Los profesores se oponen a los poderes ilimitados de los directores escolares

Las últimas noticias en torno al conflicto del Instituto Santamarca apuntan hacía la posibilidad de que, finalmente, sean sobreseído los expedientes. Sin embargo, ciertas actitudes de la Administración y declaraciones concretas de sus responsables en relación con este conflicto dejan entrever con toda claridad que es muy poco lo que están dispuestos a ceder los actuales dirigentes de la política educativa del país en beneficio de una más clara y decidida participación de padres, profesores y alumnos en la gestión de los centros.Los portavoces ministeriales han expresado más o menos abiertamente su intención de resucitar el extinguido cuerpo de directores escolares y han argumentado que la experiencia de los años que han seguido a su extinción ha puesto de relieve la «grave equivocación» que tal medida supuso.

En opinión del director general de Enseñanzas Medias, Raúl Vázquez, la elección del director por el claustro de los centros conlleva serios problemas, al permitir que éste se sienta fundamentalmente portavoz del profesorado ante la Administración, lo que puede plantear conflictos en el ejercicio de la autoridad necesaria para dirigir el centro.

En una información facilitada por Europa Press se señalaba que sus fuentes ministeriales consideraban importante dejar claro que «es la Administración quien elige a los directores, aunque pueda ser conveniente consultar previamente y tener en cuenta las propuestas que formule el consejo o el claustro del centro».

Referencias al modelo francés

Una y otra vez las autoridades educativas se han venido refiriendo en las últimas semanas a unas declaraciones hechas en Madrid por el ministro de Educación de Francia, con ocasión de su reciente visita a España, invitado por su colega, Iñigo Cavero.El señor Beullac, en efecto, se mostró absolutamente contrario a la idea de la autogestión de los centros educativos y con respecto al problema de la dirección declaró que ésta no es elegida en Francia por la base, sino que es nombrada por la Administración del Estado. Añadió que el poder del director se reduce con un consejo de centro, en el que los padres, profesores y alumnos pueden exponer su opinión y llegar incluso a pedir a la Administración su cambio.

Es curioso que esta sea, en definitiva, la filosofía que inspira el proyecto de convenio colectivo de la enseñanza privada, elaborado por las federaciones sindicales, y cuya negociación se encuentra interrumpida en estos momentos por la negativa de las organizaciones empresariales a entrar en la discusión de lo que ellos consideran como un intento de ir hacia la «escuela pública autogestionada».

La participación en los centros privados

Los empresarios del sector privado parecen, pues, mucho más duros que la propia Administración a la hora de plantearse el problema de la dirección de los centros, puesto que los trabajadores han dejado bien claro qué lo único que pretenden es que sea tenida en cuenta la opinión de los claustros en el nombramiento del director, si bien reivindican su elección cuando se trata de centros subvencionados al 100%.También resulta curioso y significativo el escaso eco que suscitaron en su momento otra parte importante de las declaraciones del ministro francés de Educación, realizadas en el mismo contexto del problema de la gestión de los centros. El ministro puso especial énfasis al referirse a las ayudas estatales a la enseñanza privada cuando negó toda posibilidad de que el Estado francés financie una enseñanza confesional. El señor Beullac manifestó que la característica fundamental del sistema educativo francés reside en el laicismo y la neutralidad ideológica.

Este hecho revela la escasa coherencia que supone mirar hacia el modelo francés cuando se trata de defender el «derecho a dirigir» las instituciones educativas creadas por la iniciativa privada y volver la vista en el momento de dilucidar si ese derecho a la dirección debe alcanzar también a los centros confesionales que pretenden ser sostenidos económicamente por el Estado.

Con la ambigüedad característica y, como se ha dicho, inevitable, del texto constitucional, la cuestión de la participación se contempla en el punto siete del artículo 27: «Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán eri el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.»

El proyecto de estatuto de centros docentes no universitarios, estancado como consecuencia de la disolución de las Cortes, es la única referencia válida para conocer las líneas por las que el partido del actual Gobierno desea que transcurra la gestión dernocrática de los centros.

Este proyecto, como ya recogió EL PAIS en las páginas especiales de educación del pasado 16 de septiembre, ha sido fuertemente criticado por todas las fuerzas políticas y sindicales. De su crítica se desprende fundamentalmente la escasa autonomía que pretende conferirse a los centros de EGB y de enseñanza media.

En el aspecto concreto de la dirección del centro, en el artículo 26 del mencionado proyecto se relegan a otro estatuto, el del profesorado, los requisitos para ejercer la función directiva, así como el procedimiento de «selección». Previamente, el artículo establece que el director será «nombrado» entre profesores numerarios de EGB, catedráticos numerarios de bachillerato y catedráticos numerarios de formación profesional.

La Federación de Enseñanza de CCOO ha prestado gran atención a este aspecto, que se refiere a quiénes pueden ser directores, denunciando la intención que esto supone de mantener el carácter estamental que actualmente tienen los cuerpos docentes. A este respecto señalan que la elección, única fórmula admisible, debiera recaer sobre cualquier profesor, con independencia de las categorías actuales, que en el futuro deberían desaparecer.

La misma federación de CCOO quiere ver los omnímodos poderes actuales del director, que en gran medida se mantienen, en el proyecto gubernamental, limitados a funciones gerenciales, mucho más compartidos con el jefe de estudios y sometidos al «consejo de centro» o consejo de dirección en el que, junto con director y jefe de estudios, se encontrarían representados el claustro, la asociación de padres, los alumnos y el personal no docente.

FETE-UGT, por su parte, ha expresado a EL PAIS su absoluto rechazo de una dirección impuesta desde arriba. «No creemos que se pueda plantear seriamente en una sociedad democrática y participativa la dualidad comunidad escolar-Administración como un enfrentamíento que pueda conllevar un deterioro de relaciones.»

FETE-UGT cree también que el resucitar ahora el cuerpo de directores indica que el Ministerio se ha asustado incluso de la pequeña democratización que supone el que el director pueda salir de una terna elegida por los profesores, «una mínima democratización que está haciendo que los centros funcionen mejor».

En la misma dirección se pronuncia la Unión Confederal de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza (UCSTE), que pone en relación la democracia que se ha conseguido ya en algunos centros con la formación de equipos educativos coherentes.