El Gobierno decidirá sobre las juntas generales del País Vasco

Al no existir acuerdo entre las fuerzas que integran el Consejo General Vasco -y fundamentalmente PNV y PSOE- a la hora de emitir el oportuno dictamen de posibles modificaciones, el próximo viernes el Consejo de Ministros podría aprobar dos decretos ley referidos a la composición y elección de juntas generales para Guipúzcoa y Vizcaya, por una parte, y para Alava, por otra, presentados al Gabinete por el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa. El Gobierno desea que las elecciones a representantes en las juntas generales y los comicios municipales se celebren de forma simultánea en las citadas provincias vascas.

Hace un mes, aproximadaraente, el señor Martín Villa remitió al CGV un proyecto de ley de reforma del sistema de composición y elección de juntas generales para Guipúzcoa y Vizcaya. Un texto similar referido a las juntas generales de Alava fue enviado simultáneamente a la Diputación Foral de aquella provincia.Al adoptar esta medida el Gobierno no hacía sino acogerse al derecho que le confiere el decreto ley de régimen provisional autonómico del País Vasco que, en su disposición adicional segunda, autoriza al Gobierno a reformar, antes de las elecciones municipales, el real decreto-ley de marzo de 1977 en el que se restauraban las juntas generales en lo que se refiere a composición y forma de elección de aquéllas. En el mismo texto, disposición adicional tercera, se autoriza igualmente al Gobierno a reformar las disposiciones legales reguladoras de las juntas generales de Alava y el Consejo Foral de Navarra «sobre la base -se puntualiza- del respeto a los regímenes forales vigentes».

Tanto el Consejo General Vasco como la Diputación Foral de Alava fueron invitados por el Gobierno a emitir un dictamen en torno a los dos proyectos de ley citados, en los que se prevé la adopción, a efectos electorales, de criterios de representación territorial, sobre la base de una determinada comarcalización, para cada una de las tres provincias (cuatro comarcas o circunscripciones electorales en Guipúzcoa y Vizcaya, y dieciocho en Alava).

Al conocer el proyecto referido a las juntas generales de Guipúzcoa y Vizcaya, las fuerzas que integran el Consejo General Vasco iniciaron reuniones encaminadas a adoptar una serie de acuerdos que se debían incluir en el dictamen del CGV. Fruto de las sesiones de trabajo, el pasado viernes el PNV, PSOE y Euskadiko Ezkerra firmaron, en presencia de los medios informativos vascos, un acuerdo conjunto en el que se recomendaba al CGV transmitiese al Gobierno el deseo de las tres fuerzas de que las primeras juntas generales tengan carácter provisional (hasta tanto el futuro Parlamento vasco no regule la composición y elección de unas nuevas) y se fije la creación de una comarca o circunscripción electoral única para cada una de las tres provincias.

El pasado lunes, en la última reunión del Consejo General Vasco, en la que debía redactarse definitivamente el dictamen dirigido al Gobierno, el PNV rompió el acuerdo citado, desautorizando sus consejeros la labor de los representantes del partido en aquella reunión, al afirmar que los mismos no habían sido comisionados por el partido para negociar.

Consideraban los representantes del PNV en el CGV que el acuerdo adoptado por las tres fuerzas no se ajustaba a anteriores decisiones del CGV, tendentes a lograr un equilibrio entre los criterios de representación territorial -propugnado por nacionalistas- y de representación proporcional -tesis del PSOE-. Hicieron luego los consejeros nacionalistas a las fuerzas restantes del organismo preautonómico una propuesta en la que se mantiene la provisionalidad de las primeras juntas generales, pero se varía sustancialmente la distribución de circunscripciones electorales, con respecto al acuerdo conjunto, que quedarían así fijadas en nueve comarcas para Vizcaya, siete para Guipúzcoa y diecisiete para Alava.

La nueva propuesta del PNV fue rechazada tajantemente poi el PSOE, que considera que los nacionalistas pretenden crear un mapa electoral exclusivamente a su medida, basado en la tesis de voto rural y caciquil, que favorece a UCD, CD y PNV, frente al voto de izquierdas del PSOE, Euskadiko Ezkerra y PC.

El PNV no se ha avenido a razones y se muestra intransigente manteniendo su criterio -materializado en la citada oferta por considerar que unas juntas generales que no responden a los criterios tradicionales de territorialidad no tienen ningún sentido. Los nacionalistas consideran el acuerdo inicial de las tres fuerzas del CGV más antiforalista si cabe que el propio proyecto del Gobierno.

La defensa a ultranza que peneuvistas y socialistas mantienen hoy de los criterios de representación territorial y proporcional respectivamente hace poco menos que imposible un urgente acuerdo entre ambos en este tema. Dejan, pues, vía libre para que el Consejo de Ministros apruebe los decretos-ley que no satisfacen ni a los socialistas ni a nacionalistas pero que pueden beneficiar sustancialmente a UCD, sobre todo en Alava, cuya Diputación ha enviado algunas modificaciones al texto que le envió el Gobierno, que no alteran, sin embargo, el sentido del mismo.