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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La manifestación contra el paro

LA MANIFESTACION celebrada ayer en Madrid contra, el paro constituye un útil recordatorio de la existencia de un grave problema social que afecta a la vida cotidiana de cientos de miles de españoles y que puede condicionar negativamente el afianzamiento del sistema democrático en nuestro país. Las situaciones de desempleo generalizado, según enseña la historia europea de entreguerras, tienden a producir fenómenos negativos de disgregación y anemia social y a crear en sectores de la población desempleada reservas disponibles para los proyectos involucionistas y autoritarios. No hay más que recordar, a este respecto, la influencia decisiva del paro en Alemania para el ascenso de Hitler al poder. A nadie debe extrañar, así pues, que la bandera del pleno empleo comience a ser enarbolada, no sólo por las centrales sindicales vinculadas a partidos que defienden el sistema democrático, sino también, con la desvergüenza habitual de toda demagogia, por los órganos de opinión y los portavoces de la ultraderecha. Y harían mal los dirigentes sindicales en infravalorar la capacidad de influencia de los grupos parafascistas sobre la población desempleada en un inmediato futuro. Como también cometerían una seria equivocación si entraran en una puja de demagogia con la ultraderecha, pues, al fin y al cabo, la opción política por la, que apuestan podría alcanzar responsabilidades de poder en una coyuntura en la que el desempleo continuara existiendo y las posibilidades reales de eliminarlo, reducirlo o frenarlo no cuadraran con las expectativas anteriormente creadas entre el electorado.No, parece necesario aclarar que el desempleo es una plaga social cuya erradicación debe figurar entre los objetivos prioritarios de una comunidad civilizada. Así pues, señalar las dificultades técnicas para la disminución o supresión del paro en modo alguno equivale a desearlo o a mostrarse indiferente ante los costos humanos que lleva consigo. Ahora bien, constituiría una irresponsabilidad simétrica afirmar que es la mala voluntad empresarial o gubernamental la responsable de una disfunción cuyas causas hay que buscarlas en los complicados y delicados mecanismos de una economía de mercado. Ciertamente, los sistemas cerrados de poder autoritario y las economías de propiedad, pública de los medios de producción y de planificación central que les sirven de infraestructura se jactan de haber eliminado formalmente el paro. Sin embargo, los enormes costos políticos y el deterioro de la productividad, eficiencia y competitividad en el mercado internacional de los llamados países socialistas sitúan en su adecuada perspectiva ese logro oficial, que esconde tras de sí situaciones de subempleo a escala colectiva y la funcionarización de los trabajadores a escala individual. En definitiva, el origen del paro -en ocasiones friccional- es la propia dinámica del proceso económico, sometido a continuos reajustes y tensiones.

Parece un hecho probado que la capacidad para generar puestos de trabajo reside fundamentalmente en la empresa privada y que las posibilidades del sector público de crear empleo- son harto reducidas, sobre todo en un país como España donde la empresa- pública ha sido, y continúa siendo, un lugar de cita para el despilfarro y la ineficiencia. Y es también evidente que el incremento de la inversión, función a su vez de las tasas de beneficios y de las expectativas empresariales, es el mecanismo que hace posible la expansión del empleo. A este respecto, parece necesario decir, aunque resulte impopular, que la enemiga de las centrales sindicales a la flexibilización de las plantillas y a la disminución de la enorme rigidez del mercado laboral español, aun resultando perfectamente comprensible como defensa a corto plazo de los intereses de la población empleada, es un obstáculo para la reabsorción del paro y puede incluso deparar perjuicios a la larga para quienes ahora disponen de empleo. Que existen contradicciones entre los intereses de los trabajadores ocupados y los intereses de los desempleados es una molesta verdad que no puede ser ignorada mediante el procedimiento de propugnar, al tiempo, medidas entre sí incompatibles. Y tampoco se resuelve el problema arrojando el fardo de su solución sobre la política económica del Gobierno. Un aumento sustancial del gasto público, aparte de su ineficacia para la creación de nuevos empleos, desataría la espiral inflacionista en el caso de que se recurriera al aumento de la oferta monetaria, o bien drenaría del mercado de capitales la financiación que la inversión privada, más eficiente para la generación de puestos de trabajo, necesita.

La única manera de paliar a corto plazo la situación de los parados, con independencia de las expectativas de un relanzamiento de la coyuntura que pueda crear nuevos puestos de trabajo, es el mejoramiento del seguro de desempleo, tanto en la asignación presupuestaria de los fondos como en su manejo y administración. Si a los desocupados no se les puede proporcionar empleo, al menos hay que garantizarles los ingresos mínimos que una sociedad civilizada debe reconocer a sus miembros. El aumento de los fondos no puede hacerse, sin embargo, mediante la máquina de fabricar billetes, ya que desencadenaría presiones inflacionistas, sino a través de una correcta reasignación del gasto público. Y en cuanto a la administración del seguro de desempleo, parecería altamente conveniente, para la moralización de su distribución y para frenar la picaresca, que las propias centrales sindicales participaran de alguna forma en la gestión. En cualquier caso, la solidaridad de la población empleada con la desempleada no debiera reducirse, a ese ejercicio de buena conciencia que significa ignorar la interdependencia de todas las variables que forman una economía de mercado y pedir retóricamente empleo Para los desocupados sin preocuparse de las mediaciones necesarias para conseguirlo. El paro es fundamentalmente una consecuencia de la falta de inversión privada y una responsabilidad, en consecuencia, de todos los factores -incluidos los temores producidos por la ofensiva terrorista, los intentos desestabilizadores de la ultraderecha, las evasiones de capital y las rigideces del marco institucional de la vida económica- que la producen. La idea de que el gasto público puede sustituir a la inversión privada como generadora de puestos de trabajo es una falaz ilusión que nadie con suficientes conocimientos del funcionamiento de la economía y con resuelta decisión de prescindir de la demagogia puede mantener.

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