Doscientas denuncias contra los promotores de "Nueva Alcalá"

Un grupo numeroso de socios de la cooperativa de viviendas La Familia Española ha interpuesto cerca de doscientas denuncias relativas a las supuestas irregularidades que rodean la venta de pisos de la urbanización Nueva Alcalá, en las que se encuentran implicados la junta directiva de la cooperativa, la inmobiliaria Segunda Alvega, SA, y el Banco Industrial de Cataluña.

Los denunciantes cuentan con la asesoría jurídica de Deincisa, equipo de abogados y arquitectos que ha emitido un informe dirigido a la opinión pública explicando el desarrollo de los hechos y las conexiones personales que existen entre las tres entidades citadas.Según este informe, los socios de la cooperativa advirtieron en su día que, aunque las viviendas les habían sido entregadas en su calidad de socios, la propiedad de las mismas figuraba a nombré de la inmobiliaria Segunda Alvega, SA. Esta empresa se constituyó en 1973 por personas cercanas al Banco Industrial de Cataluña, con el objeto comercial de promoción de viviendas de protección oficial. Su primera operación consistió en la compra de terrenos, calificados como rústicos, en Alcalá de Henares, valorados en ese momento en unos 36 millones de pesetas, que se revalorizaron hasta los 220 millones cuando el suelo cambió a urbanizable.

En 1974 consigue que el Ministerio de la Vivienda incluya las 2.400 viviendas que quieren construir en el subgrupo II de protección oficial. En ese momento la inmobiliaria entra en contacto con la cooperativa La Familia Española, a la que propone entrar en el negocio como si la promotora de los pisos fuera esta segunda entidad y no la primera. La maniobra es denunciada ante el Ministerio de Trabajo por el vicepresidente de la Cooperativa y dos de los vocales.

El Ministerio de Trabajo no llegó a realizar investigación alguna, y, al contrario, los denunciantes son apartados de sus puestos. Las vacantes son ocupadas precisamente por directivos de la inmobiliaria en cuestión.

Siempre según el informe de los abogados de los cooperativistas, el propósito de la inmobiliaria sería promover la venta de los pisos a través de la cooperativa, eludiendo así los mecanismos de control de la legislación entre viviendas de protección oficial y estableciendo precios de venta superiores a los permitidos. Se calcula que de esta forma los beneficios extra obtenidos alcanzan los setecientos millones de pesetas.

La operación de venta de las viviendas por la cooperativa -entidad que en ningún momento fue su propietaria- estuvo avalada por el Banco Industrial de Cataluña, quien es accionista mayoritario en la inmobiliaria. Así, y según consta en el Registro Mercantil, el secretario de la inmobiliaria Segunda Alvega es José Boronat Domingo, que es también vicepresidente de la cooperativa La Familia Española, y funcionario de la entidad bancaria. Pablo Torriente Cruz acumula a su vez los cargos de presidente de la inmobiliaria y vicesecretario de la cooperativa. Víctor Crespo Montenegro, consejero de la empresa, es además apoderado del Banco Industrial de Cataluña en sus oficinas de Madrid. Antonio Barba Rodríguez, apoderado en la firma de escrituras de la inmobiliaria, figura como vocal de la cooperativa, y José Luis Flaguer Vidal, consejero de Segunda Alvega, SA, es también funcionario del banco.

Ante la gravedad y el confusionismo de los hechos, los socios de la cooperativa han constituido una coordinadora de presidentes de portales, que ha cursado unas doscientas denuncias ante la Delegación Provincial de la Vivienda. Existe el temor de que la acción legal de la Delegación se limite a sancionar a la inmobiliaria. Por ello, los denunciantes han solicitado el nombramiento de un instructor especial con poderes para intervenir en la entidad bancaria y en la cooperativa. Asimismo se ha pedido que la Delegación Provincial se encargue de trasladar las denuncias ante el Gobierno Civil y el Ministerio de Trabajo.