La negociación de los precios agrarios

Las negociaciones para fijar los precios agrarios de campaña suelen iniciarse en la primera quincena de cada mes de febrero. Se trata de una negociación dura y difícil, en la que, además de las fuerzas representativas del campo, intervienen al menos cuatro o cinco ministerios corporativos. El marco de la negociación es el FORPPA, cuyas reminiscencias de etapas pretéritas contribuyen, en cierto modo, a enrarecer el clima negociador. Los incrementos pactados al término de las negociaciones para los productos agrarios de campaña condicionan la marcha de la economía española, sobre todo por la enorme incidencia del sector primario en la evolución del índice de precios al consumo.Este año, las negociaciones tropiezan con una dificultad adicional: el calendario político. Hasta el 1 de marzo próximo, el Gobierno de UCD no estará dispuesto a correr el riesgo de provocar un conflicto campesino que pudiera erosionar su imagen en el medio rural, donde obtiene un porcentaje nada desdeñable de votos. Tras el cómputo electoral que defina el nuevo Parlamento -sea cual sea el resultado- la perspectiva de unas elecciones municipales es probable que genere parejas actitudes en los partidos de izquierda; no en vano la convocatoria electoral del 3 de abril concita las esperanzas de PCE y PSOE, en mayor medida que las que pueda generar el plebiscito legislativo. Los dos partidos mayoritarios de la izquierda tienen conocida implantación en las organizaciones campesinas, y no parece probable que estén dispuestos a sentarse a negociar con el Gobierno, ante el riesgo de desgaste que pudiera suponerles. Si la opción vencedora es UCD, los motivos serán obvios; si el Gobierno resultante fuera socialista, los problemas serían todavía mayores para iniciar una negociación; y si se opta por la coalición, las posibilidades de que la negociación no se inicie son todavía mayores.

Aceptando la hipótesis -más que probable- de que no se negocie hasta mediados de abril, las consecuencias pueden ser muy graves. Como efecto inmediato, es fácil suponer notables tensiones en los mercados, que pueden provocar alzas espectaculares en determinados productos, sobre todo teniendo en cuenta en qué manos se encuentran monopolizados los circuitos comerciales. Ello provocaría de inmediato quebrar las previsiones de contención de la inflación del Gobierno, colocando el 10% de aumento programado para los precios en situación más utópica que la actual, si cabe.

Lo más grave de un retraso en la fijación de los precios agrarios de campana es la incertidumbre general que puede adueñarse del sector. Los agricultores programan sus cosechas a la vista de los precios de referencia. Estos precios suelen también fijarse atendiendo a los objetivos de programación de cosechas desde la Administración, de acuerdo con las necesidades previsibles.

A la vista de estas circunstancias, resulta difícil comprender los esfuerzos oficialistas por demostrar que las negociaciones se han iniciado, cuando resulta obvio que se trata de simples maniobras dilatorias. Maniobras que pueden resultar hasta peligrosas, si se tiene en cuenta la complejidad de factores que concurren en el sector agrario. La deficiente dotación del medio rural y el continuo aplazamiento de importantes cuestiones, como la de la Seguridad Social agraria, se unen ahora con la confusa situación de las organizaciones campesinas, en las que los distintos partidos de la izquierda pugnan por alcanzar posiciones de privilegio, con la mirada puesta en las elecciones municipales.

El recuerdo de la rebelión de los tractores, hace ahora dos años, desafortunadamente irresuelta por el equipo que entonces dirigía el Ministerio de Agricultura -Fernando Abril y Jaime Lamo-, es un dato objetivo a tener en cuenta.