerpos de seguridad, respeto a la democracia, rechazo del terrorismo y juicios sobre esa nueva variante de Ave Fénix que atiende por el nombre de comisario Conesa; batalla en la que, por lo demás, las muchas tablas, el buen entrenamiento ante los focos y una mayor confianza en su papel del señor Martín Villa le dieron una holgada victoria a los puntos sobre el señor Múgica. El presidente de la Asociación de la Prensa ofreció su pócima mágica para combatir el terrorismo, tanto más extraña cuanto que procede de los alambiques de un veterano profesional de la información: para que una cosa deje de existir hay que dejar de hablar de ella. Carrero Blanco no lo hubiera expresado mejor. Finalmente, un catedrático de Derecho Penal escalofrió a los televidentes con su concepto de la ciencia que cultiva. Que el decreto-ley de 26 de enero sea o no anticonstitucional es, al parecer, asunto de menos importancia, pues lo único pertinente es saber -como si de una lavadora se tratara- si funciona; opinión que, en labios de un jurista, es simplemente estremecedora. El señor Stampa fue presentado, por lo demás, como «árbitro» del encuentro; pero su enérgica defensa del área del Gobierno a propósito del sospechoso decreto, cuyo ámbito desborda ampliamente el campo del terrorismo para invadir zonas tan alejadas del tema como los piquetes de huelgas, dejó pocas dudas sobre su condición de jugador y sobre el equipo que lo alineaba. Si a esto se añade la presentación en forma de encuesta de una caprichosa selección de respuestas recogidas en la calle sin la menor garantía de representatividad, se comprenderá fácilmente el fracaso del debate.

Y mientras tanto quedaron fuera de las contestaciones las principales interrogantes sobre un tema que tan justificadamente preocupa a los españoles. Y muy en especial sobre la manifestación más agresiva y menos suprimible mediante procedimientos puramente policíacos de la violencia en nuestro país: el terrorismo de ETA.